La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló al Estado argentino como el responsable de la impunidad sobre el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, y el encubrimiento posterior. Se trata de una causa que impulsó la agrupación Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y podría terminar en una condena internacional contra nuestro país.
El caso arrancó en 1999, y al año siguiente el Estado argentino invitó a la CIDH para que asista el juicio oral en calidad de veedor. Finalmente, el organismo designó a Claudio Grossman, quien emitió un informe sobre ese proceso.
En 2005, se llegó a un acuerdo de entendimiento y el entonces presidente Néstor Kirchner reconoció que la Argentina había incumplido con las víctimas de la AMIA. El Estado argentino se comprometió, entonces, a realizar una serie de medidas para encauzar la investigación y castigar a los culpables y encubridores.
Cuatro después, Memoria Activa manifestó ante la CIDH que no se habían cumplido ninguno de los puntos acordados. A partir de ese momento, el organismo siguió analizando la demanda y mandó a otro veedor al juicio oral por el encubrimiento, a cargo del Tribunal Oral Federal 2.
Ante la falta de avances, y luego de una audiencia oral entre las partes que se realizó el año pasado en la ciudad de Quito (Ecuador), la Comisión Interamericana determinó ahora que la Argentina incumplió todas las recomendaciones. El organismo señaló que hubo una violación del “derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares”, así como también “el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad”.
La notificación ingresó a la Cancillería el 25 de septiembre pasado, pero recién trascendió esta semana.
En un documento de 73 páginas, el organismo internacional afirmó que “las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación que no tenían sustento y con el abandono de las que sí lo tenían, acciones que en su conjunto alejaron la posibilidad de conocer la verdad”.
“Con esta vergonzosa actuación -sostiene el informe- el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad”.
El organismo le dio un plazo de dos meses al Estado para que cumpla con seis recomendaciones puntuales como conducir la investigación sobre los autores y encubridores, reparar las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, transparentar las cuentas de los organismos de inteligencia del Estado, formar jueces y policías en el combate del terrorismo y liberar la información secreta para que jueces y fiscales avancen con la investigación. Caso contrario, el caso podría terminar con una condena internacional de la Corte Interamericana.
El proceso tramita ahora en la Comisión, en una instancia donde se analizan las acciones que llevó adelante la Argentina. Todavía el Estado y quienes reclaman pueden llegar a una solución amistosa.
A través de un comunicado, el CELS sostuvo que aún “no se ha desarmado del todo el entramado de relaciones entre sectores del poder político, los servicios de inteligencia y miembros del poder judicial que impide y resiste que avancen las causas judiciales por las que seguimos reclamando”.
“Tras veintiséis años del atentado a la AMIA, años de lucha y de búsqueda de una verdad que aún no llega, la CIDH confirmó aquello que tanto denunciamos los familiares de las víctimas: el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de los 85 muertos", arranca ese comunicado.
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