
Alberto Fernández enfrentará una semana en jaque perpetuo por el fallo que puede dictar la Corte Suprema, los resultados inmediatos de las medidas económicas que diseñó a solas Martín Guzmán y las pretensiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llega a Buenos Aires para negociar un plan de pago de los 44.000 millones de dólares que Argentina adeuda por decisión política de Donald Trump, Christina Lagarde y Mauricio Macri.
El Presidente no tuvo una buena semana.
Los dólares siguieron goteando desde la reserva del Banco Central, fue sorprendido por la resolución de la Corte abriendo el amparo vía per saltum de los jueces desplazados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y debió hacer un forzado control de daño por la posición unilateral de Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA que rechazó la investigación de la ONU que prueba la represión ilegal en Venezuela.
Alberto Fernández apoyó a Miguel Pesce en su lidia con Martín Guzmán, y aceptó el cepo forzado sobre la compra de los 200 dólares-ahorro. El titular del Banco Central prometió que obturaría el goteo, pero la fuga continuó sin prisa ni pausa. Guzmán aprovechó el fracaso del banquero oficial y avanzó en un paquete de medidas que cotejó con Cristina Fernández de Kirchner. El ministro de Economía ya aprendió que en la coalición oficialista el goleador muere al amanecer.
Unos días antes de lanzar las medidas de Guzmán, el Presidente y CFK tomaron un té en la quinta de Olivos. Ambos decidieron renovar el crédito político al catedrático de Columbia, que ya cavila acerca de sus próximos pasos políticos. En la intimidad del Palacio de Hacienda comentó que no descarta su candidatura como diputado nacional en 2021 para las listas de la provincia de Buenos Aires.
En la Casa Rosada no quedaron satisfechos con los primeros resultados de las medidas diseñadas por Guzmán. Y ya perdieron la confianza respecto a la capacidad técnica de Pesce. El Presidente no dudará en un cambio de funcionarios clave, si los dólares no aparecen, el Contado con Liqui (CCL) engorda y las reservas continúan a la baja.

Mientras tanto, Alberto Fernández hará todos los gestos políticos necesarios para respaldar a Pesce y Guzmán. En este sentido, y pese a que CFK frunció la nariz cuando se enteró, el Presidente participará (virtual) del coloquio anual de IDEA para defender las propuestas del Banco Central y el Palacio de Hacienda. Así lo acordó con Roberto Murchison, titular de IDEA, durante un encuentro dominical que protagonizaron en Olivos.
Además de monitorear la viabilidad de las medidas diseñadas por Guzmán y Pesce, el jefe de Estado prestará muchísima atención a la visita oficial del Fondo Monetario Internacional. Julia Kozak y Luis Cubeddu lideran la mínima delegación del FMI, que emprenderá 96 horas en Buenos Aires con una agenda apretadísima que incluye a Guzmán, Pesce, sindicalistas, empresarios y legisladores.
El ministro de Economía y Sergio Chodos, representante argentino en el FMI, pronosticaron una negociación muy dura que desembocará en un programa técnico con fuerte olor a ajuste económico. Alberto Fernández, Guzmán y Chodos se encargaran de desmentir que el FMI exige un plan de ajuste, pero ya se sabe que a este organismo multilateral de crédito sólo le importa cobrar sus deudas en tiempo y forma.
El Presidente asegura en Olivos que la crisis económica causada por la pandemia, el apoyo político de Francisco a la Argentina y las buenas intenciones de Kristalina Georgieva ya forzaron un cambio de paradigma institucional que suspendió de hecho los planes de ajuste redactados por la burocracia del FMI.
En Washington contradicen el voluntarismo presidencial. Donald Trump no tiene muchos incentivos políticos para apoyar a Alberto Fernández, y los negociadores del Fondo saben qué sucedió con sus antecesores que aceptaron las promesas de Macri y su ministro Nicolás Dujovne.
Será una negociación compleja, se extenderá hasta marzo de 2021 y tiene un final cantado: crédito Stand-By o de Facilidades Extendidas a cambio de un plan económico del FMI que sugerirá achicar el Estado.

El artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional establece el proceso para la designación de jueces. “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: (... nombra a) los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.
Alberto Fernández considera que los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli no tienen sus actuales cargos ajustados al artículo 99 inciso 4 de la Constitución, mientras que la Corte Suprema decidirá en 48 horas si el Presidente tuvo razón cuando ordenó a través de un decreto que debían regresar a sus antiguos puestos en los tribunales federales.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli tuvieron o tendrán un papel protagónico al momento de juzgar a CFK por causas que investigan su presunta responsabilidad en crímenes de corrupción. Bruglia y Bertuzzi confirmaron su prisión preventiva en una derivación de la causa Cuadernos, Castelli es el titular del TOF que dictará sentencia en esa caso emblemático que coloca a CFK como jefa de la organización delictiva.
Alberto Fernández sostiene que “es bochornoso” avalar la permanencia de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en sus actuales puestos, debido a que fueron nombrados por decreto de Mauricio Macri y no se trata de un traslado horizontal. Es decir: de un puesto judicial o otro puesto que pertenecen al mismo fuero y contiene idénticas funcionales legales.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli rechazan la interpretación presidencial y consideran que sus pases están ajustados a derecho -articulo 99 inciso 4 de la Constitución- y ya fueron ratificados en la acordada 7/2018 de la Corte Suprema. Desde esta perspectiva, para defender su derecho a la estabilidad, presentaron un amparo ante la Corte vía per saltum.

Alberto Fernández consideró que la Corte rechazaría las presentaciones de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Su ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, creía tener inside information del cuarto piso del Palacio de Tribunales, y así la transmitió a la planta alta de la Casa Rosada.
De Pedro estaba bien informado, pero un hecho presidencial en dos capítulos enterró las cuentas políticas: ciertos jueces del alto tribunal se irritaron por los cuestionamientos públicos de Alberto Fernández y optaron por suspender las batallas internas y mantener a la Corte Suprema sobre la línea de flotación.
Al final, la Corte aceptó por cinco a cero -unanimidad- abrir el amparo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En la mañana del martes pasado, cuando aún no era oficial la decisión de Carlos Rozenkrantz, Highton de Nolasco, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, en Balcarce 50 reconocían el error político del Presidente que unió en la adversidad a los cinco magistrados.
Ayer a la tarde, los voceros más rancios del kirchnerismo empujaron una maniobra de acción psicológica destinada a instalar que el Gobierno avalaba un pedido de juicio político contra Rozenkrantz por supuestas incompatibilidades personales en una causa que está en la Corte Suprema. Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos, aparecía firmando ese iniciativa a 48 horas de conocerse la compleja decisión del alto tribunal.
La maniobra kirchnerista, sin aval político de Olivos, duró un suspiro.
Alberto Fernández ya decidió qué hará si la Corte Suprema falla en contra de su decisión política de anular los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Es un secreto de Estado que en Gobierno pocos conocen.
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