El Gobierno bonaerense intentó este domingo llevar adelante un “operativo interministerial de asistencia” a las más de 2.000 familias que participan de la toma de tierras en Guernica pero se encontró con la resistencia de las organizaciones sociales que intervienen en el conflicto.
Concretamente, más de un centenar trabajadores de diferentes dependencias estatales intentaron llevar agua potable, comida y ropa para las familias pero no pudieron ingresar al predio. Las organizaciones prendieron fuegos gomas y exigieron que la mercadería sea depositada en el sector de ingreso para su posterior reparto.
Participaron funcionarios y trabajadores de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Justicia y Derechos Humanos; y de Seguridad; así como también por representantes de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown Florencia Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza.
“Un grupo de organizaciones lamentablemente está haciendo una utilización política del conflicto y de la necesidad que tienen miles de personas. Fue una situación bastante violenta”, aseguró el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque en una entrevista con Radio 10.
Según explicó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof, un sector vinculado al Polo Obrero, al MTR, al FOL y al Frente Darío Santillán se comportó de forma “irracional”.
Larroque insistió en la importancia de mantener los canales de diálogo abiertos dado que la Justicia ya definió como inamovible el plazo del 1 de octubre para ejecutar el desalojo.
“Uno tiene la preocupación de cómo va a terminar esto si no hay diálogo y colaboración porque las horas corren”, planteó. Y lamentó que “las exigencias que plantean (las organizaciones sociales) no tienen que ver con una posibilidad real”.
Hasta el momento, el gobierno bonaerense propuso reubicar a todas las familias “en su lugar de origen, con asistencia para que puedan subsanar la situación que los llevó a participar de la toma”.
Esta opción hasta el momento fue rechazada por las organizaciones y calificada como insuficiente. Además, consideraron que el operativo de asistencia era una estrategia para “abordar por separado a cada familia y desintegrar la unidad” de los participantes de la toma.
La toma se desarrolla desde julio pasado en un predio de unas 100 hectáreas en Guernica, partido de Presidente Perón, que fue ocupado por unas 2.500 familias.
El juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, pospuso el desalojo para el 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes.
El magistrado hizo lugar a una presentación del ministro Larroque, quien pidió que se adopte esa medida para “continuar negociando una salida sin violencia”, con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.
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