Proponen sacarles los planes sociales a los que usurpen tierras a nivel nacional

La iniciativa es de una diputada del PRO

Una de las tomas en la provincia de Buenos Aires
Una de las tomas en la provincia de Buenos Aires

La diputada nacional del PRO, Soher El Sukaria, presentó un proyecto de ley para que se suspenda el acceso a planes sociales, programas y subsidios nacionales, provinciales o municipales para aquellas personas u organizaciones sociales que usurpen terrenos privados o fiscales a nivel nacional. La iniciativa prohíbe la conexión de servicios públicos y esenciales en todos los casos en los que haya una denuncia judicial respecto de la toma de un predio, vivienda o complejo habitacional.

Según explicó la autora del proyecto, “la grave crisis social y económica que estamos atravesando tiene consecuencias gravísimas en el crecimiento del crimen y la ilegalidad, como es el caso de las tomas de tierra”. En ese sentido, agregó: “Estas situaciones no solo vulneran el derecho primordial de protección de la propiedad privada sino que, además, generan profundos conflictos sociales y habitacionales allí donde suceden”.

La iniciativa establece que quienes participen o instiguen estas usurpaciones no podrán acceder a planes, prestaciones o subsidios otorgados por el gobierno nacional, provincial o municipal, vinculados al acceso a la tierra, a la mejora o ampliación de la vivienda o la regularización dominial, quedando exceptuados todos aquellos planes, programas, prestaciones o subsidios que estén directamente vinculados con el desarrollo, protección y cuidado de la niñez y la adolescencia.

La iniciativa va en sintonía con la propuesta presentada a principios de este mes por el bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires
La iniciativa va en sintonía con la propuesta presentada a principios de este mes por el bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires

“Los legisladores nacionales no desconocemos la crisis de vivienda que está atravesando la Argentina. Con casi 60% de la población sumergida en la pobreza, el déficit habitacional se ve profundamente agravado. Sin embargo, el accionar ilegal de muchos grupos organizados para tomar terrenos no es la solución, y el gobierno no puede y ni debe convalidarlo. El Estado debe dar una respuesta a quienes necesitan una vivienda pero también debe asegurar que los derechos individuales de todos sus ciudadanos no se vean vulnerados o ultrajados”, agregó la vicepresidenta del bloque PRO de la Cámara de Diputados”, El Sukaria, vicepresidente del bloque PRO.

Entre otros detalles, el proyecto macrista prevé que el fiscal que intervenga en la causa, deberá corroborar con las empresas prestatarias que la conexión de servicios se haya realizado de acuerdo con lo establecido. De lo contrario, se deberá solicitar su desmantelamiento. “Señor Presidente, el Estado debe dar una respuesta a quienes necesitan una vivienda pero también debe asegurar que los derechos individuales de todos sus ciudadanos no se vean vulnerados o ultrajados”, expresó la legisladora. Para “poder hacer efectiva la medida en todo el territorio nacional, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente legislación”, agregó el proyecto.

La iniciativa va en sintonía con la propuesta presentada a principios de este mes por el bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires y cuyo objetivo es el mismo: que aquellos que ocupen ilegalmente un terreno no perciban ninguna ayuda estatal. Aquella iniciativa rige en el ámbito del territorio bonaerense. La de El Sukaria es más amplia y sería a nivel nacional.

Según explicó la autora del proyecto, “la grave crisis social y económica que estamos atravesando tiene consecuencias gravísimas en el crecimiento del crimen y la ilegalidad"
Según explicó la autora del proyecto, “la grave crisis social y económica que estamos atravesando tiene consecuencias gravísimas en el crecimiento del crimen y la ilegalidad"

Otra de las diferencias con la propuesta de la diputada nacional es que en el caso de la Provincia, la restricción al acceso de asistencia estatal tendrá una duración de dos años “una vez que la Autoridad de Aplicación tome conocimiento”.

“Las usurpaciones son situaciones de distinta índole que terminan generando problemas habitacionales graves que perduran en el tiempo y terminan de perjudicar también a las mismas personas que las realizan. Con independencia de la vía penal que pudiese iniciarse luego de que suceda un hecho como el que mencionamos, resulta de vital importancia que el Poder Ejecutivo Provincial tome medidas para desincentivar usurpaciones que perjudican tanto al Estado Nacional, Provincial y a los Municipios como a los privados que ven sus propiedades usurpadas”, fundamentaron los diputados provinciales.

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