Juntos por el Cambio impulsa un proyecto en la provincia de Buenos Aires para sacarles los planes sociales a los que usurpen terrenos

La toma de tierras en Villa Mascardi, Río Negro, generó un nuevo conflicto entre el oficialismo y la oposición, y se metió en la agenda en forma intempestiva. Lo que sucedió en el sur argentino también está pasando en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en algunos municipios del conurbano como La Matanza, La Plata, San Fernando, Moreno, Merlo o Presidente Perón.

En ese contexto, el bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley que establece que no podrán acceder a la prestación de programas de asistencia social provincial las personas y organizaciones sociales que participen y fomenten usurpaciones de terrenos o propiedades en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

En la oposición entienden que el gobierno nacional y el bonaerense, que conduce Axel Kicillof, no están actuando en consecuencia de lo que está sucediendo. Advierten que es innegable que las usurpaciones son planificadas y coordinas por diferentes grupos de personas que empujan a otras a sumarse a la toma.

“Dejar que haya usurpaciones no soluciona nada. Viola los derechos de propiedad de los dueños de los terrenos y deja a la gente que los ocupa en una situación precaria, sin una solución definitiva, en barrios que se desarrollan sin servicios ni planificación”, indicaron fuentes parlamentarias a Infobae.

Para Juntos por el Cambio no hay dudas de que la provincia arrastra falencias habitacionales, pero sostienen que la inacción del Estado lo convierte en cómplices y promueve inseguridad y descontrol en zonas muy calientes del conurbano. “La ausencia y abandono del Estado frente a una situación tan compleja y preocupante como ésta no puede, de ningún modo, justificarse como una necesidad habitacional”, resaltaron desde el interior del espacio legislativo.

En diálogo con este medio, el vicepresidente del bloque opositor en la Legislatura y uno de los autores del proyecto, Alex Cambell, aseguró que las tomas “no pueden ser motivo de debate” porque “la propiedad es privada o del Estado, pero tiene un dueño”.

“Es un disparate que pongan como excusa la emergencia habitacional para justificar una toma de tierras. Ninguna toma es justificable y debe tener prisión para aquellos que las llevan adelante”, sostuvo el legislador, al tiempo que resaltó que el objetivo que se traza la oposición con este proyecto es “desalentar cualquier tipo de toma e impulsar la quita de beneficios sociales para aquellos que lo hagan.

La idea que tiene unidad de criterio en el bloque es que la crisis sanitaria y económica que vive el país en este momento de pandemia no puede ser aprovechada por grupos de personas que llevan adelante la toma y tampoco pueden ser una excusa para que el Estado no tenga una respuesta eficiente frente a la grave situación.

El proyecto propone que se limiten los programas de asistencias a las personas u organizaciones que participen en las tomas, que esa restricción tenga una duración de dos años y que se cree un Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de identificar a los destinatarios de planes por parte del Poder Ejecutivo bonaerense para que puedan restringir el acceso a los que participen de las tomas.

En las últimas semanas las tomas comenzaron a generar preocupación entre los intendentes. Uno de los que la manifestó fue el peronista Juan Andreotti, que conduce el municipio de San Fernando, que pidió la intervención “urgente” de la Justicia para que se realicen desalojos de terrenos del ferrocarril que fueron usurpados.

El jefe comunal se refirió a la ocupación ilegal de tierras federales dentro del predio de Trenes Argentinos que están junto a la estación Victoria y que desde el viernes provoca que no funcione la Línea Mitre en sus ramales Retiro-Tigre y Victoria-Capilla del Señor. “No se puede avalar un acto ilegal como el que ahora estamos viendo. Nos preocupa que sigan pasando los días y que quienes deben actuar no lo hagan con la urgencia que se requiere”, indicó.

“La Justicia no puede ser pasiva ante este tipo de hechos que son ilegales y alteran el normal funcionamiento de los trenes”, sostuvo Andreotti, quien explicó que desde hace una semana “20 familias ocupan un terreno cercano a las vías del sector de maniobras que utilizan los trabajadores para el traslado de vagones”, lo que pone en riesgo vida de esas familias y la de los empleados.

El conflicto de la toma de tierras tuvo un nuevo capítulo este lunes cuando la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo que “la toma de tierras no es un tema de Seguridad”, sino que es problema generado por “el déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”. Esas declaraciones llevaron a la oposición a levantar la voz tanto en el ámbito nacional como bonaerense.

En la provincia volvieron a quedar expuestas las diferencias que hay en materia de seguridad. El ministro Sergio Berni se diferenció hoy de los dichos de Frederic. “La responsabilidad de la seguridad en Buenos Aires es del Gobierno de la provincia”, señaló, para luego enviarle un mensaje a los bonaerense: “Se pueden quedar tranquilos, que para su gobernador y su ministro los derechos sagrados inviolables son el derecho a la libertad, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada”.

“El derecho a la libertad, la vida y a la propiedad privada no se negocia, ni siquiera se ponen en duda”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense. En esa línea, aseguró que Kicillof le dio “instrucciones muy claras en defensa de los intereses de los bonaerenses, y el que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso”.

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Artículo 1°. - Limítese la prestación de Programas de asistencia provincial a personas y Organizaciones Sociales que participen y/o fomenten usurpaciones de terrenos o propiedades en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 2°. - La restricción al acceso de asistencia por parte del Estado Provincial en los casos mencionados en el art. 1, tendrá una duración de 2 (DOS) años una vez que la Autoridad de Aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión. Artículo 3°. - A los ef