14 hectáreas destrozadas, incendiadas y usurpadas: 40 familias ocupan el predio recreativo de un sindicato en Moreno

En su época de esplendor, a principios del año 2000, el centro recreativo que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) tiene en Moreno era el lugar preferido de sus afiliados para compartir un fin de semana con la familia y los amigos. Siempre había una excusa que los convocaba: un asado en el sector de los quinchos, un cumpleños en el SUM, un almuerzo en su amplio restaurante, una estadía en el camping, una jornada de disfrute en su piscina olímpica, un partido de fútbol o simplemente una tarde al aire libre para hacer uso de sus instalaciones sociales y deportivas. Pero hoy su realidad es otra: esas 14 hectáreas no solo se encuentran totalmente destrozadas sino que están ocupadas ilegalmente por más de 100 personas.

Lo único que quedó intacto es el portón principal de ingreso al predio, que está situado sobre la calle General Hornos, y la ligustrina que delimita su superficie. El resto, quedó reducido a ruinas por la acción de grupos vandálicos que planificaron esos ataques con alevosía para dejar inutilizado el lugar y proceder con la toma del terreno.

“Se trata de un proceso que se inició en 2010 con robos, destrozos, incendios que se sucedían semana tras semana. Hacíamos reformas en el centro recreativo y dos días después ingresaban y arrasaban con los trabajos de reconstrucción, que se hacían a pulmón por afiliados e incluso de vecinos de Moreno”, contó a Infobae Lidia Fagale, secretaria general de UTPBA, quien aseguró que detrás de lo sucedido “hubo complicidad política”.

A pesar de los esfuerzos realizados por el gremio para su recuperación edilicia, el complejo tuvo que cerrar sus puertas en 2016. “Quedó como tierra arrasada, sin infraestructura. Se robaron las herramientas y las maquinarias del depósito con las que se hacían las tareas de mantenimiento, las bombas y los filtros de la pileta; incendiaron el restaurante y los quinchos, destrozaron los vestuarios, desmantelaron el sector de juegos infantiles y devastaron el estacionamiento y unos 900 metros de camino con casuarinas para paseos a caballo y trekking”, detalló Fagale. “Era tal la inversión que teníamos que hacer que nos vimos obligados cerrar”, se lamentó, después de tantos años de pelearla para no tener que llegar a esa situación.

Pero lo peor aún estaba por venir y un año después de que el sindicato tomara esa decisión, ocurrió un hecho que despertó sospechas sobre un entramado político para decidir sobre el destino del lugar. “Una mañana de 2017 concurrió una mujer con cinco hombres en una camioneta para tomar las medidas del predio. Se presentó como Miryam Juárez, secretaria de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), de la delegación Moreno, y dijo que su hermana Lilian Juárez se desempeñaba en el área de catastro del municipio”, contó Fagale.

Lo que nadie sabía en ese momento era que las hermanas Juárez ya estaban siendo investigadas por estafar al Estado con el otorgamiento de licencias médicas falsas, títulos secundarios y de cursos apócrifos para porteros de escuelas públicas del distrito de Moreno.

“Myriam Juárez aseguró que UTBA no tenía el título de propiedad del complejo recreativo y que debía impuestos, algo que era totalmente falso. Después nos enteramos que ese grupo también se dedicaba a hacer maniobras fraudulentas para quedarse con terrenos truchando escrituras. Esa mujer actuó con la complicidad política del entonces intendente Walter Festa, uno de los principales referentes de La Cámpora”, aseguró la dirigente sindical.

Incluso, los vecinos le contaron que la vieron en varias oportunidades relevando el predio y tomando medidas. Advertidos por lo ocurrido, la UTBA le envió una carta al secretario general de la UPCN, Andrés Rodíguez, quien respondió que “desconocía el accionar de Juárez y que seguramente la mujer se escudaba en el gremio para actuar por su cuenta”, precisó Fagale.

Tras varios meses de tensa calma, en junio de 2019 unas 40 familias ingresaron por la fuerza al predio, lotearon la superficie de manera improvisada y montaron casillas. “Desconocemos quiénes fueron los instigadores de la toma, pero estamos convencidos de que detrás de todo esto hay mafias políticas e inmobiliarias que ahora está investigando la Justicia”, señaló la mujer.

Como entre los ocupantes hay familias necesitadas económicamente, la UTPBA nunca alentó una desocupación violenta del camping pero sí actuó en defensa de los intereses colectivos de miles de trabajadores de prensa al reclamar su restitución por la vía legal.

El juez a cargo de la causa es el doctor Gabriel Castro del Juzgado de Garantías Nº 2 de Moreno, cuyo número de proceso es IPP-19-00-016872-19. La denuncia había sido realizada en la UFI Nº 5 de la misma localidad, a cargo del doctor Emiliano Buscalia.

“Al hacer la denuncia judicial, se establecieron una cantidad de procedimientos donde intervienen distintas áreas del Estado para verificar la situación de vulnerabilidad social de los usurpadores. Pero ese proceso ni siquiera se inició y todavía estamos esperando la realización de un censo, que se realizaría recién en tres semanas”, se indignó Fagale.

En un intento de explicar las demoras en los desalojos, el doctor Buscaglia explicó que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires emitió una resolución, en abril de 2019, que “obliga a los jueces a cumplir con un nuevo protocolo que tiene medidas bastante engorrosas y que nos vino a complicar un poco el panorama”. Para el fiscal "lo más dificultoso es individualizar a las personas que participan de la toma porque muchas veces son reticentes e impiden determinar el número de adultos y cantidad de niños”.

Estas demoras en los procedimientos judiciales hizo que los grupos que están detrás de las tomas operaran con total impunidad y avanzaran sobre otras propiedades privadas. De acuerdo a la información suministrada por las nuevas autoridades del Municipio de Moreno (cuya intendenta es la kirchnerista Mariel Fernández, que se impuso en la interna a Walter Festa) a la UTPBA, en el último mes se produjeron 22 tomas simultáneas.

La proliferación de familias en situación vulnerable que deciden violar la ley para conseguir un lugar donde vivir no solamente se da en Moreno. Fiscales y jueces que investigan tomas de terrenos en La Matanza, Merlo, Berazategui, Presidente Perón y La Plata también están convencidos de que actúan con alguna protección política e investigan si La Cámpora, el Movimiento Evita o la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) instigan las tomas de tierras en el Conurbano.

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