Si algo le faltaba a la difícil relación del Gobierno con la Justicia generada por el intento de imponer una reforma judicial en medio de la crisis provocada por la pandemia por el COVID-19 es el dato de que un familiar de un funcionario dependiente de la Presidencia de la Nación se estuvo desempeñando a lo largo de este año en un lugar estratégico de la Corte Suprema de Justicia en el que puede conocer toda la información de los expedientes que lleva el máximo tribunal.
Gonzalo Ruanova se desempeñaba como Subsecretario Técnico de la Nación, segundo de la dependencia a cargo de Vilma Ibarra, desde el inicio de la gestión presidencial de Alberto Fernández. Presentó la renuncia el viernes pasado, antes de la publicación de esta nota sobre la situación laboral de su hija, aunque en su cuenta de Twitter sigue presentándose como Subsecretario Técnico de la Nación.
El pasado 31 de julio, el funcionario había publicado un mensaje en Twitter: “Nos tenemos que cuidar entre todos. Mi hija más grande dio positivo…gracias a sus compañeros de trabajo de la Corte Suprema de Justicia…”.
La publicación provocó que varios periodistas solicitaran en la Corte algún tipo de precisión sobre el tema, teniendo en cuenta que un funcionario con un vínculo tan cercano al presidente Alberto Fernández tenga una hija trabajando en el máximo tribunal.
Según las designaciones publicadas en la página web de la Corte, el 11 de diciembre de 2019 -al día siguiente de la asunción presidencial de Fernández- fue nombrada la hija de Ruanova en la mesa de entradas del máximo tribunal.
Así quedó establecido a través de la resolución 4102/2019 que en en el punto 1ro. resuelve: “Autorizar a la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a suscribir, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de mayo del año 2020″, el contrato en favor de la joven “con una categoría presupuestaria equivalente al cargo escribiente para desempeñarse en la Mesa General de Entradas del Tribunal”. De acuerdo con la escala salarial vigente a diciembre de 2019, el sueldo básico para esa categoría era de 71.392,90 pesos.
Según pudo saber Infobae y de acuerdo con lo que surge del sistema informático, la designación fue solicitada por uno de los despachos del cuarto piso del palacio de la calle Talcahuano: el del ministro Horacio Rosatti. Lo llamativo de esta circunstancia es que el cargo que ahora ocupa Ruanova no fue pedido para su vocalía sino para la Mesa de Entradas General de la Corte Suprema.
Es probable que este tema haya pasado inadvertido para los demás ministros porque es habitual que no se cuestione un contrato que pide otro juez del tribunal. Además, hay que considerar también que la fecha de la resolución, diciembre, es un mes en el que hay numerosos documentos a la firma y, normalmente, los nombres no figuran en el original que se firma, según cuentan quienes conocen cómo son estos movimientos administrativos.
Sin embargo, no hay que soslayar que esta fue una designación por demás importante: la Mesa de Entradas General es un lugar estratégico porque por allí pasa toda la información sobre los expedientes que están tramitando en la Corte Suprema. Cada empleado de esa dependencia cuenta con acceso al sistema informático de causas Lex 100 por lo que puede tomar conocimiento -ahora incluso desde sus casas ya que tienen acceso remoto- de cada uno de los expedientes que entran al Máximo Tribunal y cuál es su estado de circulación.
Este asunto ya provocó el interés y un pedido de investigación a fondo por parte de ministros de la Corte Suprema de Justicia. La cuestión no es menor ya que mientras la sociedad exige independencia del máximo tribunal el mensaje no podría ser más contradictorio: toda la información medular de la Corte Suprema pudo ser consultada hasta hace pocos días desde la casa del subsecretario técnico de la Nación, Gonzalo Ruanova, el segundo de Vilma Ibarra, la principal pluma jurídica del presidente Alberto Fernández.
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