Un grupo de científicos, intelectuales, periodistas y personalidades de la cultura pidieron hoy a través de una carta pública que el Gobierno derogue la prórroga de la Ley de Emergencia 27.541 y los decretos “limitantes de los derechos constitucionales dictados en el marco de la pandemia” y reclamaron “el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad” para que esté “ampliamente disponible para actuar cuando las personas reclamen la defensa de sus derechos básicos”.
Los impulsores del documento son, básicamente, los mismos que tres meses atrás denunciaron que se venía en la Argentina una “infectadura”, concepto que fue duramente criticado no solo por el oficialismo, sino aún dentro de Juntos por el Cambio, donde muchos dirigentes lo consideraron exagerado.
“Hoy las circunstancias evolucionaron en el sentido que menos deseábamos, pero que entonces intuíamos: en nombre de cuidar la salud de la población, el Gobierno avanzó con una agenda ajena al contexto que vivimos y disociada de la realidad. Del discurso ultracientificista de los primeros meses se pasó sin escala, pero con igual afán, a propagar relatos con imcompleta y sesgada contrastación empírica o científica y hasta con datos erróneos destinados a mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población”, expresaron los firmantes.
Los intelectuales Santiago Kovakloff, Juan José Sebreli, Jorge Sigal, Luis Alberto Romero, Darío Lopérfido, Federico Andahazi, Ricardo Lafferriere, Silvia Martínez, Roberto Cachanosky y Daniel Sabsay; Luis Brandoni, Maximiliano Guerra; los periodistas Gabriel Levinas, Ricardo Canaletti, Rosario Agostini, Lana Montalban, Eduardo Antin, Marcelo Panozzo, Luis Gasulla, Rogelio Alanzi, Sandra de la Fuente, Daniel Capalbo, Diego Dillenberger y Leonardo D’Espósito y los profesionales Aldo Isuani (Universidad de San Andrés), Lilia Puig (Universidad del Litoral), Santiago Leiras (UBA), Fernando Pedrosa (UBA), Elena Carmelich (UBA), Osvaldo Pérez Sammartino (UBA), Diego Bernardini (Universidad de Mar del Plata), Ricardo López Gottig (Universidad de Belgrano) e Ignacio Labaqui (UCA), son algunos de los firmantes.
Pero, en especial, los impulsores resaltaron el crecimiento de las firmas de profesionales del CONICET, que normalmente tienen mayores dificultades para desempeñarse en sus tareas después de aparecer en posicionamientos críticos al Gobierno. Además de la ya conocida Sandra Pitta, firmaron Darien Prado (investigador IICAR-UNR), Pedro Lamberti (UNC), Eduardo Henquin (UNL), Sebastián Linares (UNL), Julio Montero (UBA), Santiago Poggio (UBA), entre varios. También se destacan las firmas de Héctor Cavallero, Pablo Racioppi, Leandro Querido, Gabriela Saldaña, Néstor Pérez Baliño, Gustavo Segré, Claudio Bargach y Gustavo Lema.
La carta anterior fue firmada por 300 personas, el mismo número que figura en el documento conocido hoy. “Frenamos en 300 para que coincida con la anterior pero, en realidad, la primera carta tuvo el respaldo de 28.000 firmas en change.org y ahora vamos a mandar a los que se fueron sumando y se sumen a partir de ahora a esa misma aplicación”, explicó a Infobae un representante del grupo.
En el texto puntualizaron que “resulta difícil enumerar en este breve espacio todos los casos de personas que han sido encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por la Constitución Nacional”, al tiempo que advirtieron “por la escasa pericia que demuestra el Gobierno en el ámbito sanitario”.
Los firmantes también reclaman por “el retorno del Congreso a su funcionamiento normal poniendo fin a las sesiones virtuales” y “el cese inmediato de la criminalización de actividades lícitas y el acoso de fuerzas de seguridad a los ciudadanos, así como de las actitudes impúdicas de los responsables de la seguridad pública y sus peleas por espacios de poder y futuras candidaturas”.
Finalmente, expresaron que “es preciso acabar con el aprovechamiento de la cuarentena indefinida para avanzar en proyectos de impunidad personal y la concentración de poder de grupos políticos oficialistas”. “Es indispensable acabar con el uso ilegal del terror sanitario como herramienta para someter a la población”, concluyeron.
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