El Ministerio Público mantiene un operativo de varias horas para revisar teléfonos en el Instituto Vocacional Fischmann de Guatemala

El MP mantuvo este sábado un operativo de varias horas en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, de la zona 13 de Ciudad de Guatemala, para revisar dispositivos móviles por una denuncia bajo reserva que involucra a menores de edad. Entre las 18:00 y las 19:00, algunos alumnos continuaban dentro del establecimiento mientras agentes antimotines de la Policía Nacional Civil resguardaban el perímetro.

La Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal quedó a cargo de las diligencias, ordenadas a partir de un requerimiento de una jueza contralora. El Ministerio Público no divulgó el contenido de la denuncia ni precisó cuántos estudiantes permanecían en el centro educativo al finalizar la jornada del sábado.

El procedimiento comenzó durante la mañana del viernes 23 de octubre, cuando se retiraron teléfonos móviles a los alumnos al ingresar a clases. En el instituto estudian cerca de 700 alumnos, la mayoría menores de edad, según informó Prensa Libre.

La revisión de teléfonos y una causa bajo reserva

La investigación se centra oficialmente en la revisión de dispositivos móviles. Las autoridades mantienen bajo reserva las actuaciones debido a que el caso involucra a adolescentes y no confirmaron públicamente hipótesis adicionales sobre los hechos que motivaron la intervención.

Una fuente judicial consultada por Soy502 indicó que las diligencias estarían relacionadas con videos en los que aparece una supuesta menor de edad en contenido sexual. De acuerdo con esa versión, la adolescente habría negado ser la persona que figura en las imágenes y sostuvo que el material fue elaborado con inteligencia artificial.

La misma fuente señaló que la pesquisa también alcanzaría a otro adolescente de 16 años, quien presuntamente habría manifestado interés sentimental por la menor. Ninguna de esas circunstancias fue corroborada por el Ministerio Público.

También circuló una versión sobre una posible comercialización de sustancias prohibidas dentro del establecimiento, aunque esa hipótesis tampoco recibió confirmación oficial.

La falta de detalles oficiales mantuvo la incertidumbre entre los familiares, que se congregaron fuera del instituto desde el viernes. Muchos esperaban información sobre el estado de sus hijos y sobre el alcance de las diligencias judiciales.

Familiares sin información y presencia de antimotines

Los padres reclamaron que no pudieron ingresar al establecimiento para conocer lo que ocurría con los estudiantes. Una madre contó a La Hora que permanecía sin noticias de su hijo desde que había asistido a clases: “Desde la mañana que vinieron a estudiar, no sabemos nada de ellos, no nos han dado información”.

La tensión creció cuando un grupo de familiares bloqueó la salida de una camioneta tipo picop que intentaba abandonar el recinto. Los padres temían que el director del instituto se encontrara en el vehículo, que debió regresar al interior ante la presión.

Un delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos informó después que los alumnos saldrían por grupos y pidió mantener el orden para facilitar el procedimiento. Los primeros estudiantes comenzaron a reunirse con sus familiares alrededor de las 17:43 del viernes.

La salida parcial de alumnos no implicó el cierre de la intervención. Minutos más tarde llegaron unidades antimotines de la Policía Nacional Civil, una presencia que se mantuvo mientras la investigación continuaba durante el sábado.

El Ministerio de Educación pidió calma a los padres y a la población mediante un comunicado difundido en redes sociales. La cartera solicitó comprensión para facilitar las investigaciones y cumplir la orden judicial.

El Mineduc indicó que un supervisor educativo se encontraba en el lugar junto con representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esas instituciones acompañaron el procedimiento para velar por los derechos de los alumnos, mientras el ministerio aseguró que mantenía comunicación con las autoridades responsables.

La Procuraduría General de la Nación señaló que su participación se ajustaba a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que regula la protección de menores durante este tipo de actuaciones judiciales.

Durante el diálogo con los familiares, los padres preguntaron si recibirían un informe sobre lo sucedido dentro del centro educativo. El delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos explicó que podían solicitar información sobre las actuaciones de esa institución a través de los mecanismos de acceso a la información pública y requerir datos directamente a la Procuraduría General de la Nación.

El representante pidió a los familiares que, una vez reunidos con sus hijos, se retiraran del perímetro para permitir que el operativo continuara. Hasta la noche del sábado, el Ministerio Público no había emitido un reporte final sobre las diligencias ni informado el número total de estudiantes que seguían dentro del Instituto Fischmann.