El gremio de recolectores anuncia suspensión del servicio de basura en Guatemala por extorsiones y ataques

El Gremio de Recolectores de Desechos Sólidos anunció la suspensión del servicio de basura en todo el departamento de Guatemala ante las extorsiones, amenazas y ataques contra sus trabajadores.

La medida se mantendrá hasta que el Gobierno garantice condiciones de seguridad para que los camiones puedan circular sin que sus conductores y ayudantes sean atacados por estructuras criminales.

Cada unidad puede afrontar hasta cuatro cobros simultáneos, además de una exigencia adicional de fin de año que ronda los Q80 mil por camión. El gremio no confirmó la fecha de inicio del paro, aunque trabajadores del sector señalaron que podría aplicarse de manera escalonada durante la próxima semana.

La organización expresó su reclamo en un comunicado dirigido al Gobierno de Guatemala y a la población. Allí sostuvo que la situación “ha llegado a un punto insostenible”, con consecuencias tanto para la limpieza de los sectores afectados como para la vida e integridad de los empleados y sus familias.

Los recolectores condicionaron la vuelta al trabajo a la adopción de medidas concretas contra los grupos que los amenazan. También pidieron comprensión a los vecinos y afirmaron que retomarán las labores cuando existan garantías de seguridad.

Cobros múltiples sobre un mismo camión

Las exigencias provienen de grupos que se presentan bajo distintas denominaciones: “los de la carita”, “los del numeral”, “los del crimen organizado”, “los ex MS” y “los ex pandilleros”.

Los trabajadores sostienen que esas identidades corresponden a una misma red o a estructuras que utilizan nombres diferentes para aumentar los pagos exigidos a cada vehículo.

Un recolector que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad relató que un camión puede recibir entre ocho y nueve llamadas desde números distintos para reclamar dinero. El esquema comienza con una cuota de ingreso de hasta Q25 mil por unidad y continúa con pagos mensuales de Q2 mil y cargos semanales de Q1 mil.

A esas sumas se agrega un “aguinaldo” de aproximadamente Q20 mil al finalizar el año. La combinación de cobros obliga a los propietarios y trabajadores a destinar montos que, según el sector, pueden llegar a Q80 mil por unidad.

Las amenazas se producen principalmente de madrugada, cuando los camiones inician sus recorridos.

Los extorsionistas suelen interceptarlos en los trayectos hacia los vertederos autorizados, después de que descargan los residuos, de acuerdo con testimonios del sector.

La presión delictiva afecta especialmente a las zonas 1, 6, 11, 13 y 18 de la capital guatemalteca. También se registraron casos en los municipios de Mixco, Chinautla, San José Pinula y en el sector de San Cristóbal.

Secuestros exprés, incendios y rutas sin recolección

Los trabajadores denunciaron secuestros exprés contra conductores y ayudantes. Hombres en motocicletas detienen los camiones, retienen a las víctimas y las obligan a realizar transferencias bancarias inmediatas antes de permitirles continuar con la ruta.

El gremio también reportó incendios de unidades y ataques con bombas molotov contra vehículos cuyos responsables se niegan a pagar. Estas agresiones agravaron el temor entre los operadores y llevaron a la suspensión de recorridos en áreas donde los cobros se volvieron recurrentes.

En la zona 18 dejaron de recibir el servicio las colonias El Cerrito, Las Ilusiones, La Maya, Rinconcito y El Caminero. En la zona 6, la interrupción alcanzó a Proyectos, San Juan, Cipresales y Martinico, mientras que también hubo suspensiones en sectores de la zona 1, dentro del Centro Histórico.

El reemplazo de los camiones que abandonan una ruta tampoco permitió recuperar la normalidad. Las unidades enviadas para cubrir los recorridos quedan expuestas a nuevas amenazas y terminan por retirarse de las áreas afectadas.

Más de 500 unidades recolectoras trabajan en la Ciudad de Guatemala, Chinautla, Mixco y San José Pinula, según cifras citadas por trabajadores del sector. Un paro extendido a todo el departamento comprometería la disposición de desechos sólidos incluso en los lugares donde el servicio todavía se mantiene.

La extorsión contra recolectores de basura tiene antecedentes desde al menos 2017. Investigaciones periodísticas de ese año describieron un mecanismo por el que pandillas entregaban teléfonos celulares a los conductores para reclamar cuotas semanales y marcaban con un punto negro a los camiones que cumplían con los pagos.

El Ministerio Público atribuye este tipo de delito principalmente a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, además de grupos que se hacen pasar por integrantes de esas organizaciones para exigir dinero.

La Policía Nacional Civil registró 8.672 denuncias por extorsión en todo el país durante 2018, una cifra que, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, mantuvo una tendencia ascendente en los años posteriores.

En agosto, autoridades de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras anunciaron la Operación Escudo Regional. El operativo incluyó 80 allanamientos y 40 arrestos de presuntos integrantes de Calle 18 y MS-13 en Guatemala vinculados con extorsiones contra empresas de transporte.

De acuerdo con medios locales en Guatemala, el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, informó que la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas mantiene investigaciones y contactos con el sector para reforzar la seguridad en los puntos más expuestos.

Sin embargo, trabajadores consultados aseguraron que no conocen mesas formales de diálogo ni avances concretos para identificar a los responsables de los cobros ilegales.