El kirchnerismo sumó casi 500 cargos en la reforma judicial minutos antes de la votación

A último momento se crearon diez juzgados federales y varias fiscalías de primera instancia. También se agregaron cuatro salas en el interior y decenas de cargos de fiscales y defensores. El proyecto original contemplaba 279 cargos y ahora ya suman 1.387

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La extensa lista de cambios y creaciones de cargos en el proyecto de la reforma judicial que provocó la queja de la oposición

Otra vez el kirchnerismo lo hizo. El proyecto original de reforma judicial había sumado casi 600 cargos nuevos cuando tuvo dictamen en el plenario de comisiones y anoche se agregaron casi 500 cargos más, según un recuento que hizo Infobae con técnicos de la oposición que ahora evalúan el impacto económico. Sin dar explicaciones, se sumaron diez juzgados federales: 4 en la provincia de Buenos Aires, dos en Corrientes, 1 en Santa Fe y 3 en Chaco. También se agregaron fiscalías de primera instancia en el interior del país, cuatro salas en General Roca, La Pampa, La Rioja y La Matanza, y 13 nuevas secretarías en materia de protección de los consumidores y usuarios, del medio ambiente y de procesos colectivos, entre otras cosas. Los agregados, a último momento, motivaron un profundo malestar en la bancada de Juntos por el Cambio, que criticó abiertamente la jugada del bloque oficialista.

¿Cuáles son los últimos cargos?

En primer lugar, se sumaron 4 nuevas salas (General Roca, La Rioja, La Pampa y La Matanza) a las 9 que ya se habían incorporado en el dictamen de comisión. Ahora son 13 salas/cámaras, de tres jueces cada una, que no estaban en el proyecto original del Poder Ejecutivo. Además se modificó el artículo 60 para que todas las salas reciban una estructura de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, dejando a Mar del Plata en igualdad de condiciones (no había recibido esa estructura en el dictamen).

Toda esa estructura implica la creación de 63 nuevos cargos de magistrados de cámara (39 jueces, 12 fiscales y 12 defensores) y al menos 288 cargos de funcionarios y empleados.

Anoche también se agregaron 10 juzgados federales en el interior del país (ahora denominados “juzgados federales de Garantías”) que aparecen intercalados en el Anexo II del proyecto: 2 en Tigre, 1 en Pilar (para los partidos de Pilar y Exaltación de la Cruz), 1 en Tapiales (La Matanza); 1 en Reconquista (Santa Fe), 3 en Chaco, y 1 para Goya (Corrientes) y 1 para Paso de los Libres (Corrientes). Así, el número total de juzgados en el interior pasó de 63 a 73 (originalmente eran 94). “La mayoría de esos juzgados no tienen explicación lógica, solo se explican para sumar voluntades en Diputados”, dijo una fuente de la oposición que analiza en detalle las modificaciones.

Tal como venían reclamando los expertos, se sumaron fiscalías y defensorías para actuar ante los juzgados en el interior. Las fiscalías pasaron de 78 a 91 y las defensorías de 43 a 52. Nuevamente se sumaron cargos en todas las instancias.

Todos los cambios fueron informados al final de la sesión. La senadora María de los Ángeles Sacnun, que presidió el plenario de comisiones en la Cámara alta, hizo un monólogo durante 15 minutos para anunciar los cambios.

El proyecto votado en el Senado suma además 13 nuevas secretarías en materia de protección de los consumidores y usuarios, del medio ambiente y de procesos colectivos, previstos en el artículo 71 modificado en el recinto. Esto implicaría 182 nuevos cargos de funcionarios y empleados.

A último momento se crearon diez juzgados federales y varias fiscalías de primera instancia. También se agregaron cuatro salas en el interior y decenas de cargos de fiscales y defensores. El proyecto original contemplaba 279 cargos y ahora ya suman 1387.

Según los primeros cálculos, el proyecto aprobado crea 1.387 nuevos cargos: 361 de magistrados y 1.026 de funcionarios y empleados. Son 479 cargos más de los que había contemplado el dictamen de comisión, que ya había agregado de un plumazo casi 600 cargos.

Los cambios tendrán un impacto económico evidente. Hasta ahora, se estimaba unos $2.400 millones anuales para sueldos, $2.400 millones en infraestructura edilicia y unos $1.150 millones en infraestructura tecnológica. Según esos datos, el costo de la reforma trepaba hasta ahora a la cifra de $6.000 millones, casi el doble del proyecto original.

En menos de un mes, se pasó de los 279 cargos previstos en el proyecto del Ejecutivo a 1.387, solo con agregados en las provincias.

En la Ciudad de Buenos Aires, la estructura sigue inalterable tal como estaba prevista en el proyecto original: un total de 77 cargos nuevos de magistrados (jueces, fiscales y defensores).

“El presidente Alberto Fernández creaba con su proyecto de reforma judicial 279 cargos. El oficialismo lo modificó y pasaron a ser 908, tras la negociación para conseguir los votos que necesitan en Diputados. Y minutos antes de la votación de hoy llegaron a más de 1.000 cargos”, se quejó anoche la senadora Rodríguez Machado.

Con 40 votos a favor y 26 en contra, el kirchnerismo logró darle sanción al proyecto en el Senado y ahora pasará a la Cámara baja, donde se prevé un escenario más difícil para el oficialismo. Se esperan largas jornadas de debate y negociación.

Otros cambios

A última hora, el senador Oscar Parrilli sorprendió quitando un inciso del artículo 72 que apuntaba a los medios de comunicación. El ex titular de la AFI dijo que “cumplió su objetivo” y tras acusar a la oposición de ser “títeres de los medios de comunicación” aseguró que Juntos por el Cambio “se tragó el anzuelo, la línea y la caña; la discusión está y se hizo”. En el dictamen de comisión se establecía un mecanismo arbitrario de denuncia ante el Consejo de la Magistratura que atentaba contra la libertad de prensa.

Además se mantuvo el examen escrito en los concursos de selección y las audiencias públicas. Ahora los sorteos de causas deben ser grabados bajo apercibimiento de nulidad. También se decidió la no unificación del fuero civil y comercial con el contencioso administrativo federal (en cambio se crea un tribunal de resolución de los conflictos de competencia entre esos dos fueros), y se mantiene la exclusividad de las secretarías con competencia en derechos humanos así como a su personal para garantizar “memoria, verdad y justicia”.