Alberto Fernández podría marcar límites por primera vez a la influencia de Cristina Kirchner durante el debate de la reforma judicial en Diputados

Alberto Fernández y Sergio Massa sabían que iba a suceder: Cristina Fernández de Kirchner desplegando su poder real en el Senado, y ellos frenando su voracidad política en Diputados. Esa especulación propia e interna del Presidente y el titular de la Cámara baja podría convertirse en realidad con la Reforma Judicial, que ya no es la iniciativa presidencial que se redactó en Olivos y se anunció con pompa y circunstancia en la Casa Rosada.

Cristina Fernández de Kirchner se apropió del texto enviado desde Balcarce 50 y dejó hacer a sus habituales voceros de la Cámara alta. Los senadores Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y María de los Ángeles Sacnun –los tres con cargos claves en la nomenclatura parlamentaria– se movieron a discreción y jamás hicieron consultas de fondo a Marcela Losardo, ministra de Justicia y coautora del proyecto oficial.

Alberto Fernández y Losardo se enteraron tarde de la inclusión de la Enmienda Parrilli para censurar a los medios de comunicación y muy tarde de la innumerable cantidad de cargos que se agregaron a la Reforma Judicial minutos antes de su media sanción en el Senado.

Sin autorización expresa de Olivos, entre gallos y medianoche, la senadora Sacnun –titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales– anunció la reforma CFK adentro de la Reforma Judicial del Presidente. Sólo Cristina Fernández, Parrilli, Fernández Sagasti y Sacnun tenían el detalle final de los cargos judiciales que se repartirán con sentido federal.

Losardo se mueve con diplomacia política, y ayer dejó claro a Fernández Sagasti, Sacnun y Parrilli que no avalaba la multiplicación de puestos en la Justicia federal: envió al Senado el presupuesto para la Reforma Judicial, y era exactamente la mitad de los millones de pesos que se estaban previendo en los principales despachos kirchneristas de la Cámara alta.

El presupuesto oficial remitido por Losardo ni siquiera fue evaluado en la sesión de ayer, y se transformó en papel picado cuando Cristina Fernández avaló la lista de futuros nombramientos que cerró Sacnun sin consultar a la cartera de Justicia.

A su pesar, y ante el pedido explícito que llegó desde Olivos, la vicepresidente abrió la mano con respecto a la Enmienda Parrilli, que era una norma expresa contra los medios de comunicación. Parrilli, habitual vocero de CFK, se resistió hasta último momento. Y después trató de explicar como pudo su derrota interna, en una batalla por la imposición del lawfare que aún no terminó.

En este contexto político, llegó la media sanción de la Reforma Judicial a Diputados. Sergio Massa cree que es un esperpento jurídico y tiene la autorización presidencial para erradicar ciertas modificaciones impuestas por CFK en el Senado. Massa se tomará unos días para tener su propia hoja de ruta, acordar los términos del futuro dictamen con Alberto Fernández y Losardo, y por último avanzar en un acuerdo parlamentario con la oposición.

La intención presidencial es lograr un pacto político que inicie en Diputados y luego derive en un acuerdo amplio que vincule al Frente de Todos con Juntos por el Cambio. Desde esta perspectiva, no se trata únicamente de salvar la Reforma Judicial, sumar los votos en el recinto y forzar una sanción definitiva en la Cámara alta.

La idea es un programa común, a largo plazo, que sirva para salir de la crisis económica post COVID-19, aprobar un presupuesto 2021 sin demoras y exhibir un frente interno unido ante las futuras exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Alberto Fernández persigue esta idea junto a su necesidad de acotar los márgenes de maniobra políticos de la vicepresidente. No cayó bien en Olivos que planteara que la Reforma Judicial no era su reforma judicial y que se agregaran cientos de cargos sin consultar. Esos movimientos de CFK –reconocen en Balcarce 50– liman a Alberto Fernández y su programa de gobierno.

El plan Alberto Fernández-Massa es fácil de explicar y muy difícil de ejecutar. Se trata de recuperar el espíritu de la Reforma Judicial en su versión oficial, incluir cambios acordados con la oposición, aprobarla con un número superlativo en el recinto de sesiones (más de 200 diputados), remitirla al Senado y que Cristina Fernández acepte que perdió ante el Presidente y el titular de la Cámara baja.

Si esta hoja de ruta es impracticable, la Reforma Judicial será enterrada en Diputados. Ya lo asumieron Alberto Fernández, la ministra Losardo y Massa.

En cambio, si prospera la negociación con los bloques opositores y todo resulta acorde a las expectativas de Olivos, es posible que la sanción del proyecto oficial abra una instancia para avanzar en un pacto político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Este es el objetivo final de Alberto Fernández, Massa, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Carrió. Se trata de contener a Cristina Fernández de Kirchner, aplacar la ira de Mauricio Macri –que está muy enojado con el Presidente–, sumar a Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich, y evitar que la crisis económica post COVID-19 provoque un temblor institucional con la clase política dividida.

La prueba piloto es la Reforma Judicial. Y si no hay resultados, se insistirá en el Presupuesto Nacional 2021. Alberto Fernández, Massa y Rodríguez Larreta reconocen que la resistencia está en los bordes de cada ecosistema político, y que tomará mucho tiempo unir a las fuerzas partidarias en el centro del escenario.