Aislaron e incomunicaron a dos presos por un supuesto plan contra Laura Fernández en Costa Rica

El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica confirmó, según Noticias Trivisión, que recibió un reporte sobre un supuesto plan para atentar contra la presidenta Laura Fernández, un hecho que coincide con la primera semana de operación de la nueva Fuerza Élite y con un discurso de la mandataria sobre la persistencia de estructuras criminales que siguen actuando desde prisión.

La respuesta operativa ya se ejecutó: dos privados de libertad identificados en un documento penitenciario como supuestos líderes del grupo criminal Los Lara fueron aislados e incomunicados desde la semana anterior, según la investigación de Noticias Trivisión. Ambos ya estaban recluidos en el ámbito de máxima seguridad, pero fueron trasladados a una celda de alta contención con un perfil de resguardo superior.

El oficio, de acuerdo con Noticias Trivisión, fue enviado el viernes 29 de mayo. La orden fue girada por el director del centro penitenciario Luis Carlos Mora en presencia del intendente de la Policía Penitenciaria Alfonso Abarca Quirós.

El documento citado por Noticias Trivisión consigna: “Se recibe información de fuente oficial, la cual indica que presuntamente los cabecillas de la agrupación criminal Los Lara, que se encuentran detenidos en el ámbito de máxima seguridad, estarían planeando un atentado contra la señora presidente de la República, doña Laura Fernández”. El mismo texto agrega que una fuente confidencial habría escuchado a esos sujetos planear el atentado y que por ese motivo se emitió la orden.

El Ministerio de Justicia y Paz dijo a Noticias Trivisión que no hará comentarios adicionales porque el asunto está vinculado con seguridad, inteligencia y posibles investigaciones en curso. La cartera tampoco confirmó ante ese medio la amenaza como un hecho acreditado, aunque sí reconoció haber recibido el reporte.

El supuesto plan apareció en la misma semana en que Fernández citó a Los Lara como ejemplo de criminalidad desde prisión

La propia Laura Fernández había mencionado a esa estructura durante la primera reunión de la Fuerza Élite, según un archivo difundido por Noticias Trivisión. Allí sostuvo que en San José se habían observado movimientos de bandas como Los Lara en barrios y asentamientos donde luego ocurrían balaceras y asesinatos.

En esa intervención, Fernández afirmó que tres cabecillas de esa banda estaban presos en La Reforma y seguían operando. “La única diferencia con Los Lara, esos tres que están en la Reforma y los que siguen perteneciendo a la banda, que están afuera, es que los que están presos los mantiene el pueblo de Costa Rica”, dijo la presidenta en declaraciones de archivo emitidas por Noticias Trivisión.

La mandataria añadió que desde la cárcel “siguen operando en la banda” y presentó ese caso como prueba de que el sistema ha fallado en desarticular al crimen organizado, según el mismo archivo. También defendió la necesidad de una cárcel de máxima contención y de reformas legales para frenar el contacto de esos reclusos con sus redes externas.

El dato central es este: según Noticias Trivisión, las autoridades penitenciarias ya adoptaron una medida cautelar concreta contra dos reclusos señalados en un informe interno como supuestos responsables de planear un atentado contra la presidenta. La acción consistió en su aislamiento e incomunicación dentro del sistema carcelario.

Un abogado consultado habló de penas de 6 meses a 35 años según la figura penal aplicable

El abogado Fabián Silva dijo a Noticias Trivisión que, si las pesquisas del Ministerio de Justicia y de la inteligencia nacional justifican el riesgo, la incomunicación de los reclusos busca impedir cualquier acción orientada a organizar, financiar o materializar un magnicidio. También sostuvo que el caso no puede ser pasado por alto por el impacto institucional de una amenaza de esa naturaleza.

Consultado por las consecuencias penales, Silva dijo a Noticias Trivisión que una posible figura sería la de amenazas contra funcionarios públicos, con penas de 6 meses a 2 años. Agregó que, si se acreditara la organización, planificación o ejecución de la muerte de un funcionario de los supremos poderes, la condena podría ir de 20 a 35 años de prisión.

Silva también planteó que el Poder Judicial y el Ejecutivo deberían coordinarse para abrir un proceso penal contra quienes estén organizando una acción dirigida a eliminar a un funcionario público de alto nivel. En su intervención, además, vinculó el contexto de riesgo no solo al crimen organizado, sino también a discursos de odio provenientes de la oposición, una valoración expresada por él al medio Noticias Trivisión.

Según Noticias Trivisión, la supuesta amenaza sería la primera de este tipo que enfrenta Fernández al cumplir 25 días en el cargo. El canal informó que aún esperaba reacciones adicionales de la Presidencia de la República sobre el caso.