Los diputados oficialistas no lograron consensuar el proyecto sobre teletrabajo, pero emitirán dictamen para convertirlo en ley en la próxima sesión

Aunque no lograron el suficiente consenso para unificar los 14 proyectos sobre regulación del teletrabajo, los diputados del Frente de Todos emitirán esta tarde un dictamen de mayoría con disidencias que les permitirá debatir la iniciativa en la próxima sesión virtual de la Cámara baja, que podría realizarse este jueves.

La Comisión de Legislación del Trabajo, que preside Vanesa Siley, estuvo discutiendo hasta anoche para llegar con un texto unificado para la reunión que mantendrá hoy, a las 15, aunque las negociaciones se trabaron en dos puntos que pedía la oposición y a los que se negaron los legisladores oficialistas: la incorporación de medidas de incentivo para que las pymes puedan instrumentar el teletrabajo sin mayores costos y un cambio en la redacción del artículo que establece la reversibilidad, es decir, la posibilidad de que un teletrabajador pueda volver a cumplir tareas de manera presencial.

En la última reunión informativa de esa comisión legislativa, el lunes pasado, dos entidades empresariales plantearon específicamente las dificultades que podrían tener las pymes para aplicar el teletrabajo en caso de aprobarse la ley, cuestión que fue respaldada por las diputadas Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Dolores Martínez, de la UCR.

El coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Esteban Mancuso, recordó que el 90% de las empresas del país son pymes y que “les resultará cuesta arriba” aplicar el teletrabajo si implica más gastos para el empleador, mientras que el titular de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), Leo Bilanski, dijo que, según una encuesta realizada por esa entidad, “el 60% de las pymes no podrán afrontar mayores costos por el teletrabajo” y advirtió que “no puede haber una legislación genérica” porque “no es lo mismo empresa una de 10 trabajadores que una de más de 200″.

“Queremos certezas, no una ley confusa, y la promoción para que las pymes no queden fuera de esta posibilidad de aplicar el teletrabajo”, afirmó Frade a Infobae. Sin embargo, el oficialismo se opuso anoche a incorporar en el proyecto un artículo que aliviara a las pequeñas y medianas empresas. Y también rechazó el pedido efectuado por la oposición de que se aclarara el artículo referido a la reversibilidad porque, tal como está redactado, faculta solamente al trabajador a revocar su consentimiento para hacer teletrabajo, lo cual, según especialistas en Derecho Laboral, viola los artículos 64 y 64 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le otorgan al empleador la facultad de organización y dirección de la empresa.

El principio de reversibilidad está incluido en el Manual de Buenas Prácticas del Teletrabajo que elaboró la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2011, aunque se lo reconoce “tanto si lo solicita el teletrabajador como la empresa”, a la vez que allí se establece que “el derecho a regresar a la actividad presencial es un derecho de ambas partes”.

Sobre este polémico artículo del proyecto, Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, había advertido a este medio que “es absolutamente irrazonable que el trabajador pueda, por su exclusiva voluntad, revertir el contrato para dejar el home office y convertirlo en presencial porque eso implica que toda la logística debería adaptarse simplemente a la voluntad del trabajador”. “Con esto, lo que va a desaparecer es el teletrabajo”, consideró.

El oficialismo sí consiguió el respaldo opositor para otros contenidos del proyecto de ley, como el derecho de los trabajadores a la desconexión digital y el derecho de pautar horarios compatibles para quienes tengan que cuidar a menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores dependientes.

También figura la obligación por parte de las empresas de brindar el equipamiento (hardware y software), las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el trabajo a distancia, mientras que la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo “operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y quedará exenta del Impuesto a las Ganancias.

El proyecto contempla que los teletrabajadores gozarán de “los mismos derechos y obligaciones” que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y garantizará la protección de los datos personales de los empleados.

Otro punto controvertido de la iniciativa es el que establece que “los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio”.

Además de la CAC y la ENAC, en la reunión informativa del lunes pasado también cuestionaron distintos aspectos del proyecto sobre teletrabajo otras entidades empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

La semana pasada, en otro encuentro informativo con diputados de la comisión, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, respaldó la sanción de una ley para regular el teletrabajo, al que calificó como un “fenómeno irreversible” y cuya “regulación es necesaria” para “no alterar derechos básicos del trabajador”. Señaló que es partidario de una norma que permita que “la habilitación y la letra chica” de esta modalidad laboral “sean discutidas en los convenios colectivos”.

En otra reunión con los legisladores, las tres centrales obreras respaldaron la sanción de una ley para regular el teletrabajo, aunque dos de ellas, la CGT y la CTA Autónoma, consideraron que deberá garantizarse que las características de esta modalidad laboral en cada actividad puedan ser discutidas por los sindicatos dentro de las convenciones colectivas.

Seguí leyendo: