La Justicia de Uruguay otorgó el pedido de extradición a Sebastián Romero, el militante de izquierda que se hizo conocido por disparar con una especie de mortero casero contra la policía en diciembre de 2017, durante los enfrentamientos por la reforma previsional en el Congreso de la Nación, según informaron fuentes partidarias a Infobae.
Romero es militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) y había escapado fuera del país. Fue detenido a fines de mayo en Uruguay, en la ciudad de Chuy, en la frontera con Brasil, tras una investigación de Interpol y la Policía Federal. Estuvo dos años prófugo con pedido de captura internacional por una causa por “intimidación pública” impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.
Conocido popularmente como “el gordo del mortero”, Romero fue inmortalizado por el fotógrafo de Infobae Nicolás Stulberg. Su imagen se convirtió en un ícono de las redes sociales y fue uno de los blancos predilectos de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya cartera solicitó una circular roja a Interpol para su detención y ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien aportara datos que esclarecieran su paradero.
“Informamos a todas y todos que en la mañana de hoy la Justicia uruguaya dispuso la extradición de Sebastián Romero, luchador social argentino recluido en Uruguay por solicitud del Ministerio del Interior del gobierno represivo y antipopular de Mauricio Macri”, anunció un comunicado de la organización Crysol, que representa a ex presos políticos de Uruguay, y que ayer visitó en prisión al dirigente del PSTU.
Romero tuvo una audiencia judicial durante esta mañana con el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal 32 de Montevideo, a cargo de Patricia Rodríguez, donde el acusado iba a tener la posibilidad de allanarse y consentir que lo extraditaran. Romero permanecía detenido en el penal de Libertad, en el departamento uruguayo de San José.
El referente partidario y ex delegado de la empresa General Motors permaneció incomunicado con su familia luego de haber sido detenido, pero recibió un “muy buen trato por parte de los funcionarios del penal”, informó la delegación de Crysol que lo visitó.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral había solicitado el pedido de extradición a Cancillería, a través de un oficio para que gestione el traslado a Sebastián Romero. El trámite, si bien no tiene plazos establecidos, fue resuelto en apenas pocas semanas. Una vez que se efectúe el traslado, Romero deberá comparecer en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, para ser indagado por Canicoba Corral por Alejandra Mangano, la fiscal del caso.
Romero, de 35 años, está acusado de los delitos de intimidación pública y “atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí”. Quedó involucrado en una causa que fue tramitada por el juez Sergio Torres, cuya investigación tuvo 69 detenidos, de los cuales 58 fueron sobreseídos por irregularidades y deficiencias en la aprehensión de los acusados.
En ese expediente está otro compañero de Romero y militante del PSTU: Daniel Ruiz, de 40 años, quien también disparó con pirotecnia contra las fuerzas de seguridad mientras en la Cámara de Diputados se sesionaba para aprobar la reforma jubilatoria. Estuvo detenido por 13 meses.
En noviembre de 2019, casi dos años después de su fuga, Sebastián Romero puso fin al silencio e hizo público un mensaje en redes sociales, donde se definió “perseguido político del gobierno de Macri” y se mostró afín a las movilizaciones en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera. “Desde el PSTU exigimos al Gobierno Nacional la inmediata extradición de nuestro compañero, seguida de su libertad inmediata”, señalaron desde el PSTU ante la novedad judicial.
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