La Justicia busca determinar si la AFI o el Ministerio de Seguridad compraron durante el gobierno de Mauricio Macri equipos para intervenir mails o mensajes instantáneos

Así lo ordenó el juez Martínez De Giorgi, en la causa que inició la interventora Cristina Caamaño tras la aparición de un disco rígido

Cristina Caamaño, interventora de la AFI
Cristina Caamaño, interventora de la AFI

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al Ministerio de Seguridad que informen si durante la gestión macrista, en el ámbito de los espías, y de Patricia Bullrich, en la cartera que controla el delito, se compraron equipos de “intercepción” de mails y mensajería instantánea.

Según el oficio al que accedió Infobae, Martinez De Giorgi envió el oficio el pasado 12 de junio al Ministerio de Seguridad y a la AFI. Allí se solicita que se informen si esas reparticiones compraron “equipamiento para interceptar comunicaciones electrónicas”. Y “en caso positivo", dice el magistrado, "se requiere se especifique si han expedido certificaciones de usuarios habilitados para su uso”.

El escrito fue girado a la ministra de Seguridad Sabina Frederic y a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Este martes el Gobierno prorrogó por decreto por 180 días la intervención en la repartición de espías, aunque el presidente Alberto Fernández quiere que Caamaño se quede al frente de la central de inteligencia.

En la causa se investiga el hallazgo de un disco rígido en la AFI con rastros de e-mails interceptados de dirigentes políticos y periodistas. La denuncia la hizo la propia Caamaño.

En la lista de mails aparecen integrantes del macrismo como Laura Alonso, Mario Negri, Nicolás Massot, Ángel Rozas y Ernesto Sanz y dirigentes de la oposición de entonces como Gabriela Cerruti, Martín Sabatella, Marcos Cleri, Carlos Castagnetto, Ricardo Forster, Rodolfo Tailhade y Omar Perotti. También figuran la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el legislador Carlos Tomada, Ofelia Cedola, ex funcionaria kirchnerista, el dirigente gremial Héctor Daer, el senador Alberto Weretilneck, la ex senadora Silvia Rojkes de Alperovich, y el ex jefe de Policía Bonaerense Hugo Matzkin, entre otros.

En la causa, el fiscal Jorge Di Lello imputó al ex presidente Mauricio Macri y los responsables de la AFI durante su gestión: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. También el jefe de Gabinete de la AFI, Darío Biorci, que era cuñado de Majdalani y dos espías que tuvieron contacto con ese disco rígido. En su denuncia, Caamaño había reclamado la indagatoria de todos. A Macri lo imputa por ser el “el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.

El juez ordenó las primeras medidas en el expediente. Entre ellas la realización de un peritaje sobre el disco externo hallado en la AFI a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), la oficina que tiene a su cargo las escuchas telefónicas ordenadas por las autoridades judiciales. Allí el juez encomendó a la DAJUDECO realizar una copia espejo del disco y luego recuperar toda información almacenada en el disco rígido acompañado y que podría haber sido defectuosamente eliminada y determinar las fechas de tal/es evento/s.

Sin embargo, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, uno de los querellantes, se presentó ante el juzgado para pedir que la DAJUDECO no intervenga en la causa y que los peritajes los haga la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende del Ministerio Público Fiscal.

Martínez De Giorgi también solicitó entre la prueba los legajos completos de los agentes identificados como “A” y “B”, que tuvieron relación con el disco rígido, así como “una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019”. Además, requirió un “diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019” y “todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”, toda vez que se sospecha que el espionaje fue realizado sin ninguna orden judicial. También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado “para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”.


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