En medio de la pandemia por el coronavirus y de la crisis económica, la Corte Suprema tratará hoy temas de escasa trascendencia

Para Domicio Ulpiano, considerado uno de los más grandes jurisconsultos del Derecho Romano, “la Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”. Hoy la genuina y legítima aspiración de acceder a ese valor llamado Justicia -si bien no está vedada- cuanto menos está muy limitada.

En medio de una situación inédita provocada por la pandemia por el COVID-19 que llevó al Gobierno a ordenar un confinamiento que superará los 100 días con gravísimas consecuencias sociales y económicas; en la antesala de la peor crisis internacional en casi 100 años; mientras parte de la sociedad reacciona ante el avance del Gobierno con la intervención y expropiación de la empresa Vicentin; cuando se registra un temblor institucional que afecta a los tres poderes de la república producto de la investigación de las escuchas ilegales durante la administración de Mauricio Macri; la Corte Suprema se apresta a tratar este jueves una agenda que nada tiene que ver con los asuntos que hoy urgen a los ciudadanos del país.

Entre otros temas, y según pudo saber Infobae, en la reunión de acuerdos los jueces del máximo tribunal del país decidieron prestarle su tiempo a cinco expedientes por regulación de honorarios, una serie de reclamos laborales, un par por reajustes jubilatorios y algunos planteos contra la AFIP. De acuerdo con lo que pudo averiguar este medio, la mayoría de los expedientes se resolverán por la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece que la Corte podrá rechazar cualquier recurso “con la sola invocación de esta norma”.

En estos meses de pandemia, la decisión de más impacto político que tomó la Corte Suprema tal vez haya sido la habilitación a que el Senado sesionara de manera virtual, aunque hasta en ese expediente, el máximo tribunal se despegó de la decisión y aseguró que no era quién para habilitar o no los debates en la cámara alta.

Al mismo tiempo, buena parte de las decisiones de la administración de Alberto Fernández se tomaron a través de decretos, entre ellas la de suspender la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Gobierno de Macri en 2017, una medida que ya tuvo consecuencias judiciales, algo que probablemente tenga más de un capítulo, según advirtieron especialistas.

Para colmo, cuando se seguía en pleno combate a la pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional decidió intervenir “manu militari” en el grupo Vicentin, una compañía que estaba en concurso de acreedores, proceso previsto por la ley para tratar de salvar la empresa. Más allá de la ruptura de las reglas que rigen cuando una empresa está en concurso por parte del Gobierno, Fernández fue más allá y anunció que expropiará Vicentin a través de una ley, lo que provocó el rechazo de un sector de la sociedad y causó temor en sectores del empresariado que temen por un avance contra la propiedad privada.

En tanto, debajo de la superficie, y mientras el país se prepara para enfrentar el pico de contagios de COVID-19, el “iceberg” de la interminable cuarentena esconde una fenomenal crisis social y económica que deberá atravesar la Argentina, una situación que se sumará a una recesión que ya llevaba dos años. En consecuencia, y a modo de ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se estima que casi el 20% de los comercios bajarán sus persianas en forma definitiva. En esa línea, cientos de miles de empresas, grandes y pymes, deben recurrir a la ayuda del gobierno nacional para poder cumplir con el pago de los salarios de sus empleados.

En esta situación, se cuentan de a miles los que claman por Justicia pero, a pesar de los pesares, el máximo tribunal del país, último resorte del que dependen los justiciables para que le den -como postuló Ulpiano- “a cada uno lo suyo”, trata asuntos que nada tienen que ver con este sombrío panorama que sufre la sociedad.

Nunca en democracia la Justicia estuvo paralizada tanto tiempo. En una feria extraordinaria que se prorroga al ritmo de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que alargan cada 15 o 20 días el confinamiento, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz sostuvo que el Poder Judicial no abandonó sus responsabilidades y, de paso, culpó al periodismo por ventilar la preocupación de que la Justicia está inactiva. Mientras tanto, ahí afuera, cada vez más comerciantes siguen bajando sus persianas para siempre, el gobierno apura el tranco para quedarse con una empresa privada y miles de argentinos lidian como pueden con la angustia de saber que se quedarán sin trabajo en los próximos meses.

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