Seis objetivos concretos, un mecanismo de financiamiento, un método y un estudio sobre el impacto económico de la aplicación. Juan Grabois, el líder de la CTEP, le presentó un plan a Alberto Fernández para generar trabajo, mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables y cuidar el medio ambiente. Lo hizo en los primeros días de mayo, en Olivos, y después de la reunión se llevó la promesa del Presidente de que sería estudiado.
El Plan General San Martín –bautizado también como el plan Marshall criollo Poblar y crear Trabajo– plantea una serie de objetivos para el país que nacerá después de la pandemia: crear cuatro millones de puestos de trabajo, fundar pequeños pueblos, llevar a cabo la integración urbana de barrios populares, crear nuevos barrios, entregar tierras a las comunidades agrarias y cuidar el medio ambiente promoviendo la utilización de energías renovables.
La inversión inicial sería de $750.000 millones al año y el financiamiento sería generado con lo que se ahorre del pago de la deuda que el gobierno nacional se encuentra renegociando. Otra alternativa sería el incremento de impuestos y aportes de carácter progresivo.
La planificación marca un plan de acción de cuatro años que tendría una conducción unificada y en la que participarán diferentes organismos. Además, propone la unificación de todos los programas sociales nacionales y una distribución coordinada de los roles de cada organización social. También impulsa la conformación de un fondo fiduciario llamado “Fondo Mugica” y la implementación de consorcios de cogestión.
El documento describe un contexto que, de alguna forma, sirve como argumento para la implementación del plan. Habla de “una grave situación socioeconómica” después de la pandemia, también de condiciones de “hacinamiento y falta de acceso a la tierra”, y de “intolerables condiciones de vida para los habitantes de los barrios populares” donde hay un “altísimo porcentaje de exclusión de servicios básicos (agua, luz, cloacas)”.
Además, destaca un marco de “inseguridad y violencia producto de las grandes urbes desiguales y hacinadas”, un “altísimo porcentaje de población en emergencia” que supera los 7 millones de personas, y un “descalabro del sistema de seguridad social con múltiples políticas superpuestas”.
Por otra parte, el texto destaca una serie de aspectos positivos para la implementación y coordinación del plan. Entre ellos hace alusión a que hay en las comunidades más humildes “capacidad organizativa para ejecutarlo” y que existen “enormes reservas de organización comunitaria, movimientos sociales, iglesias, voluntarios, universidades, sindicatos, organismos públicos y militancia” para poder distribuir los roles y llevar a cabo el proyecto.
Otra parte del documento enumera una serie de requerimientos para que se pueda llevar adelante el plan. Señala la necesidad de tener un presupuesto, un fideicomiso, una autoridad que centralice las áreas que están involucradas en el plan, el acceso a tierras nacionales de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la provincia y los municipios; bancarización, sindicalización y ampliación de derechos para los cuatro millones de trabajadores; digitalización y coordinación de áreas involucradas; coordinación con la Escribanía General de la Nación y las de las provincias para regularizaciones dominiales y escrituras; y mecanismos de transparencia que permitan dejar en claro el manejo de los fondos que se está realizando.
El “Fondo Mugica” serviría para el desarrollo de 4.000 “módulos de trabajo comunitario” dividido en cuatro áreas diferentes: economía social, integración urbana, agricultura familiar y organismos. La ANSES inscribiría a los trabajadores y liquidaría los pagos mensuales contra el certificado de trabajo que emitiría el Consorcio de Co-Gestión Comunitaria. Ese consorcio estaría integrado por movimientos sociales, iglesias, municipios, sindicatos y otras entidades.
Según destaca el proyecto, “el alcance social son 4 millones de trabajadores con salario social complementario y derechos laborales básicos con un salario social complementario de 10.000 pesos” y la contraprestación se estipula “en 60 horas mensuales certificadas”. El alcance material sería de 4.000 obras concretas entre loteos, urbanizaciones, colonias agrícolas, viviendas, unidades productivas y servicios instalados.
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