Jaime pidió anular un juicio por varios casos de corrupción porque dos de los tres jueces del Tribunal se jubilaron

Ricardo Jaime fue condenado por corrupto. Su principal condena es por la responsabilidad en la tragedia de Once a la que se le suma otra por robar pruebas en un allanamiento y una más por haber cobrado coimas de dos empresarios a los que debía controlar mientras fue secretario de Transporte de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Entre los tres casos, suma ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. Es por eso que Jaime –el primer ex funcionario kirchnerista en admitir haber cobrado coimas– está preso en la cárcel de Ezeiza.

Pero al mismo tiempo tiene otras cuentas pendientes en la Justicia. Siempre por casos de corrupción. En el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) se lo juzga por varios delitos cometidos entre 2003 y 2006 cuando manejó los negocios que se hacían en la Secretaría de Transporte. En ese juicio, a cargo de los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero, se lo acusa por la millonaria defraudación al Estado al haber comprado trenes chatarra en España y Portugal. Y también por un negociado en el Ferrocarril Belgrano Cargas y por haber utilizado dos autos estatales para su beneficio particular. Y el tramo más importante de ese juicio es en el que está acusado por enriquecimiento ilícito. El ex funcionario y sus testaferros y familiares compraron bienes que no pudieron justificar durante los años en los que Jaime recaudaba dinero para sí mismo y para su estructura política. En el caso de la millonaria compra de trenes chatarra está también acusado Julio De Vido, ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo y superior a Jaime en el organigrama de entonces. En el caso de los autos está acusado junto a Jaime Claudio Ubierti, que estaba al frente del organismo que controlaba las rutas con peajes y quien en el Caso Cuadernos admitió el cobro de coimas.

Ante el TOF 6 Jaime hizo un planteo para nulificar el juicio porque dos de los jueces del Tribunal perdieron el “estado judicial”, ante la entrada en vigencia del nuevo régimen jubilatorio para magistrados. Jaime en estos casos tiene defensor oficial. En el caso de la Tragedia de Once le paga a un defensor particular.

En el juicio por múltiples casos de corrupción Jaime es representado por el defensor oficial Daniel Ranuschio, y allí planteó “la nulidad del juicio oral y público en su totalidad, debido a que el Tribunal no se encuentra debidamente constituido ni integrado” para continuar con el debate oral. Ese juicio fue uno de los tantos que se suspendieron a raíz de la feria judicial extraordinaria debido a la pandemia de coronavirus.

En febrero pasado los jueces Martínez Sobrino y Panelo renunciaron para no perder beneficios ante la reforma del régimen jubilatorio, pero por disposición de la Cámara Federal de Casación siguen al frente de aquellos juicios orales iniciados con anterioridad a su dimisión.

La defensa de Jaime argumentó que el 7 de abril pasado entró en vigencia la Ley 27.546, que dispone que los magistrados que se jubilen pierden el llamado “estado judicial”. Esa ley es la que estableció el nuevo Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación. Antes de la reforma impulsada por el oficialismo, la legislación anterior permitía convocarlos para cuestiones específicas o casos de urgencia.

“Por la entrada en vigencia de la Ley 27.546, a partir del día 7 de abril de 2020, los doctores José Valentín Martínez Sobrino y Julio Luis Panelo habrían dejado de conservar el estado judicial y, por ende, la jurisdicción”, señaló el defensor de Jaime. La ley que modificó las jubilaciones de jueces y fiscales se publicó el en Boletín Oficial el 7 de abril pasado.

Ante ello “entiende esta defensa, que deberá dictarse la nulidad del juicio oral y público en su totalidad, debido a que el Tribunal no se encuentra debidamente constituido ni integrado, a los fines de reanudar y proseguir el trámite, y menos aún poder intervenir para deliberar y de dictar sentencia”. Ranuschio también reclamó nulificar todas las resoluciones firmadas por ambos jueces desde el 7 de abril en el caso, entre ellas la que rechazó conceder a Jaime la excarcelación.

La defensa de Jaime sostuvo que “los magistrados y funcionarios jubilados y cuyas renuncias fueron previamente aceptadas, ya no conservan el estado judicial y por lo tanto no existe posibilidad alguna de que sean convocados, perdiendo asimismo, eficacia y actualidad cualquier convocatoria previa realizada”. “No hay en la actualidad tres jueces en funciones y con estado judicial para reanudar y continuar el juicio en estas causas, ni para una eventual deliberación final. Tampoco para una hipotética sentencia a dictar, pues también se requiere –incluso para este último supuesto– de un Tribunal debidamente constituido e integrado por todos sus componentes”, concluyó. El TOF 6 que inició el juicio en abril de 2019 está integrado por Martínez Sobrino, Panelo y Canero y se completa con Ricardo Basílico, como cuarto magistrado.

Un planteo similar al de Jaime –a ambos accedió Infobae– fue presentado por otros testaferros del ex funcionario que son juzgados porque adquirieron bienes con dinero proveniente de los negociados del ex secretario de Transporte y los pusieron a su nombre. La presentación la hizo Eduardo Chittaro, defensor oficial coadyuvante que representa en el juicio a Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario que compró una casa en Carlos Paz con dinero que no puede justificar. Chittaro también representa en el juicio a Silvia Reyss, quien fuera la pareja de Jaime en los tiempos de la vertiginosa recaudación de dinero negro y compra de bienes. Y a Lorena y Agostina Jayo, hijas del primer matrimonio de Reyss. Las tres mujeres compraron propiedades y autos que no pudieron justificar en la etapa de instrucción del caso por enriquecimiento ilícito. Jaime y su círculo familiar que lo acompañó en los negocios pidieron la nulidad del juicio.

El juez Panelo habilitó la feria extraordinaria que rige por la pandemia y dio vista a las partes para que en un plazo de tres días se pronuncien sobre el planteo de las defensas. Esas presentaciones se hicieron al mismo tiempo que el TOF 6 estaba intentando conseguir medios tecnológicos adecuados para reanudar el juicio contra Jaime –que en los últimos tiempos se autoproclamó como preso político– de manera remota.