Coronavirus en Argentina: le dieron arresto domiciliario al contador de Lázaro Báez

Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez que había sido arrestado de forma preventiva junto al empresario kirchnerista hace cuatro años, consiguió la prisión domiciliaria. Tiene 67 años y antecedentes de tabaquismo y neumonía. Los médicos informaron que forma parte del grupo de riesgo de los presos que pueden ser víctimas de la pandemia del coronavirus.

Frente a eso, el juez federal Sebastián Casanello firmó la resolución otorgando su arresto en el domicilio. La resolución fue firmada la semana pasada, aunque la noticia recién se conoció en las últimas horas. Al contador, la Cámara Federal de Casación Penal ya le había revocado el año pasado la prisión preventiva en la causa por la ruta del dinero k, pero seguía preso por la investigación conocida como “El Entrevero”, por la compra de un campo.

Ahora, Casanello ordenó morigerar su detención con un arresto domiciliario, pero dispuso expresamente que el contador fuera incorporado al sistema de vigilancia electrónica y se pusiera una consigna policial en su casa.

“Dado que persiste la privación de libertad, deberá asegurarse que se adopten todas las medidas que la situación amerite a fin de garantizar la salud de Pérez Gadín, debiendo aplicarse estrictamente los protocolos correspondientes en función de la pandemia que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del contagio masivo del coronavirus, siempre teniendo en consideración su estado de salud, su condición pre-existente y sus condiciones actuales de detención”, sostuvo el magistrado. Además, se le ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación la designación de una consigna permanente en el inmueble en donde permanecerá, según la resolución a la que accedió Infobae.

El planteo de Pérez Gadín es diferente a la situación de casos como el ex vicepresidente Amado Boudou o el piquetero Luis D’Elía, que consiguieron en los últimos días también las prisiones domiciliarias. Perez Gadín aún no tiene condenas en su contra. Había sido detenido el 4 de abril de 2016, junto a Lázaro Baez -que tampoco está condenado-, cuando viajaban en un vuelo desde Santa Cruz a Buenos Aires. Desde entonces, permanecía en la cárcel de Ezeiza.

Según la defensa, Pérez Gadín no solo entra en los llamados “grupos de riesgo” por su edad. También por sus antecedentes de neumonía y tabaquistmo. Así, reclamó el arresto domiciliario al subrayar que su cliente permanece desde hace casi cuatro años en prisión preventiva. Y, en estas condiciones, y luego del fallo de Casación que llamó a considerar la flexibilización de las detenciones en el marco de la pandemia del coronavirus, el contador se encontraba ante “una franca transgresión al derecho a la vida, la salud, al principio de humanidad de las penas”.

El fiscal Guillermo Marijuan se opuso al pedido, pero el juez Casanello entendió que a la hora de evaluar los riesgos procesales “ahora debe sumarse el contexto provocado por la existencia de una pandemia como consecuencia de la propagación del coronavirus y cuál es la incidencia en la situación del imputado que reclama el cumplimiento de la detención en su domicilio”.

El fallo del juez entonces abordó los alcances de las modificaciones que hizo a fin de año pasado la Comisión Bicameral y que estableció una serie de pautas para antes de ordenar una detención previa a una condena. “La nueva ley procesal obliga a analizar la posibilidad del encierro en el domicilio antes de dictar la prisión preventiva en establecimiento carcelario. Como derivado del principio de inocencia, a la hora de decidir la aplicación de una u otra medida de coerción procesal se debe practicar un estudio de su razonabilidad basado en qué tan necesaria es la restricción de libertad para neutralizar los riesgos de entorpecimiento o fuga”, resaltó.

Pero además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso que se adopten los recaudos pertinentes para enfrentar el hacinamiento en las unidades de detención, exhortando a la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas, dando prioridad a las personas consideradas grupos de riesgo.

Cuando se reanude la actividad judicial luego de la feria extraordinaria dispuesta por la pandemia, el Tribunal Oral Federal 4 reanunudará las audiencias por el juicio de la ruta del dinero k, que ya estaba en etapa de alegatos. El 11 de diciembre último, un día después de que el presidente Alberto Fernández asumiera su cargo en el Congreso, Pérez Gadín pidió hablar ante el tribunal y dijo "nunca más señores jueces”, parafraseando al flamante jefe de Estado.

En su intervención, Pérez Gadín reiteró que las sociedades en las que participó eran de la familia Báez y dijo que la compra de SGI fue una inversión conjunta entre Helvetic Services Group y la familia del empresario patagónico. Y calificó las acusaciones como un “relato”, tal como hizo la ex Presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner cuando le tocó declarar en el juicio por la obra pública, y apunto contra el Gobierno de Mauricio Macri.

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