
El martes 3 de marzo, Víctor Manzanares atendió una llamada en un teléfono especial que le dio el Ministerio de Justicia para monitorear sus movimientos. Una voz masculina le mencionó datos personales que solo conoce su círculo íntimo. Un sobrenombre que utiliza su hijo más chico en Facebook y detalles sobre los arreglos que estaba haciendo en su oficina de Río Gallegos alcanzaron para intimidarlo. El ex contador decidió hacer una denuncia judicial ante la Justicia de Río Gallegos, pero el hecho se investigará en Comodoro Py. Según pudo saber Infobae en fuentes judiciales, el fiscal Carlos Stornelli hizo una presentación en las últimas horas y pidió que se realicen varias medidas de prueba.
Manzanares está convencido de que lo están espiando porque los detalles sobre los arreglos en su oficina los venía hablando por teléfono con sus abogados. “Nos consultó si podía hacer arreglos porque esa propiedad estaba embargada”, explicó Roberto Herrera, que comparte su defensa junto a Alejandro Baldini.
La llamada duró apenas unos segundos. Lo más llamativo es que fue a un teléfono especial que le dio el Ministerio de Justicia para controlar el uso de la tobillera electrónica que tiene puesta desde que salió de la cárcel. En realidad es una suerte de handy, sin números, que se utiliza para tener comunicación entre el usuario de la tobillera y la base que monitorea los movimientos. “Lo llaman cada tanto, cuando se pierde la señal o cuando se acerca a un aeropuerto”, explicó uno de sus abogados.
Esos teléfonos no siempre funcionan correctamente. “Una vez me llamaron de una empresa telefónica por una supuesta deuda”, contó Leonardo Fariña cuando se enteró del episodio de Manzanares. En este caso no fue un error: el ex contador de los Kirchner dice haber escuchado aspectos de su vida privada.

Manzanares hizo la primera denuncia ante el Juzgado Federal 1 de Río Gallegos, pero esa causa ya está viajando a Buenos Aires. El hecho se investigará en Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli hizo una presentación en el expediente que investiga el patrimonio de Daniel Muñoz, donde Manzanares declaró como arrepentido, y pidió una serie de medidas de prueba que se mantienen en reserva.
Esa causa tramitaba en el juzgado de Claudio Bonadio, que ahora subroga Marcelo Martínez De Giorgi, pero este último se excusó y pasó temporalmente a la jueza María Servini, que ya ordenó algunas de las medidas pedidas por el fiscal.
Martínez De Giorgi se inhibió porque tenía "un vínculo de conocimiento y trato frecuente a nivel familiar” con el abogado Miguel Ángel Plo, ex defensor de Carolina Pochetti. Pero la Cámara Federal, tal como reveló Infobae, lo acaba de ratificar al frente de la causa.
El juez deberá avanzar en la búsqueda de dinero y, sobre todo, en la recuperación de la fortuna invertida en un terreno de las islas Turk and Caicos, que el gobierno de Gran Bretaña se niega a devolver. Otra de las líneas de investigación busca determinar qué pasó con las sociedades e inversiones que delató Manzanares.

Manzanares tenía previsto viajar este jueves a Buenos Aires para presentarse en los tribunales de Comodoro Py pero en las últimas horas postergó su viaje para la semana próxima, según pudo saber este medio.
Pese a la gravedad de la denuncia, hasta ahora no hubo respuesta oficial. “Nadie del Ministerio de Justicia nos llamó para darnos una explicación, aunque tenemos entendido que se comunicaron con el juzgado de Río Gallegos. Tampoco nos llamaron los diputados de Cambiemos que se expresaron en los medios”, se lamentó el abogado Roberto Herrera.
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