La sede principal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Foto: Adrián Escándar.
La sede principal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Foto: Adrián Escándar.

El presidente Alberto Fernández les dedicó apenas tres párrafos a los cambios previstos para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Pese a la brevedad en el discurso, son transformaciones sustanciales que apuntan a dañar la interacción histórica entre los servicios de inteligencia y la Justicia federal. En el caso de AMIA, siempre presente en los discursos del 1° de marzo, se plantea una desclasificación parcial que permitiría revelar los testimonios de unos veinte espías en el juicio por el encubrimiento del atentado, incluyendo el de Antonio Stiuso.

Las reformas, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, quedarían reflejadas en dos decretos que se firmarán esta semana. “Dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”, dijo el Presidente en la apertura de la sesiones ordinarias. Y agregó: “No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”.

Esa excepción, clave para la interacción de la AFI y la Justicia federal, está prevista en el artículo 4 de la reforma a la Ley de Inteligencia que se sancionó a comienzos de 2015, luego del desguace de la ex SIDE.

Ese artículo impide que los organismos de inteligencia realicen esas tareas “salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley”. “Esa excepción era la llave para las precausas y escuchas telefónicas al borde de la ilegalidad”, sintetizó una fuente oficial.

La derogación de ese artículo es un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Caamaño se hizo cargo de la intervención por 180 días.
Caamaño se hizo cargo de la intervención por 180 días.

El anuncio no fue una sorpresa. De hecho, Alberto Fernández ya lo había deslizado en entrevistas periodísticas, al poco tiempo de asumir. Y va en línea con los cambios que se aplicaron durante la intervención, a cargo de la ex fiscal Cristina Caamaño. Uno de los más importantes fue la inclusión de un auditor de la SIGEN para transparentar todos los gastos de la AFI. “Estamos adaptando todos los procesos a la ley de administración financiera”, explicó una fuente del organismo.

Un ejemplo puntual: todos los pasajes para funcionarios y espías se compraban a través de dos agencias de turismo. Ahora deberán pasar por el procedimiento que obliga a contratar con Aerolíneas Argentinas, tal como estableció un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner. También se frenó el revoleo de tickets para la carga de combustible. La prioridad ahora es de YPF.

Caamaño también impulsó una revisión de los nombramientos realizados en el final del gobierno de Mauricio Macri. Se tomaron exámenes a unos 1.400 empleados. Los resultados todavía no están, dicen en la AFI. En cambio, ya se avanzó con una reforma de la estructura interna, para bajar la cantidad de directores a la mitad. Ahora son cerca de 65.

Una multitud acompañó el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Foto: Julio César Ruiz/GENTE
Una multitud acompañó el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Foto: Julio César Ruiz/GENTE

El segundo decreto apunta a una nueva desclasificación en la causa AMIA. Según el discurso del Presidente en el Congreso, abarcará “los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”. Todas las fuentes consultadas por este medio advirtieron que la efectividad de ese anuncio depende de la letra chica del decreto.

“Ya hubo muchas desclasificaciones desde 2002 hasta acá, es una muletilla de la política. Lo más importante es el grado de esa desclasificación”, dijo un abogado que representa a las entidades judías en los juicios por el atentado.

Durante ese proceso declararon unos veinte espías, incluyendo al ex director de Operaciones Antonio Stiuso. Todos declararon bajo secreto. “Las declaraciones se hacían sin público, en el recinto solo podían estar las partes”, explicó unos de los abogados.

Stiuso declaró en 2017. Su testimonio nunca trascendió. Lo que se conoce, y fue parte del documental de Netflix sobre Alberto Nisman, son las imágenes del primer juicio por el atentado que terminó con todos los imputados absueltos.


La desclasificación, un reclamo histórico de los familiares de las víctimas, también impactaría en los expedientes que están en la etapa de instrucción. “Hay que esperar la letra del decreto para entender los alcances reales pero no se puede desclasificar nada que comprometa a otro servicio de inteligencia extranjero, esa es una limitación importante”, advirtió uno de los investigadores de la causa AMIA.

La última desclasificación, a partir de un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, permitió conocer el contenido de unas 2.000 cajas con documentación y 5.000 escuchas sobre el atentado. Pasaron casi cinco años y todavía no se terminó de digitalizar todo el material. “El material en papel hay que restaurarlo, digitalizarlo y luego analizarlo, no hay recursos suficientes”, se lamentó una fuente judicial.