Alberto Fernández expuso sus límites económicos, apuntó a la Justicia y marcó agenda con el aborto

A tono con las dificultades y la necesidad de reactivar expectativas para ir anclando su gestión, casi lineal, ese trazo cruzó la hora y diecinueve minutos del discurso presidencial en el Congreso. Alberto Fernández fue muy duro con la herencia macrista, igual o más que en su discurso de asunción. Como contracara, repitió que recién ha cumplido 81 días de gestión, a los que describió como de abordaje de la crisis y de ajustes para “tranquilizar” la economía, con la inflación como gran tarea pendiente. Destacó como punto central la deuda, aunque no dio ninguna pista sobre propuestas y programa. Y al final, anotó temas más precisos y de alto impacto: la Justicia, con zonas al menos grises, y la legalización del aborto, el más potente anuncio para inaugurar este nuevo ciclo legislativo.

La presentación en el Congreso fue por supuesto diferente a su estreno de diciembre ante la Asamblea Legislativa, descontando naturalmente el acto en la Plaza de Mayo. Todo más formal. El recinto de Diputados estuvo repleto y el Presidente volvió a cosechar aplausos –que escalaron a ovación al anticipar el proyecto sobre aborto- pero con clima más medido del nuevo oficialismo. También la calle, con movilización más acotada. Fuera de la puesta en escena, el registro político incluyó datos significativos pero menos visibles, omisiones, con lectura para el frente interno.

El Presidente dedicó un pasaje breve a la política exterior, con referencias globales a la relación con los países desarrollados y emergentes. Y con unas líneas dedicadas a la región, en especial el desarrollo del Mercosur. Evitó hablar de cuestiones sensibles, como Venezuela. Más notorio, en clave doméstica y de su relación con Cristina Fernández de Kirchner, fue que no hubo mención alguna a detenciones arbitrarias, presos políticos como categoría negada y lawfare cuando se extendió en el capítulo judicial. No se trató de los equilibrios a los que hizo referencia como objetivo general ya casi al final de su presentación.

Los primeros minutos del discurso presidencial se dividieron casi en partes iguales para hablar del cuadro de situación heredado, de su difícil y complejo arranque y de la tarea que viene, que con pincelada épica definió como “ciclópea” y con trazo fundacional describió como la construcción de un nuevo contrato ciudadano, inclusivo, solidario y sostenible.

Hasta allí, asomaba como el labrado de un marco. Todo el desarrollo de su mensaje sobre la deuda ahondó sobre la gravedad como elemento condicionante y alimentó la idea de que nada será precisado como programa hasta resolver esa renegociación. Repasó, claro, los apoyos políticos recibidos en sus visitas a Alemania, Francia, Italia y España. Agradeció al papa Francisco por su posición. Y destacó las tratativas con el FMI y las coincidencias sobre la insostenibilidad de la deuda. Eso mismo cerró de algún modo la referencia más amplia sobre la economía.

No se esperaban grandes anuncios en este terreno y no los hubo, o hubo pocos e imprecisos. Anticipó que enviará un proyecto para reanimar la actividad petrolera, empezando por Vaca Muerta. También reafirmó señales a la minería. Más amplia fue la ratificación del impulso a un Consejo Económico y Social. Fueron títulos, cuyos textos esperará ahora el Congreso. Más explícito aunque sin dar cifras y rubros fue al confirmar que avanzará con mayores retenciones a exportaciones de origen rural. Es un tema que tensa la cuerda con el sector y que está en conversaciones con la Mesa de Enlace. El punto es si será sólo la soja y, más de fondo –interrogante no sólo económico-, cuánto aportaría al Estado en recaudación y cuál sería su objetivo o sentido político.

El Presidente repitió el concepto de un necesario aporte de todos los sectores, con criterio de atención inicial a las franjas sociales más vulnerables como primer escalón de recuperación económica. Expuso, por ejemplo y como ya hizo el oficialismo en el Congreso, números sobre distribución de haberes jubilatorios para la polémica, una manera de rechazar el concepto de ajuste. Y no dio pistas sobre lo que vendría, legalmente, como nuevo sistema de movilidad.

Alberto Fernández sabe por supuesto que ese es un tema especialmente sensible porque atraviesa a buena parte de la sociedad, ahora y a futuro. Del mismo modo percibe que la inflación es quizá el elemento más corrosivo y crónico para cualquier gestión: advirtió que no es fácil revertir esa tendencia. Son dos de los temas a los que dedicó más minutos, con reclamos de solidaridad, advertencias generales –sobre todo a formadores de precios, aunque sin alarmar sobre medidas legales específicas- y un implícito pedido de paciencia a las clases medias.

Los planteos más concretos quedaron para las últimas páginas del discurso, y a la vez asoman como los más potentes en términos de agenda, junto con la dureza de la economía: la reforma judicial y la legalización del aborto. Son temas de alto impacto y habrá que esperar los textos para ver cómo dividen aguas, no sólo en el terreno político.

El Presidente ratificó los lineamientos amplios de una reforma de la justicia federal destinada a desarmar el poder de Comodoro Py y a darles mayor relevancia a los fiscales en el sistema acusatorio. Los recelos tienen que ver con el futuro de las causas por corrupción. También, con el papel del ministerio público. El Gobierno lo acompaña con un decreto que, anticipó, debería limitar definitivamente el papel de los servicios de inteligencia. Son dos temas sensibles, con oscuridades compartidas, y con debate asegurado.

El anuncio de mayor repercusión fue, al menos de arranque, el envío en diez días de un proyecto de legalización del aborto. Esta vez, llegará por impulso del Poder Ejecutivo. Es un cambio notorio respecto del anterior debate, abierto o facilitado por la gestión de Mauricio Macri pero sin impulso de texto propio sino habilitando la dinámica del Congreso. Alberto Fernández reiteró que lo acompañará además con un “Plan de los 1.000 días”, para garantizar la atención estatal de las mujeres embarazadas y sus hijos en los primeros años de vida.

Ese fue el trazo grueso. En cuanto al aborto, el Presidente dijo que el proyecto será de “interrupción voluntaria del embarazo”. Fuentes del Gobierno lo habían adelantado como una iniciativa en línea con el reclamo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es lo que esperan legisladores comprometidos con esa posición, aunque con interrogantes sobre puntos específicos referidos a plazos y objeciones de conciencia, por ejemplo. Está claro que reabre fisuras en casi todos los bloques y que trasciende por mucho al Congreso.

Lo que viene, en el Congreso, será la llegada de los proyectos. En el caso de la legalización del aborto y el “Plan de los 1.000 días” ya había sido anticipado por el Gobierno como un gesto conjunto para evitar la grieta verde-celeste. Para el resto de los temas, hubo algunas invocaciones a la convergencia política y una referencia concreta a la oposición por el apoyo a ley de sostenibilidad de la deuda. Tal vez hayan sido registradas dos referencias a Raúl Alfonsín, una a Néstor Kirchner y otra a Perón. Eso y el homenaje a Belgrano, en la antesala de batallas políticas y un muy difícil camino económico, según la propia descripción presidencial.

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