
El discurso de apertura del año legislativo se encuentra definido en la Constitución Nacional (Art. 99 inc. 8). En este sentido, el Presidente de la República hace anualmente la apertura de los sesiones del Congreso, donde ambas Cámaras reunidas en asamblea legislativa escuchando el “estado de la Nación”.
Los antecedentes de esta institución tiene su origen en el Parlamento inglés, donde el Rey/Reina -en la primer reunión de Parlamento- se dirige a los comunes y lores para expresarle la importancia y la necesidad del dictado de leyes para el desarrollo de su política de gobierno, con tan sólo analizar el sistema presidencialista podremos observar que esta tradición se encuentra en la mayoría de las Constituciones.
El discurso del “estado de la unión”, conocido así en los Estados Unidos, fue incorporado a su Constitución (artículo II, sección 3, cláusula I). Como datos interesantes y llamativos, el primer presidente George Washington dio su “mensaje anual” al Congreso el 8 de enero de 1790 en la Ciudad de Nueva York, lugar donde residía el gobierno de aquel entonces; el presidente Thomas Jefferson quebró la tradición de sus predecesores y, en cambio, el discurso era enviado por escrito, práctica que duró 100 años, hasta el presidente Woodrow Wilson, quien volvió a presentarse ante el Congreso y brindar su discurso de la “unión”.
Ahora bien, que el “presidente” no realice la “apertura del año legislativo” no implica que el Congreso Federal deje de funcionar, por cuanto el texto fundamental expresa que ambas Cámaras se reunirán “por sí mismas” (Art. 63), lo que significa que la ausencia en la inauguración del periodo ordinaria por parte del Presidente de la República no impide bajo ningún aspecto que el Poder Legislativo comience a trabajar y ejercer en toda su plenitud las atribuciones constitucionales. En nuestra historia existen muchos ejemplos. En 1866, el presidente Bartolomé Mitre nunca no hizo apertura alguna de sesiones con motivo de estar en la guerra contra el Paraguay; Domingo F. Sarmiento se presentó ante el Congreso en julio de 1871 (en ese período las sesiones ordinarias comenzaban el 1° de Mayo), por lo tanto se retrasó el inicio de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso; Roque Sáenz Peña y Roberto Ortiz no hicieron la apertura de sesiones por motivos de enfermedad; Hipólito Yrigoyen tampoco participó. Así, más allá de la apertura de las sesiones, el Presidente esta obligado conforme el Art. 104 de la Constitución a entregar a los legisladores “una memoria detallada del estado de la Nación” confeccionada por cada ministro.
Si bien la Constitución determina el lapso en el cual se desarrollarán las sesiones en el periodo ordinario —las cuales no pueden ser ni extendidas ni acotadas—, la cuestión central reside en la importancia institucional que significa la apertura de las sesiones en el Congreso de la Nación, y, sobre todo, la relevancia que supone la presencia del Presidente de la República ante ambas Cámaras. El primer mandatario tiene el deber de presentarse ante la Asamblea y ofrecerle la información que atañe a el curso del estado de la nación y, además solicitarle al Legislativo las medidas que juzgue necesarias y convenientes para cumplir los objetivos de gobierno, siempre en el marco constitucional.
Como decía Woodrow Wilson, “el presidente es el servidor del Congreso; y los miembros del Gabinete, que no tienen más que funciones ejecutivas, son completamente los servidores del Congreso”. A lo largo de la historia constitucional argentina, pueden encontrarse discursos que cumplen acabadamente con la idea general de la manda constitucional. En raras excepciones un presidente ha utilizado ese momento de gran importancia institucional como una simple tribuna panfletera.
En este marco, recuperar la institucionalidad y concebir al Congreso como una herramienta de suma importancia en el sistema republicano son dos tareas necesarias. La importancia de transparentar la información concerniente a la administración y al bienestar general de la Nación, en la actualidad es fundamental. El Presidente debe dirigirse al pueblo con amplitud y, dejando en claro el verdadero estado de la nación. Además, el mensaje debe ser un catálogo de propuestas que marque proyectos, medidas y propósitos de la administración de gobierno y, entendiendo la importancia que reviste el Congreso Federal en el diseño institucional.
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