En vísperas del proyecto de reforma judicial en el que el Gobierno trabaja contra reloj y que en los tribunales federales de Comodoro Py esperan con inquietud, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se dispone en estas horas a reducir “al mínimo” la participación como “auxiliar de la Justicia” del organismo.
“Comunicar a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto a través de la presente, a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de esta agencia en actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales", resalta la resolución a la que accedió este medio, que lleva la firma de la interventora Cristina Caamaño y que en las próximas horas será publicada en el Boletín Oficial.
De esta manera, la AFI busca limitar la interacción con la Justicia, en la previa del envío del proyecto de reforma judicial en el que trabajan la ministra Marcela Losardo y Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, y que genera preocupación en los principales despachos judiciales, en especial en Comodoro Py, los tribunales más políticos. El Gobierno confía en enviar el texto al Parlamento a fines de mes, para debatirlo en las sesiones extraordinarias de febrero.
“Esta Agencia Federal de Inteligencia debe orientar todos sus esfuerzos al cumplimiento de sus funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos y contra los poderes públicos y el orden institucional, encauzando sus medios técnicos y de recursos humanos hacia ese cometido principal”, argumenta la resolución.
“Dicha reducción de la participación de esta organismo en actividades de investigación criminal también deberá ceñirse exclusivamente a las materias propias de esta agencia, como ser terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, agrega el texto.
Hasta ahora, Caamaño se mostró con plena autonomía y respaldo del presidente Alberto Fernández desde que la eligió como interventora del organismo –el pasado 21 de diciembre, y por 180 días– que durante el gobierno de Cambiemos fue gestionado por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La nueva funcionaria fue presidenta de Justicia Legítima, afín al kirchnerismo, y dirigió el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) durante la administración de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación.
La decisión de Caamaño ya había sido en parte adelantada el domingo por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la entrevista que le brindó a este medio. “¿Cuál será el rol de la AFI en la Justicia?”, preguntó este medio.
“Hoy está intervenida. La decisión de (Mauricio) Macri fue volver a los fondos reservados. La decisión de Alberto fue transparentar los fondos reservados, intervenirla, y a partir de esa intervención evaluar cuáles son las tareas que tiene que cumplir una Agencia Federal de Inteligencia en una democracia que necesita que eso funcione a partir de ciertos parámetros. Que investigue cuestiones de narcotráfico, ciertas cosas que hacen a la seguridad de los argentinos y las argentinas. No que sean los que generan carpetas para que después se persiga a dirigentes políticos”, contestó Cafiero.
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