Con apoyo sindical, el Gobierno pretende congelar las paritarias por seis meses a cambio de una suma fija por decreto

El Gobierno le anunció anoche al sindicalismo su decisión de suspender por seis meses las paritarias a cambio de un aumento de suma fija para el sector privado y los estatales a cuenta de las futuras negociaciones. Las CGT y las dos CTA aceptaron sin fisuras la propuesta oficial.

La reunión demandó tres horas de charla y discusiones en la Casa Rosada en las que hubo momentos de tensión. Fue cuando se tocaron tres temas clave: obras sociales, cláusulas gatillo y aumento a los estatales.

El cónclave entre el Poder Ejecutivo y los sindicalistas de todos los sectores internos fue el primero y el más importante desde que asumió Alberto Fernández la presidencia de la Nación, y al finalizar el encuentro, llevado adelante en el primer piso de la Casa de Gobierno, cada sector expresó satisfacción.

El elenco ministerial, porque necesitaba que los salarios de los privados no se dispararan por el impacto que podría tener en el índice de inflación. Los gremialistas, porque fue muy importante para ellos que Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, y Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, aclararan de entrada que se garantizaba que si bien se suspenderán las paritarias por seis meses, continuará “el régimen de negociación colectiva” ya que saldrá “la suma fija establecida por decreto” y se presentará como anticipo de lo que se acuerde en la discusión de los convenios laborales.

Todavía no se estableció el monto del aumento de suma fija, que fuentes sindicales confiaron que será igual o apenas superior a los 5.000 pesos otorgados a los jubilados que cobran el haber mínimo.

Sergio Palazzo, titular del sindicato bancario, explicó a Infobae que “no se implementó un congelamiento de salarios como había trascendido en un primer momento” porque "será un adelanto de la negociación paritaria, y esto beneficiará a aquellos gremios que quedaron muy desfasados con la negociación porque les servirá para recomponer sus haberes hasta que tengan su turno de negociación o de revisión en el caso de aquellos que todavía tienen acuerdos vigentes hasta marzo o más adelante”.

Por esa razón, para Palazzo, “uno de los puntos más importantes es que la suma fija será un piso y es remunerativo”.

El segundo logro sindical fue que las cláusulas gatillo aún abiertas seguirán vigentes, lo que les permitirá a algunos gremios terminar de reacomodar los sueldos a la altísima inflación con la que cerrará este año y que orillará el 54%.

El elenco gubernamental –el presidente Fernández ni pasó a saludar– lo completaron Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y Gustavo Béliz, el secretario de Desarrollo Estratégico.

Los 19 gremialistas presentes fueron Carlos Acuña (estaciones de servicio) y cotitular de la CGT junto a Héctor Daer (Sanidad), también presente; Roberto Baradel (Suteba), Antonio Caló (UOM), Dante Catalán (SOMU), Armando Cavalieri (Comercio), Hugo Godoy (ATE), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Claudio Marín (Telefónicos), Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (La Bancaria), Jorge Solá (Seguros), Omar Viviani (Taxis), Hugo Yasky (CTA), Omar Maturano (La Fraternidad), Ricardo Peidró (CTA Autónoma), Claudia Baigorria (CTA Autónoma) y Eduardo Llanos (Aeronáuticos).

Al salir de la reunión, sólo Camioneros emitió un comunicado que no se ajusta a lo acordado, aunque durante el encuentro Hugo Moyano no expresó disconformidad.

En concreto, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios solicitó un incremento salarial del 33%, en el marco de la reapertura de paritarias del próximo año y el vencimiento del último acuerdo en junio pasado.

Fue el propio secretario general de Camioneros quien explicó que “el pedido corresponde a una necesidad del trabajador debido a la brecha existente entre el salario y los precios de alimentos, tarifas e impuestos que han tenido aumentos significativos”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por Infobae enmarcan el reclamo de Moyano en la famosa cláusula gatillo que tiene vigente el gremio, ya que había cerrado un acuerdo paritario por seis meses del 23 por ciento y, por lo tanto, habían quedado muy desfasados tomando el índice de inflación.

Desde Camioneros se precisó que lucharán por la suba del 33% en los salarios “para que forme parte de los sueldos a partir de enero hasta el 30 de junio de 2020, cuando se reabra nuevamente la negociación paritaria”.

Acordado el tema para que las cláusulas gatillo no se congelen, el punto de mayor tensión en la reunión de anoche en la Casa Rosada se vivió cuando se abordó la emergencia sanitaria.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo enviado a la Cámara baja preveía un congelamiento de las deudas que el Estado tenía con los sindicatos por las obras sociales.

Sin embargo, primero Lingeri y después Palazzo objetaron esta intención con un sólido argumento: “Por un lado nos dicen que nosotros debemos pagar las deudas previsionales que tenemos y que estamos pagando en moratoria y ustedes no nos pagan la millonaria deuda que tiene el Estado con nosotros, perjudicando de manera directa la atención médica de nuestros afiliados”.

Finalmente, por pedido de los sindicalistas, los funcionarios lograron que ese punto fuera incluido en el proyecto de emergencia que aprobó la Cámara de Diputados y así las deudas del Estado con las obras sociales quedaron fuera del congelamiento.

Hugo Godoy, de ATE, y Roberto Baradel, de Suteba, también elevaron el clima de tensión al observar que los estatales y docentes quedaban excluidos del decreto que otorgaría el monto fijo a cuenta de paritarias.

Moroni y Cafiero explicaron que en un mismo decreto no se podía incluir a ambos sectores por igual. Por eso se acordó que después del aumento para el sector privado, se firmará otro decreto con una suma similar para los estatales. Gracias a esas modificaciones, todos salieron conformes.

La única nota discordante la aportó Hugo Moyano, que en medio de la reunión les reclamó a los ministros que en cada subsecretaría deben designar representantes del sindicalismo. Los funcionarios no dijeron nada y, sugestivamente, el pedido tampoco fue compartido explícitamente por el resto de los dirigentes gremiales. Sólo hubo silencio.

Los dirigentes gremiales podrán mostrar como un logro lo conseguido ante sus representados. Lo mismo el Poder Ejecutivo ante el FMI, que ve con buenos ojos las medidas económicas del gobierno de Fernández.

El primer test de la unidad gremial deseada por el Presidente para evitar conflictos ante este escenario de ajuste terminó bien para el Gobierno.

Los sindicalistas, por su lado, sostienen que fue una manera de ayudar a Fernández con este paquete de medidas “sociales” que intenta llevar alivio a los más necesitados y, a la vez, dar un mensaje a los acreedores externos.