La Corte bonaerense cuestionó el uso inadecuado de las prisiones preventivas y recomendó el arresto domiciliario de las embarazadas detenidas

Ayer, de cara a la huelga de hambre histórica que más de 10 mil presos y presas de la provincia llevan adelante en pabellones de 30 cárceles, la Suprema Corte bonaerense con los jueces Eduardo de Lazzari, Daniel Soria, Hilda Kogan, Esteban Genoud, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres emitió dos resoluciones con términos fuertes para intentar remediar el conflicto. Los detenidos reclaman por la mayor sobrepoblación de la historia de las celdas del país, 113% en las cárceles y 160% en las comisarías de acuerdo a datos oficiales de mediados de este año, lo que tribunales bonaerenses y organismos de derechos humanos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la CIDH no dudaron en llamar una crisis humanitaria.

Piden terminar con los retardos de justicia para recibir beneficios, que se reinstaure el cómputo del 2x1. El eje de la crítica es, precisamente, el exceso de prisión preventiva dictada por los jueces, lo que fuentes a lo largo de todo el sistema señalan como el principal factor detrás de la sobrepoblación.

Así, el máximo tribunal provincial, urgido por presentaciones del defensor ante el Tribunal de Casación, el abogado Mario Coriolano –que recopila hace varios años las denuncias de torturas, malos tratos y causas fraguadas por las fuerzas de seguridad en informes periódicos y es un referente internacional de la materia– se expidió sobre la situación. Las embarazadas y las madres presas con sus hijos menores de cinco años fueron el punto más crítico, hay mujeres en penales como Mercedes que se plegaron a la huelga. La información con la que cuenta la Corte actualizada a comienzos de octubre de este año habla de 430 detenidas en comisarías y 1.777 en 14 unidades y una alcaidía del SPB: 53 estaban con sus chicos, 19 estaban embarazadas.

58 niños vivían dentro del sistema.

La Suprema Corte invocó el artículo 159 del Código Procesal Penal que plantea “alternativas a la prisión preventiva” cuando “se tratare de imputados mayores de 70 años, o que padecieran una enfermedad incurable en período terminal, o cuando se tratare de una mujer en estado de gravidez o con hijos menores de cinco años, siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado".

Instó a los jueces provinciales a analizar caso por caso para “motivar con suficientes fundamentos de hecho y de derecho” la prisión domiciliaria para estas embarazadas y madres. También, motivó a revisar por qué estas morigeraciones se deniegan. La decisión tiene el estado de norma práctica.

El segundo documento firmado por los magistrados incluye recomendaciones generales para el sistema penal. Mediante la Resolución 3341-19, el máximo tribunal de la Provincia consideró que “dichas condiciones tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena, siendo todo ello susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Así, elevó una serie de recomendaciones:

. Recordar a jueces y tribunales con competencia en materia penal y de responsabilidad penal juvenil la absoluta prohibición de alojamiento de menores, personas enfermas y mujeres embarazadas en dependencias policiales, requiriendo al Poder Ejecutivo, a través del área pertinente, que arbitre lo necesario para el cumplimiento de esta previsión.

. Declarar que corresponde dar respuesta prioritaria a la problemática del alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas al efecto, exhortándose al Poder Ejecutivo a que arbitre los medios necesarios para la urgente subsanación de este estado de cosas.

. Encomendar a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, la Secretaría de Planificación y otras áreas del Tribunal que evalúen la conveniencia y factibilidad de la creación de un “Registro de Clausura” de dependencias policiales, a tenor del dictamen del defensor ante el Tribunal de Casación Penal.

. Reiterar, una vez más, la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes.

. Evaluar la posibilidad de la confección de informes para el ingreso al régimen de progresividad en la etapa de ejecución de pena a través de un equipo interdisciplinario (compuesto por médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales) en las Asesorías Periciales departamentales o en la órbita de los jueces de ejecución penal.

Mientras, los familiares de detenidos comunican novedades por WhatsApp y convocan a marchas en diversos puntos. Fuentes cercanas a detenidos en varios pabellones aseguran que la huelga continuará. El nuevo ministro de Justicia, Julio Alak, de quien depende ahora el SPB, juró a mediados de la mañana de hoy.

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