Tras una denuncia en el departamento de Figueroa, Santiago del Estero, lograron rescatar a menores de edad y jóvenes con discapacidad que eran víctimas de explotación sexual y violencia en el ámbito familiar. Durante el operativo policial se ordenó una serie de allanamientos y efectivos del Departamento de Trata de Personas detuvieron a tres personas acusadas de delitos como abuso sexual ultrajante agravado por el vínculo, lesiones calificadas y abandono de persona.
La causa, dirigida por la fiscal Jésica Lucas, se inició tras denuncias de asociaciones civiles que señalaron condiciones de vulnerabilidad y abuso en la localidad de El Cruce. Además de la detención de los presuntos responsables, se incautaron dispositivos electrónicos, prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a peritajes.
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Entre las medidas adoptadas por la Justicia, las víctimas fueron trasladadas a espacios de alojamiento y contención, donde recibirán asistencia médica, psicológica y social en coordinación con la DINAF, la Dirección de Discapacidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio Pupilar y el Punto Focal de Trata de la Secretaría de Trabajo, entidades involucradas en el resguardo de sus derechos.
Durante los procedimientos, los equipos constataron una situación de violencia y abandono que impactó profundamente a los profesionales presentes, según Diario Panorama.
Explotación sexual infantil en Rosario
En el marco del megaoperativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, la Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia de Santa Fe realizó el martes allanamientos simultáneos en Rosario, Acebal y Villa Gobernador Gálvez, lo que resultó en la aprehensión de cuatro hombres de 41, 42, 55 y 72 años.
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La intervención se orientó a investigar la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil. De acuerdo con la información oficial, en los procedimientos se incautaron dos armas de fuego con credenciales vencidas, diversos dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, memorias, pendrives y otros formatos digitales, así como dinero en efectivo tanto en pesos como en dólares.
La fiscal Georgina Cherara ordenó las actuaciones, que fueron ejecutadas por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI, con participación de personal especializado en Cibercrimen encargado del análisis técnico de los soportes electrónicos. En la etapa preliminar, los especialistas detectaron indicios de material relevante en los dispositivos, que permanecerán bajo peritaje y a disposición judicial, con los involucrados sujetos a verificación de antecedentes.
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El Gobierno de Santa Fe detalló que todas las medidas continúan activas. Además, en uno de los procedimientos vinculados al combate contra el narcotráfico, se secuestraron más de 180 dosis de cocaína y marihuana, un arma de fuego, dinero y elementos de comercialización de estupefacientes.
Estas noticias se conocen tan solo días después de que la PROTEX informara que el año pasado aumentaron las dednuncias por trata de personas y explotación sexual infantil en 2025. Según los datos, se registraron 2.200 denuncias a través de la línea 145.
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Hace dos años la Línea 145 había recibido 1941 denuncias, un dato que en ese momento indicaba que “la tendencia de los últimos años destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales”.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato, la fiscalía especial, a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, reveló que se identificaron 133 víctimas menores de edad: 87 niñas, 37 niños y nueve casos sin especificación de género.
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Por otro lado, se registraron 41 denuncias vinculadas con la producción, tenencia, distribución o comercialización de material de abuso o explotación sexual infantil, y otras 18 por grooming, delitos que afectan gravemente la integridad de los menores.
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La investigación reveló que los implicados coordinaban las maniobras por WhatsApp, utilizaban apodos y diseñaban estrategias para vulnerar controles. La fiscalía pidió, además, el decomiso de vehículos y una vivienda usada como base operativa
