Durante la entrevista televisiva que concedió el pasado fin de semana, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que el dinero que el empresario venezolano Antonini Wilson intentó ingresar al país en 2007 era plata de la corrupción del régimen chavista que "iba a ser depositada en Uruguay".
"Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de ocho viajes previos donde hacía lo mismo y yo tengo la certeza de que la plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay, que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal", señaló Fernández en el programa La Cornisa, en el canal América.
A raíz de esta declaración, la oposición en Uruguay pidió abrir una investigación. El senador y candidato a presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, destacó la necesidad de investigar "seriamente" los "lazos comerciales, económicos y oscuros entre el chavismo y los gobiernos del Frente", según consignó el diario El País de Uruguay.

En tanto, la diputada nacionalista Graciela Bianchi, que suele trabajar en causas conjuntas entre ambos países con Graciela Ocaña, afirmó que la fiscalía debería investigar "de oficio". "Fernández está tratando de comprar futuro, pero nosotros ya sabíamos que esto venía para Uruguay", consideró.
Hace poco más de un año, en diciembre de 2018, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó el procesamiento del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario del OCCOVI Claudio Uberti y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otras personas involucradas. Además, en julio de este año, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos.
El episodio ocurrió cuando en la Argentina se llevaba adelante la campaña de Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007. Todo sucedió la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en un avión de la empresa Royal Class contratado por ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y encontró USD 790.550.
Tras el escándalo, Uberti debió renunciar como titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi).
En Uruguay, en aquel momento, también se abrió una investigación. Estuvo a cargo del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, a raíz de una denuncia que presentaron tres diputados del Partido Nacional -Pablo Abdala, Gonzalo Novales y Rodolfo Caram.
Según El País, los diputados opositores expresaron que Antonini ingresó a Uruguay siete veces entre 2006 y 2007 y que la actividad principal era "concretar negocios", oficiar "como lobbista" y que su nombre había aparecido vinculado a operaciones de intercambio entre Venezuela y Uruguay.
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