Julio De Vido y Andrea del Boca, a juicio oral por la novela "Mamá Corazón"

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y la actriz Andrea del Boca fueron hoy enviados a juicio oral y público por supuesta defraudación al Estado en el uso de dinero público para filmar la telenovela "Mamá Corazón".

El juez federal Sebastián Ramos dio por cerrada la investigación del caso y dispuso que el expediente pase a la instancia de juicio oral. Ahora se deberá sortear el tribunal que debe intervenir en el caso.

Junto con De Vido y del Boca fueron enviados a juicio oral otras ocho personas más, entre ellas la ex titular del INCAA, Liliana Mazure.

Del Boca, De Vido y el resto de los imputados serán juzgados por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Andrea del Boca era socia gerente de "A+A Group SRL", productora de la novela Mamá Corazón, que recibió una financiación de 36 millones de pesos por parte del Estado nacional a través de un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal que dirigía De Vido y la Universidad Nacional de San Martín, cuyo era era Carlos Ruta, otro de los enviados a juicio oral.

Los 36 millones fueron adjudicados a través de una contratación directa. La novela nunca se emitió.

"Hay razones fuertes para presumir que Julio Miguel De Vido, en abuso de sus funciones, comprometió los intereses confiados al firmar los Convenios con la UNSAM y delegando atribuciones en personas encargadas de su desarrollo y que actuaban dentro de la órbita de su dependencia, a partir de los cuales se canalizó la entrega de los fondos", sostuvo el fallo de la Cámara Federal cuando confirmó los procesamientos de los acusados

La Sala II de la Cámara añadió: "Bajo esas premisas, es posible sostener que las irregularidades detectadas en los procesos de selección y contratación -respectivamente-, en los que intervinieron autoridades de la UNSAM – cuyos aportes fueron mencionados en el desarrollo de la presente-, son reveladoras de intromisiones ajenas a los intereses de la administración pública, que se repiten en los dos procedimientos seguidos como consecuencia de las firmas de los convenios investigados y que, estando a las pruebas, estuvieron orientados a beneficiar a la cooperativa de trabajo 'Tostaki Ltda.' y a la productora 'A + A Group S.R.L.'".