La Cámara Federal anuló hoy un fallo que decretó la falta de mérito de un grupo de funcionarios del Banco Nación durante la gestión kircherista, encabezados por Juan Ignacio Forlón y Juan Carlos Fábrega por la supuesta concesión abusiva de créditos otorgados por el Banco Nación a las firmas Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Electroingeniería S.A. Y ordenó analizar el caso teniendo en cuenta la cantidad de proyectos de obra pública que se le dieron a los empresarios Lázaro Báez y Gerardo Ferreyra –hoy presos-, en el marco de un "proyecto delictivo a nivel nacional destinado a apropiarse de fondos públicos, para lo cual se montó una estructura de gobierno por parte de los anteriores Presidentes de la Nación que fue funcional con las necesidades de la organización".
La Cámara también apuntó a llevar adelante más medidas e indagatorias, entre ellas la de Romina Mercado, sobrina de la ex presidente Cristina Kirchner y quien se desempeñó en la sucursal de Río Gallegos del Banco Nación, según el fallo al que accedió Infobae.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia entendieron que la resolución del juez Daniel Rafecas debía anularse y le ordenaron profundizar la investigación. "La falta de mérito dispuesta no sopesó la totalidad de la investigación practicada y las implicancias que de ellas se derivan", dijo el fallo, al señalar que no se ha logrado "justificar que esa solución del caso resulte una conclusión lógica".
La causa tenía como imputados al empresario detenido Lázaro Báez y al ex presidente del Banco Nación Carlos Fábrega por el uso de fondos públicos en beneficio de Austral Construcciones a través de un fideicomiso de $350 millones gestionado por la entidad. La denuncia había sido presentada por la diputada Margarita Stolbizer, luego de que el arrepentido Leonardo Fariña declarara sobre una serie de maniobras relacionadas a negocios de Báez y el gobierno kirchnerista en la causa de la ruta del dinero K.
Puntualmente se analizaba la regularidad de la constitución del fideicomiso de Austral Construcciones ante el Banco Nación. Paulatinamente la entidad terminó abarcando la revisión de la totalidad de los créditos otorgados a partir del 2008 y hasta su refinanciación en el año 2014. Se cree que así se usaron mecanismos legales para beneficiar al grupo ligado al kirchnerismo, y así "el Estado Nacional era quien financiaba las obras que contrataba, en tanto se garantizaban los créditos con los certificados de obra que el mismo Estado extendía o con plazos fijos constituidos con el dinero proveniente de esos créditos". Además, al vencimiento de esa financiación, se otorgaban nuevas facilidades.
A fin del año pasado, Rafecas entendió que no había pruebas para sobreseer o procesar y dictó la falta de mérito a Marcelo Gustavo Mazú, Ángel Rogelio Cabral, Esteban Alejandro Acerbo, Patricia Susana Fadel, Silvia Ester Gallego, Enrique Osvaldo Arceo, Cecilia Carmen Fernández Bugna, Juan Ignacio Forlón y Juan Carlos Fábrega.
Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli apeló y sostuvo que las pruebas del expediente alcanzaban para procesar por las operaciones de Austral Construcciones y Kank y Costilla, incluyendo el número de trámite de unos créditos otorgados a Electroingeniería. Según su postura, el Banco Nación no siguió el avance de las obras públicas por las que se presentaban los certificados de obra, no verificó la regularidad legal de las concesiones, que permitió que se dieran en garantía plazos fijos constituidos con el mismo crédito. Para el fiscal, si bien el estudio de la especialidad determina que el banco contó con resultados económicos positivos, la última refinanciación de la deuda quedó impaga, lo que se vio agravado por la quiebra decretada el 27 de junio de 2018.
Al analizar el caso, la Cámara Federal entendió que Rafecas había "omitido merituar pormenores de relevancia que guardan estricta vinculación con la hipótesis acusatoria y que surgen de pruebas de la causa". "Resulta infundado a esta altura descartar la existencia de un perjuicio como se afirma en la decisión puesta en crisis, sin valorar esos datos que se extraen de las constancias arrimadas a la causa", dijo el tribunal. Y añadió que "si bien falta información y documentación, se cuenta con otra que permite recrear la manera en que se tramitaron algunos créditos y las diferentes hipótesis que esgrimió la Fiscalía obligaban a evaluar esa situación en correlato con otras detectadas en el caso".
Además, resaltó la Cámara, "ningún análisis se efectúa al respecto en el fallo en revisión lo cual era ineludible frente al contexto en el que se confirieron los créditos a las constructoras de Báez, respecto de las cuales se ha determinado que fueron beneficiadas en la asignación irregular de obra pública vial como uno de los proyectos delictivos a nivel nacional destinado a apropiarse de fondos públicos, para lo cual se montó una estructura de gobierno por parte de los anteriores Presidentes de la Nación que fue funcional con las necesidades de la organización".
Irurzun y Bruglia afirmaron que "tampoco se observa que se hayan abordado debidamente estas circunstancias, soslayando el cuadro de conexiones que, en sus pretensiones acusadoras, efectuó el Ministerio Público", como el pedido de indagatoria de Romina Mercado.
El fallo recordó que "en la anterior intervención de esta Cámara se señaló la necesidad de integrar la instrucción con el conocimiento alcanzado en otras causas de corrupción" y "nada se ha hecho al respecto".
"Cuando se habla de los certificados de obra o de adelanto de obra (que no deben confundirse) surge de manera inmediata la necesidad de compulsar la causa 'Vialidad Nacional', que ha superado esta etapa inicial para encontrarse actualmente en instancia de juicio oral. Nótese que en el auto de procesamiento dictado se afirma que luego de finalizado el último mandato presidencial de Cristina Fernández, Austral Construcciones hizo abandono de las obras que llevaba a cabo en la provincia de Santa Cruz no obstante que el Estado nacional no le adeudaba el pago de obra alguna", se resaltó.
De esta manera, el juez deberá volver a resolver la situación procesal de los ex funcionarios que habían sido llamados a indagatoria.
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