Citaron a indagatoria a dos integrantes de la empresa que vendió el edificio de la Procuración comprado por Gils Carbó

La causa judicial iniciada por irregularidades de la compra del edificio de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó se encamina al juicio oral y público. En septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Gils Carbó y del ex subdirector de la Procuración Guillermo Bellingi por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez Julián Ercolini los había procesado junto a otras personas por el direccionamiento de la licitación pública que realizó en 2013 la Procuración para comprar el edificio de la calle Perón al 600.

La Procuración armó un Pliego de Bases y Condiciones-según la investigación realizada por el fiscal Eduardo Taiano- adecuado al edificio que vendía la empresa Arfinsa. Adrián Gonzlaez Fischer, directivo de Arfinsa -una sociedad del Grupo Bemberg- fue procesado. Bárbara Jaureguiberry, dueña de la inmobiliaria que asesoró a Arfinsa en la negociación también está entre los procesados. Y cierra la lista Juan Carlos Thill, un ignoto productor de seguros de La Plata que no tenía ningún vínculo con el negocio inmobiliario. Pero de todos modos asesoró a Jaureguiberry y por ello cobró $3 millones en el año 2013. Thill resultó ser hermano de Bellingi, el ex funcionario de la Procuración que por orden de Gils Carbó manejó la licitación.

La Procuración le pagó a Arfinsa por el edificio $ 43.850.000. A su vez esa empresa le pagó como comisión a la inmobiliaria Jaureguiberry $ 7.000.00 y de allí salieron los $3.000.000 que cobró Thill. Para los investigadores del caso, el dinero recibido por Thill fue un pago a Bellingi por manejar la licitación para que ganara Arfinsa.

En el expediente se analizaron mails de los imputados y a partir de ese estudio se determinó que Bellingi había adelantado las condiciones de la licitación a Arfina a través de su hermano Thill. De ese modo Jaureguiberry y los ejecutivos de Arfinsa se prepararon para tener en orden todos los papeles y ganar la licitación.

Luego de que se sumaran más mails al expediente, el fiscal Taiano pidió la indagatoria de otros dos integrantes de Arfinsa: Ricardo Urbano Siri y Rubén Otero. En aquel pedido, realizado el 22 de noviembre de 2018 y al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, Taiano había señalado que "… el peritaje informático permitió corroborar los diálogos que ponen al desnudo los pormenores de la maniobra criminal. Ese sólido elemento de cargo, además de confirmar la participación de los individuos procesados, permite vislumbrar la intervención de Siri y Otero, quienes desempeñaron una importante función para su perfeccionamiento. En efecto, ha quedado demostrado que tanto Siri como Otero tuvieron oportunidad de acceder y conocer en detalle el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que conformó la Licitación Pública nro.17/2012 (anulada antes de lanzar la que finalmente terminó con la compra) desde en enero de 2013, cuando éste fue facilitado por Jaureguiberry (quien lo había obtenido previamente de Bellingi). Los nombrados contaban de manera anticipada con el proyecto del PBC que conformaría el proceso licitatorio del año 2013. Era clave conocer los requisitos exigidos con la suficiente antelación, sobre todo en lo relativo a los documentos que la empresa debía presentar".

Días después de reiniciada la actividad judicial, el juez Ercolini citó a indagatoria a Siri y Otero. Los dos ejecutivos tendrán que presentarse a declarar el 13 y el 14 de marzo próximos. Con la declaración de estos dos últimos imputados comienza a cerrarse la instrucción de la investigación judicial por la que fue procesada quien era jefa de los fiscales nacionales. Gils Carbó renunció a su cargo, Bellingi fue exonerado por el Procurador interino Eduardo Casal y la causa será elevada a juicio oral en los próximos meses. Una vez que se defina la situación procesal de los próximos indagados.

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