
Un texto borrador del decreto del Poder Ejecutivo obligando a que el sector privado pague un bono no remunerativo de hasta 5000 pesos en dos tramos ya llegó a la Secretaría Legal y Técnica, pero la publicación aún puede tomar varios días. Ayer Infobae informó que no era inminente, a pesar de lo que había declarado a los medios Héctor Daer, anfitrión del encuentro entre el Gobierno, el empresariado y los representantes gremiales que se realizó ayer.
"Estamos trabajando para eso (la redacción definitiva), empezamos a construir una instancia de diálogo que se había interrumpido, y hay buena voluntad de las partes para contemplar las distintas realidades", dijo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en declaraciones radiales. Y confirmó que "están trabajando los equipos técnicos para acordar la instrumentación".
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En efecto, en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia se esperaba que avance la negociación para que entre en análisis el texto y se puedan emitir los dictámenes acerca de la viabilidad o no del instrumento legal. "Puede tomar todavía varios días", explicaron.
De todos modos, el Gobierno intenta que la comisión tripartita se ponga de acuerdo cuanto antes. Y considera que con el agregado que ayer propuso de "hasta 5.000 pesos" debería saldarse la discusión.
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Los empresarios que participaron de la reunión que se realizó en la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad manifestaron ayer que la situación de todas las empresas no es igual, y los sindicalistas expresaron su comprensión. Por eso, finalmente, se decidió conformar una comisión tripartita para discutir el texto definitivo, donde los empresarios están representados por Daniel Funes de Rioja.
En el ámbito empresario percibieron que el acuerdo entre la CGT y el Gobierno estaba cerrado, ya que fue el líder cegetista el que abrió la reunión y realizó la propuesta, incluyendo la necesidad de que el acuerdo sea refrendado por un decreto oficial obligando a las empresas. Daer explicó que en el 2016, cuando se alcanzó un acuerdo similar, la mayoría no pagó el bono acordado, por lo que la firma del decreto se consideraba imprescindible.
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Por lo que se sabe, Sica se reunió secretamente hace dos semanas con Daer y Carlos Acuña, actualmente los únicos miembros de la conducción cegetista (el tercero, Juan Carlos Schmidt, renunció), y luego mantuvo una serie de contactos telefónicos que fructificaron en un diálogo muy afinado que hacía tiempo no se alcanzaba entre el Gobierno y el sindicalismo, que frenaron la convocatoria al paro general.
En la UIA arrancaron la negociación transmitiendo que preferirían un decreto que no sea obligatorio, dando por descontado que las empresas grandes y medianas no tendrían problemas en asumir ese nuevo costo, pero eximiendo de la responsabilidad a las pequeñas empresas o a las compañías que estén pasando por serias dificultades.
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El Ministerio de la Producción desde el comienzo transmitió el compromiso de firmar un decreto obligando a los privados, lo que no cayó bien en el ámbito empresario, que esperaba mayor comprensión de parte del Gobierno para con los sectores, empresas y negocios que están padeciendo los efectos de la dura recesión.
Mientras tanto, en el Ministerio de Modernización hay una conversación informal con UPCN para instrumentar algún tipo de compensación frente al salto de la inflación, inesperado cuando se negociaron paritarias.
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