El actual ministro del Campo y Medio Ambiente de la provincia de San Luis, Sergio Freixes, y el ex funcionario Mario Zabala fueron condenados a 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por presionar jueces durante la primera gobernación de Alberto Rodríguez Saá.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis comprobó que cometieron el delito de "coacción agravada" al obligar a los jueces a presentar sus renuncias en blanco como requisito para ocupar cargos en la estructura del Poder Judicial puntano. Además, fueron hallados culpables de los cargos de "amenazas para alarmar y amedrentar a una o más personas".
Los aprietes comenzaron en 2005 cuando Freixes era ministro de la Legalidad y Zabala su segundo en esa área. La denunciante fue la camarista Marina Ziliotto, quien acusó a los ahora condenados de presionarla para que iniciara una campaña de desprestigio contra varios de sus colegas del poder judicial que eran críticos del poder político de turno.
Como Ziliotto se negó a cumplir esas órdenes, estos funcionarios de Alberto Rodríguez Saá le ejecutaron la renuncia que le habían hecho firmar en blanco antes de asumir el cargo.
En sus alegatos, los fiscales María André y Cristian Rachid habían solicitado 7 años de prisión y 10 de inhabilitación, y realizaron una reconstrucción de los hechos, sosteniendo que "la libertad psíquica de las personas a quienes se les pedía que firmaran las renuncias en blanco estuvo coartada".
"En las coacciones la prevalencia ilegítima de la voluntad ajena sobre la propia, es suficiente para que la amenaza coarte la libertad de decisión", definieron.
Para remarcar la contundencia del delito, detallaron que se puede exigir incluso algo correcto y totalmente legal pero si el pedido se formula de manera indebida se trata de una coacción dado que, señalaron, "la ilicitud está en la exigencia". También resaltaron el "daño ilegítimo" que se desprendió de las amenazas que directa o indirectamente recibían quienes eran intimados a firmar en blanco sus renuncias.
Los abogados defensores de Zabala sostuvieron que no había pruebas directas y valederas de lo denunciado y cuestionaron todos los testimonios contra su defendido. Mientras que los letrados de Freixes enfatizaron que se trataba de "hecho político" motivado por la camarista federal Gretel Diamante y su pareja, el intendente de San Luis, Enrique Ponce.
Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo miércoles. Por el momento, los condenados no irán a prisión hasta que la sentencia quede firme y se resuelvan las apelaciones que presentarán los abogados defensores. La sentencia fue dictada por los camaristas Alejandro Waldo Piña, María Paula Marisi y Roberto Julio Naciff.
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