La diputada uruguaya Graciela Bianchi aseguró este miércoles que "hay datos concretos, nombres de dirigentes de Hezbollah que certifican que a (el fiscal Alberto) Nisman lo asesinaron". La legisladora advirtió que una célula terrorista opera en Uruguay, luego de funcionar en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
"Tenemos las direcciones y es información clasificada que nos dio la embajada de Estados Unidos, es un dato de la realidad que estamos procesando con Graciela Ocaña", señaló Bianchi ante la consulta de Infobae. Según una investigación paralela que encabezan ambas legisladoras, dirigentes de la organización terrorista asentados en Argentina operaban en la Triple Frontera pero a finales de 2015 se trasladaron a Uruguay.
Sobre la actividad de Hezbollah, el ex titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y Terrorismo, Juan Félix Marteau, detalló en una entrevista con este medio cómo operaba el Clan Barakat en la Triple Frontera.
"Un grupo de más de catorce personas con apellidos de origen libanés, vinculadas al Clan Barakat, que es un grupo conocido como financistas y recaudadores de fondos para Hezbollah, operaban en un casino de Iguazú y obtenían premios millonarios: más de diez millones de dólares. Y esos diez millones de dólares eran transportados en más de cientos de cruces a Ciudad del Este, pasando por la frontera, sin declarar", planteó.
Más allá de esta operatoria del grupo terrorista, Bianchi afirmó que "hay datos concretos de que el asesinato de Nisman se organizó en Uruguay", aunque criticó que en su país "no hay costumbre de investigar", y vinculó al gobernante Frente Amplio con los gobiernos de Irán y Venezuela.
Con relación a la causa de la muerte del fiscal que denunció a la entonces presidente Cristina Kirchner, en enero de 2015, por el presunto encubrimiento de ex funcionarios iraníes vinculados al atentado a la AMIA, el fiscal Eduardo Taiano analiza un entrecruzamiento telefónico y un peritaje informático.
Para Taiano (el fiscal a cargo de la causa), para el juez Julián Ercolini y para la Cámara Federal, a Nisman lo mataron en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero por la denuncia de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Se trató de un homicidio en el que para la Justicia el perito informático Diego Lagomarsino facilitó el arma y en el que custodios del fiscal encubrieron el crimen.
El entrecruzamiento es sobre las llamadas de unos 370 teléfonos de personal de inteligencia, funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y de fuerzas de seguridad como Policía Federal, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entre ellos, los del Antonio Stiusso y Fernando Pocino, ex hombres fuertes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), del ex jefe del Ejército César Milani, del ex subjefe de la AFI Martín Mena y de la propia ex presidente Cristina Kirchner, entre otros.
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