Ricardo Echegaray quedó al borde de otro juicio oral

Ricardo Echegaray quedó al borde de un juicio oral acusado de haber direccionado la contratación irregular de una empresa de  limpieza cuando estaba al frente de la AFIP. Los investigadores lo acusan de haber provocado un perjuicio patrimonial al Estado de más de $ 7.000.000.

Es que la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex funcionario por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, ratificó un embargo sobre sus bienes por $15 millones.

Echegaray ya tiene en agenda para febrero un juicio oral como instigador de "falso testimonio" en el marco de una causa que le inició el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, por acusarlo de ser parte de una maniobra de evasión impositiva, como apoderado de las cuentas de la familia de Amalita Fortabat en Suiza.

Pero además, el ex titular de la AFIP espera que le pongan fecha de inicio al juicio oral que lo llevará al banquillo junto a Cristóbal López y Fabián De Sousa, presos por una defraudación millonaria. Los empresarios están acusados de haber utilizado unos $8.000 millones del impuesto al combustible para financiar distintas operaciones del Grupo Indalo. Según se determinó hasta ahora, esa maniobra no habría podido concretarse sin el aval de Echegaray, desde su rol en la AFIP.

Ahora, Echegaray recibió malas noticias por otra causa menos conocida. En noviembre de 2016, el fiscal Federico Delgado imputó a Echegaray por haber avalado un sobreprecio de $3.386.705,71 en la contratación de la empresa de limpieza "Limpiolux S.A". Delgado lo acusó de haber llevado adelante "una maniobra delictiva en la adjudicación de la licitación 99/10 a favor de la empresa 'Limpiolux S.A', por un monto total mayor a los $ 15 millones, el cual excedía aproximadamente en el doble a aquél presupuestado por la empresa 'Ricardo Bilbao' para la misma licitación, la cual venía brindado el servicio de limpieza del edificio central de la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el año 1981".

Un año después, el juez Sergio Torres firmó su procesamiento por entender que eran "inútiles" las explicaciones de Echegaray para justificar la contratación y "el deber de velar por el interés del Estado", luego de que él mismo reconociera que en otro procedimiento se había apartado de las recomendaciones. Además de Echegaray, fueron procesadas 10 personas, entre ellas Cecilia Peluso, que se desempeñaba como presidente de la empresa "Limpiolux".

Ahora, la Cámara Federal ratificó el procesamiento de Echegaray y del resto de los acusados, pese a los argumentos de las defensas. "La primera licitación se dejó sin efecto el 19 de agosto de 2010 por razones presupuestarias: el objetivo era reducir el gasto público asignado al servicio de limpieza del edificio de la AFIP estimado en $8.757.521,28. Ahora bien, siete días más tarde de aquel acto administrativo emitido por Echegaray se abrió una nueva licitación (N° 99/10) -a los mismos fines- aunque con un presupuesto de $14.800.000, precio que se determinó el 21 de octubre de ese año, el que luego se amplió a $15.196.000, de acuerdo a lo ofertado en su oportunidad por la firma Limpiolux S.A", señala el fallo.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens señalaron que "a simple vista se detecta un aumento holgadamente mayor del monto dinerario afectado sin perjuicio de que el servicio que se pretendía contratar era diferente: un total de 150 operarios (27 menos que la licitación N° 190/09) y una reducción de 180 horas de trabajo hombre/día con relación a la licitación que se dejó sin efecto, todo lo cual resulta inexplicable". Pero a eso, dijeron, "hay que agregarle que en las condiciones de la nueva licitación se fijaron –misteriosamente- pautas más severas para poder participar que aquellas primeramente establecidas en la licitación N° 190/09, permitiendo la exclusión del oferente 'Ricardo Bilbao' y la adjudicación del servicio a la empresa 'Limpiolux S.A'. Todo ello se realizó desatendiendo la normativa general que regula los procedimientos administrativos lo que denota, sin vacilación alguna, un direccionamiento en la contratación".

Era Echegaray, dijo la Cámara, el "responsable de la adjudicación, haciendo especial hincapié en que la decisión final sobre la resolución del proceso licitatorio recaía sobre su esfera de actuación, independientemente de las recomendaciones que efectuaron las demás áreas". El beneficio a la empresa Limpiolux provocó, dijo el fallo, "un perjuicio a las arcas del Estado superior a los siete millones de pesos".

Con esta resolución, el juez Torres podría preparar las actuaciones para dar por cerrada la investigación y elevar el caso a juicio oral.

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