Un grupo de intendentes del peronismo que dirigen distintas localidades en todo el país se movilizó a la Casa Rosada para entregar un petitorio que apunta a que el Gobierno dé marcha atrás en la eliminación del Fondo Sojero.
Encabezados por la intendenta de La Matanza Verónica Magario, los jefes comunales primero se reunieron al mediodía en la Federación Argentina de Municipio (FAM) y luego se dirigieron a la Casa de Gobierno para pedir una entrevista con el presidente Mauricio Macri en la que se debata este tema.
En diálogo con la prensa luego de presentar su pedido en la Casa Rosada, Magario confirmó que le solicitaron a Macri "una audiencia". "Queremos hablar del Fondo Sojero y toda la situación por la que están pasando los municipios. El Fondo Sojero es un recorte a la actividad de los municipios, y en una época de crisis los intendentes necesitamos más fondos por la situación social", agregó la dirigente kirchnerista.
En esa línea, Magario agregó: "No podemos destinar más fondos a lo social cuando nos restan fondos de nuestras obras, que estaban comenzadas y ahora no tenemos los fondos para pagarlas. Son fondos que se dedican a obras de infraestructura que mueven mucho la actividad".
"Estamos recurriendo a todas las instancias, hemos ido al Congreso para que ese DNU sea rechazado y estamos esperando que se expida la Bicameral", concluyó Magario en referencia también a la presentación de un recurso de amparo contra la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS).
Magario estuvo acompañada por los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mario Secco (Ensenada), Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco) y Walter Torchio (Carlos Casares). Además, participaron del reclamo alcaldes de distintas localidades de Salta, La Pampa, Tucumán, San Luis, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Catamarca, Misiones, Chaco, Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero, San Juan y Tierra del Fuego.
La titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) presentó el amparo ante el Juzgado Federal número 2 de San Martín con el objetivo de que la Justicia imponga una medida cautelar.
El programa, que fue eliminado a mediados de agosto por decisión del Ejecutivo con el objetivo de recortar gastos para cumplir con el programa de ajuste, planteaba que el Gobierno debía transferir a las provincias y los municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.
Ese dinero era repartido por la Nación entre las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en 2017 los 135 municipios bonaerenses se repartieron $1.700 millones por este concepto.
Los reclamos:
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