
Por ahora, la idea del macrismo de avanzar en la vuelta de los aportes de empresas a las campañas electorales se encamina hacia el naufragio. Pero no solo en el Congreso si no también en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, el territorio de Horacio Rodríguez Larreta, el dirigente más relevante del oficialismo a nivel nacional detrás del presidente Mauricio Macri.
Entre fin de mes y principios de octubre, según los cálculos del oficialismo porteño, la Legislatura estaría en condiciones de aprobar el nuevo Código Electoral de la Ciudad, en el que sobresale un punto de especial relevancia para la estrategia electoral de Cambiemos del próximo año: le da al jefe de Gobierno la potestad que hoy no tiene de fijar la fecha de elecciones junto al calendario nacional, es decir la unificación del cronograma electoral. Una idea que, de aprobarse, todavía se encuentra bajo análisis en el laboratorio del PRO, en estado de convulsión por las últimas novedades en torno a la aguda crisis del programa económico de Macri.
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El código introduce el capítulo de financiamiento de las campañas, que al igual que el proyecto presentado en el Congreso por la Casa Rosada impulsa la bancarización total de los aportes y permite la vuelta de los aportes empresarios, prohibidos por la gestión anterior, en el 2009.
Sin embargo, según confiaron desde el bloque del PRO en la Ciudad, la discusión en torno a las contribuciones de personas jurídicas está empantanada. "Hoy no sale", aseguraron altas fuentes porteñas.
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La resistencia más férrea -y numerosa- la plantea el bloque K, en línea con el proyecto presentado por el diputado Máximo Kirchner en el Congreso nacional, que propone el financiamiento solo estatal de las campañas políticas. Es el punto más conflictivo. En la sesión del jueves hubo un duro cruce entre Leandro Santoro, de Unidad Ciudadana, y Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, por la causa de los cuadernos que tramitan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Reyes es uno de los dirigentes que hace dos semanas marchó a las puertas del Congreso contra Cristina Kirchner.
El bloque de Evolución, que responde a Martín Lousteau, tiene reparos en relación al cronograma electoral. La alianza otra vez proclamada en la Ciudad entre el PRO, la CC y la UCR todavía asoma frágil.
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El debate plantea dos opciones: o que el oficialismo de la Ciudad impulse el nuevo código sin el capítulo de financiamiento, o bien que se vote la ley con algunas modificaciones puntuales, como la trazabilidad de los aportes. En cualquiera de los dos escenarios, el macrismo en todas sus versiones empieza a ver con preocupación cómo será el sistema de recaudación del año próximo.
Con los proyectos que penden de un hilo, y las revelaciones en torno a la causa de los cuadernos que tiene a más de una docena de empresarios que confesaron el pago de coimas, la incógnita es quiénes y cómo aportarán. Y quién pasará la gorra. Aunque es cierto que, primero, hay otras urgencias: el macrismo dedica estos días a salvar al Gobierno.
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Cambiemos está atravesado en estas semanas solo por tensiones, temores y dudas. Graciela Ocaña, que hace menos de un mes presentó en el Congreso un proyecto que estipula aportes solo del Estado, de afiliados -con límites-, y los privados solo pueden contribuir a un fondo distribuido por la Justicia electoral con topes relacionadas a las ganancias de las empresas, dio libertad de acción a su bloque en la Legislatura.
En el Congreso, esta semana hubo de nuevo reuniones de asesores para analizar el proyecto presentado por el Gobierno. Según diputados consultados, el debate podría llegar a comisión más temprano que tarde con la exposición incluso de especialistas. Pero la apretada agenda parlamentaria, cooptada casi con exclusividad por la discusión del presupuesto 2019, atravesado por la severa crisis fiscal, ubica al proyecto de financiamiento de los partidos políticos en un terreno pantanoso.
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En el Senado, para colmo, el escenario es otro. Miguel Ángel Pichetto, por caso, trabaja en la redacción de un proyecto propio basado en jurisprudencia norteamericana.
Cuando la Casa Rosada presentó el proyecto de financiamiento, en la segunda quincena de julio, lo hizo a las apuradas, acorralado por la causa de los aportes truchos que puso en jaque a María Eugenia Vidal. Recién empezaban a acrecentarse las diferencias internas en la mesa de decisiones que rodea a Macri.
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Vidal creyó desde ese momento que la defensa de Marcos Peña a su figura, en el marco de la causa de los aportes truchos, fue muy débil. La interna se agudizó en estos días con la crisis del programa económico. En vísperas de la campaña del 2019, que sellará el futuro del macrismo como proyecto nacional. El sistema de recaudación es una incógnita más.
En la semana, en el programa de Luis Novaresio en América 24, la gobernadora bonaerense dejó una frase que pasó absolutamente desapercibida en medio de la zozobra oficialista. "El tiempo dirá qué me toca dentro de Cambiemos", dijo. Llueve sin parar en la tormenta que azota al oficialismo.
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