
El sumario del caso Leire Díez, cuyo levantamiento parcial del secreto ordenó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado lunes, reveló este miércoles que la UCO concluye que el “fin último” de la presunta trama era “proteger los intereses puestos en juego” en causas judiciales que afectaban al PSOE y, “directa o indirectamente”, a “ciertos miembros del Gobierno o a su presidente”. La UCO sitúa al frente de esa estructura al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, con Leire Díez como coordinadora ejecutiva, y sostiene que toda la financiación -incluidos al menos 43.225 euros abonados a Díez y 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo- provino “de un mismo origen: el PSOE”, con pagos “autorizados u ordenados” por Cerdán.
El sumario también expone los contactos de Díez con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Según los investigadores, ambas mantuvieron al menos tres reuniones presenciales entre septiembre de 2024 y abril de 2025, además de conversaciones por WhatsApp que González borró. Una nota interna del DIECAN advertía de que Díez “tenía control” sobre la directora del instituto armado y de que se desarrollaba “una campaña de descrédito contra la UCO”. El sumario añade que en ese periodo se abrieron al menos tres informaciones reservadas -investigaciones internas- contra agentes de la UCO que indagaban en causas relacionadas con el entorno del Gobierno, y que un general del cuerpo relató cómo le solicitaron un organigrama con los nombres de todos los investigadores que trabajaban en esas causas.
El documento judicial incorpora también la figura de Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a La Moncloa y expresidente de Correos. La UCO lo interrogó como investigado el 27 de mayo, lo situó como “partícipe y conocedor” de la actividad de la presunta trama y se incautó de su teléfono móvil. La noticia saltó mientras Sánchez daba una conferencia en el Cercle d’Economia, en Barcelona, donde no hizo alusión alguna al caso. Tratando de desviar el foco, sí anunció que el Gobierno emprendería la tramitación de los Presupuestos de 2027, compromiso recurrente a lo largo de este último mandato que por ahora no ha llegado a cumplirse. Sus socios parlamentarios siguen exigiendo explicaciones, pero el presidente no comparece en el Congreso hasta final de mes.
Este jueves también, en Badajoz, David Sánchez, hermano del presidente, declara ante la Audiencia Provincial de Badajoz como investigado por presunto tráfico de influencias y prevaricación en relación con su nombramiento como coordinador de los conservatorios provinciales. Declarará en segundo lugar, tras el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, a quien un agente de la UCO señaló el miércoles como el origen del impulso para crear la plaza, al concluir que la propuesta “no partió del área de Cultura, sino de un nivel superior”.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al medio digital Crónica Libre en el centro de una presunta operación destinada a recopilar y canalizar información procedente de las causas judiciales vinculadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo para desacreditar actuaciones policiales y judiciales sensibles para los socialistas con el objetivo de “proteger los intereses” del PSOE y del Gobierno.

Los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el denominado ‘caso Leire Díez’ incorporan diversas conversaciones en las que aparecen referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los investigadores interpretan algunas de esas menciones como indicios de que podría haber tenido conocimiento, al menos en alguna medida, de la actividad que desarrollaba la exmilitante socialista, una valoración que forma parte de las hipótesis recogidas en los atestados analizados y no de una conclusión judicial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la directora gerente de la PSOE, Ana María Fuentes, como la personada encargada de “falsear dos notas de encargo profesional” en la trama que investiga si el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Leire Díez, exmilitante del partido, coordinaban “proteger los intereses” del PSOE.

La sala de la Audiencia Provincial de Badajoz ha sido escenario de una larga lista de testigos que han desfilado para aclarar cómo se gestó el nombramiento de David Sánchez, procesado por presunto tráfico de influencias y prevaricación, como coordinador de los conservatorios provinciales.

El sumario del caso de Leire Díez desvela más detalles sobre las cloacas del PSOE. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que se habría ofrecido dinero a cambio de cambiar testimonios en sede judicial que podían afectar al partido. En concreto, señala a la abogada Leticia De la Hoz, quien habría intentado “modificar o condicionar el testimonio” de Carmen Pano Sánchez, la empresaria vinculada por supuestamente llevar dinero a Ferraz, y Álvaro Gallego García, el chófer.

La fontanera del PSOE Leire Díez, exmilitante del socialista, junto al para entonces Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán son los “dirigentes” de la trama que, entre al menos 2024 y 2025, habrían llevado a cabo actuaciones para “proteger los intereses” del PSOE, que afectan directamente o no, al gobierno de Pedro Sánchez, a través de presiones a altos mandos institucionales. Así de contundente se muestra el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este miércoles, como parte del levantamiento de sumario adoptado por el juez Santiago Pedraz el lunes.
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