En efectivo, en un sobre cerrado y en mano. El mecanismo de entrega del dinero por parte de los empresarios a funcionarios del Ministerio de Planificación era siempre el mismo.

Según las declaraciones que realizaron ante el juez federal Claudio Bonadio Javier Sánchez Caballero (CEO IECSA),  Juan Carlos De Goycoechea (Isolux) y Manuel Santos Uribelarrea (MSU), a las que accedió Infobae, los pagos estaban destinados a  aportes para campaña electorales solicitadas por Roberto Baratta y la entrega se realizaban siempre de forma personal a Nelson Lazarte, secretario personal del ex funcionario de la cartera que conducía Julio De Vido.

Así como lo hiciera al inicio de la semana pasada el ex dueño de IECSA y primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Sánchez Caballero afirmó que los pagos de coimas estaban destinados a las campañas.

El ex ceo de IECSA no especificó los años exactos de los pagos. Aseguró que fue el propio Roberto Baratta quién exigió por primera vez a Calcaterra que pusiera dinero para las campañas y que, a medida de que las presiones se hicieron cada vez más fuertes, se decidió entregar el dinero.

Además, Sánchez Caballero detalló que las entregas se hacían en bolsas de papel madera, similares a las de los locales de ropa, y que el encargado de intervenir en esos procedimientos siempre fue Nelson Lazarte. Advirtió que el hombre de confianza de Baratta arreglaba el pago vía telefónica y que luego pasaba a buscar el dinero en un auto.

Javier Sanchez Caballero, ex CEO de IECSA
Javier Sanchez Caballero, ex CEO de IECSA

A su vez, Sánchez Caballero también destacó la tensa relación que mantuvo IECSA con el gobierno de Néstor Kirchner desde un inicio. Contó que durante una reunión de empresarios en Venezuela, el ex presidente se encontraba junto a Hugo Chávez, le pidió a Calcaterra que se acercara y le comentó a su par venezolano que ese hombre era el primo de su máximo rival político.

Además, el ex CEO reveló que durante un acto de inauguración de una obra en la que participaba la empresa que dirigía, se le acercó Baratta y le advirtió que tenía tarjeta roja. Desde entonces, no volvieron a hablar entre ambos directamente. Poco después, en un viaje en China, Sánchez Caballero aseguró que quiso darle la mano a Julio De Vido y a José López y ambos le retiraron el saludo.

Por su parte, De Goycoechea, autoridad en Argentina de Isolux, la empresa española que figura en los cuadernos de Centeno por el cobro de sobornos a contratistas del Estado, fue el primer empresario arrepentido.

En su declaración frente a la Justicia, en procura de suministrar datos al expediente para mejorar su situación procesal, sostuvo que el director financiero de la compañía le informaba dónde y cuántos dólares retirar de las casas de cambio. Entre 2009 y 2014 inclusive, se hizo con montos que oscilaban entre los 200 mil y 300 mil dólares.

Contó que con la licitación de la obra de Río Turbio ya ganada, fue convocado a una reunión en el despacho de Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación Federal entre febrero y marzo de 2009. Denunció que en esa oportunidad el secretario de Julio de Vido le manifestó que era necesario aportar dinero para la campaña electoral e interpretó que las entregas coincidían con épocas electorales.

Juan Carlos De Goycoechea (Isolux)
Juan Carlos De Goycoechea (Isolux)

De Goycoechea se explayó sobre cómo era la mecánica de las entregas de dinero. Narró detalles relativos al tiempo y al espacio físico del contacto, a la frecuencia anual de los cobros; contó cómo era el maletín de Baratta que reconoció posteriormente en algunas imágenes y qué hacía durante el proceso de entrega. Él era el único integrante de la empresa que realizaba el contacto.

La misma empresa Isolux reconoció el pago de coimas desde España, en una investigación periodística publicada por el diario el Confidencial, en el que asegura que la firma ordenó entregarle dinero a funcionarios del Ministerio de Planificación en torno a la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio.

Finalmente, Manuel Santos Uribelarrea, presidente de la empresa MSU, negó haber participado de una asociación ilícita junto a Baratta aunque reconoció la entrega de una suma de USD 100.000 destinada supuestamente al aporte de la campaña presidencial.

El empresario del sector agropecuario señaló que  en 2015 recibió un llamado telefónico de Baratta, en el cual le solicitó un aporte para la campaña electoral, tras lo cual mantuvo una una reunión con el funcionario en el Ministerio de Planificación.

Uribelarrea sostuvo que se sintió presionado por Baratta por el poder que ostenaba el funcionario en su cargo y que durante el encuentro en el ministerio se pactó una suma de USD 100.000, que fueron entregados a Nelson Lazarte en dos pagos de USD 30.000, llevados  cabo en el domicilio de la calle Cerrito y un último de USD 40.000, en la puerta del Ministerio de Planificación.

En los tres casos, los pagos se hicieron tras un llamado de Lazarte donde se coordinaba sobre la entrega, que siempre fue realizada en efectivo, sobre cerrado con cinta adhesiva y sin ninguna inscripción. Además, el empresario señaló que en ninguna de las oportunidades Lazarte abrió los sobres en su presencia ni mantuvieron ningún tipo de conversación al momento de la transacción.

Por último, durante su declaración se comprometió a ampliar la información sobre cómo fueron realizados los pagos.

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