Ecuador: más de 1.700 detenidos y cientos de armas incautadas en la primera semana del nuevo toque de queda

A una semana de la entrada en vigencia del nuevo toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa, las autoridades ecuatorianas reportaron la detención de 1.735 personas, el decomiso de cientos de armas de fuego, municiones y drogas, así como la ejecución de operativos en zonas consideradas estratégicas para las organizaciones criminales.

La medida, que restringe la circulación entre las 23:00 y las 05:00, comenzó el 3 de mayo y se mantendrá hasta el 18 de mayo en nueve provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; y en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Varias de las aprehensiones corresponde a personas que incumplieron la restricción nocturna, aunque también se realizaron capturas vinculadas con delitos como tráfico de drogas, extorsión, robo y tenencia ilegal de armas. Según Ecuavisa, el último sábado hubo 91 detenidos en Quito por incluir el toque de queda.

En la primera noche de aplicación de la medida, las autoridades informaron sobre 124 detenidos, de los cuales 119 fueron arrestados por irrespetar el toque de queda. Siete días después, esa cifra se multiplicó.

Además de las detenciones, la fuerza pública reportó la incautación de armamento, cartuchos, motocicletas y vehículos presuntamente utilizados por grupos criminales, así como sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo. Aunque las autoridades no detallaron en el último reporte el número exacto de armas decomisadas, sí señalaron que los operativos incluyeron allanamientos y controles en sectores identificados como corredores del narcotráfico y de las economías ilegales.

El Gobierno sostiene que el objetivo del toque de queda es reducir la capacidad de movilización de las bandas criminales y facilitar la ejecución de operaciones conjuntas entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Ecuador se mantiene bajo la declaratoria de “conflicto armado interno” desde enero de 2024, cuando Noboa catalogó a una veintena de estructuras delictivas como organizaciones terroristas.

El actual toque de queda es el segundo aplicado en 2026 y el séptimo desde que Noboa asumió la Presidencia en noviembre de 2023. Según un análisis publicado por el diario El País, en los dos años y medio de gobierno, Ecuador ha permanecido 846 días bajo estado de excepción y ha acumulado 272 días con restricciones a la movilidad nocturna.

La nueva medida fue adoptada en medio de una persistente crisis de seguridad. El primer trimestre de 2026 cerró con más de 2.000 muertes violentas, mientras que 2025 se consolidó como el año más sangriento de la historia reciente del país, con más de 9.000 homicidios.

El Ejecutivo defiende el toque de queda con base en los resultados del operativo aplicado en marzo de 2026 en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según el Gobierno, esa intervención permitió una reducción cercana al 30% de los homicidios cometidos durante la madrugada.

Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos desde el sector empresarial y de transporte, que advierte sobre afectaciones económicas y logísticas. La ausencia de salvoconductos para actividades productivas obligó a muchas empresas a reorganizar turnos y a asumir costos adicionales de transporte y seguridad.

El toque de queda también ha alterado la vida cotidiana de millones de ecuatorianos. En ciudades como Quito y Guayaquil, el transporte público ha modificado horarios y los establecimientos nocturnos han debido adelantar cierres o suspender actividades.

En provincias como Manabí, Guayas y Esmeraldas, donde persisten asesinatos, secuestros y extorsiones, algunos ciudadanos expresan dudas sobre la eficacia de estas restricciones. Aunque reconocen un mayor despliegue militar y policial en vías principales, sostienen que la violencia continúa en barrios periféricos.

La estrategia de seguridad del Gobierno combina el uso de estados de excepción, despliegues militares y restricciones a la movilidad como respuesta a la expansión del narcotráfico y la disputa territorial entre bandas criminales.