Un proyecto de ley busca erradicar un problema recurrente en las elecciones: las mentiras de campaña. ¿Cómo? Aplicando penas severas para quienes incumplan con sus promesas o programa, que incluyen desde la inhabilitación para ejercer un cargo como funcionario público hasta días de cárcel.
La iniciativa es impulsada por el senador provincial Alejandro Abraham (PJ- Podemos) y apunta a modificar la ley electoral de Mendoza, para incluir una penalidad severa a quienes violen su propia palabra o mandato programático.
"Las campañas de marketing político, por un lado, se centran en difamar y descalificar de manera personal a los posibles competidores electorales, utilizando para ello las herramientas tecnológicas de modernos medios masivos de comunicación", señaló Abraham en los lineamientos del borrador.
Según el senador y ex intendente de Guaymallén, el objetivo es evitar que se deslegitime "el sistema de representación, al vaciar de contenido especifico las propuestas que los candidatos presentan a los ciudadanos, los que una vez elegidos no dudan en llevar adelante políticas y decisiones arbitrariamente contrarias a las afirmaciones efectuadas durante la campaña electoral".
Para evitar este tipo de actitudes que afectan a la democracia, Abraham propuso en su proyecto que el candidato o candidata que "con engaños indujera a otros a sufragar de determinada forma o abstenerse de hacerlo", podrá ser arrestado por un plazo que va de los 10 a los 30 días y una inhabilitación por cinco años.
Estos engaños tienen que ver con "difamar, injuriar o calumniar a otro candidato". Es decir, "sancionar la conducta desleal", explicó Abraham al diario UNO.
Pero las penas de prisión alcanzan al punto más controversial de la propuesta, que es sancionar a los dirigentes que incumplan con su plataforma o promesas de campaña.
"Se impondrá arresto de 15 a 60 días e inhabilitación por el término de 10 años para presentarse a elecciones", reza el artículo que pretende incluir Abraham en la Ley Electoral.
En ese sentido, el senador recordó la campaña de Mauricio Macri para Presidente, en la que prometió no devaluar, controlar la inflación, y no llevar adelante aumentos tarifarios grandes.
"Confío en que sea apoyado por el resto de las fuerzas, el Partido Intransigente tiene uno similar a nivel nacional, falta saber qué dirá el radicalismo, el PRO y el FIT (Frente de Izquierda)", señaló Abraham.
A nivel nacional, existe una iniciativa parecida del diputado José Luis Ramón que pide sancionar con "con prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación por doble tiempo para ocupar cargos públicos y multa de $250 mil a $1 millón, a todo funcionario público que incumpliere en su gestión, las promesas realizadas en campaña electoral a la población".
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