Pidieron que vuelva al Estado el predio millonario en el que funcionó el astillero Tandanor

El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que el Estado nacional recupere el predio del astillero Tandanor porque su privatización en los años 90 fue fraudulenta y se hizo específicamente para transformar ese lugar en privado y sobre el que luego se buscó hacer un negocio inmobiliario.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que así lo solicitó Luciani al finalizar su alegato en el juicio oral en el que además pidió penas de entre cuatro y tres años de prisión para los acusados -entre ex funcionarios y empresarios- y que se cite a indagatoria al ex presidente Carlos Menem, quien firmó el decreto que permitió que la maniobra ilegal se lleve adelante.

El pedido de indagatoria para Menem se sumó en la misma semana en la que el actual senador nacional comenzó su quinto juicio oral por casos de corrupción.

Tandanor está un predio de ocho hectáreas en una de las zonas más caras de la ciudad, en el barrio de Retiro y sobre el río de la plata. La empresa que se quedó con la privatización buscó hacer un negocio inmobiliario que está valuado entre 400 y 500 millones de dólares. En diciembre la zona fue tasada oficialmente en 38 millones de dólares.

Tandanor era la empresa estatal de reparación de navíos. Allí se hizo la reparación de media vida del desaparecido submarino ARA San Juan. En su predio tenía dos plantas y el gobierno de Menem la privatizó. El negocio quedó para Ciamar, de capitales argentinos que se quedó con el 92 por ciento de las acciones, el Banco Holandés Unido; y la francesa Sud Marine Enterprises.

Pero tras la privatización, Menem firmó un decreto que cambió las condiciones: de 8 los millones de dólares en efectivo y 160 millones en títulos del Estado que se fijó originalmente como pago por la empresa se cambió a 7.200.000 dólares en efectivo y 52.560.000 financiados a nueve años con tres de gracia.

Cuando Ciamar tomó posesión de Tandanor vendió una de plantas a la empresa "Puerto Retiro", que se sospecha que es de los mismos dueños y que pidió la rezonificación del lugar para construir viviendas.

La privatización se transformó en una causa judicial que se inició en 1999 y en la que se investigó el negocio.

El fiscal Luciani detalló en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 5 las irregularidades que rodearon a la operación y concluyó que se trató de una maniobra para desapoderar al estado de Tandanor. Por eso pidió cuatro años de prisión para Eduardo Tesoriere, ex director de privatizaciones, Alejandro Bofill y Juan Andrés Vlastó, titulares de CIAMAR y Puerto Retiro, y para el empresario Nachat Samman; tres años y medio de prisión para el abogado Gerardo Donato; tres años en suspenso para el empresario Miguel Larminat; y la absolución del gerente del Banco Holandés Unido Omar Calculli. La acusación fue por el delito defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta.

También requirió que Menem sea citado a indagatoria por ser el autor más importante de la maniobra por ocupar la Presidencia de la Nación y quién firmó el decreto que modificó las condiciones. El ex mandatario y actual senador ya fue investigado en el caso.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió en varias oportunidades su indagatoria pero los planteos fueron rechazados por el juez Claudio Bonadio, a quien el Consejo de la Magistartura sancionó por demorar tres años la elevación del caso a juicio. La sanción –que era del 30 por ciento de su sueldo– fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.

Del juicio participa el gobierno nacional. El Ministerio de Defensa es querellante en la causa –también lo son los empleados de Tandanor– y la Procuración del Tesoro de la Nación encabeza la acción civil. El procurador Bernando Saravia Frias pidió en su alegato que la empresa pague lo que debe de la privatización –son 52 millones de dólares– y que el predio vuelva al Estado. Las querellas solicitaron penas de hasta seis años de prisión para los acusados.

El gobierno de Néstor Kirchner estatizó en 2007 una de las plantas de Tandanor pero el decreto fue declarado inconstitucional y ahora está en la Corte a la espera de una resolución.

El juicio continuará dentro de dos semanas cuando comiencen los alegatos de las defensas. Luego, los jueces Sergio Paduczak, Gabriel Nardiello y Sabrina Namer deberán dar su veredicto.