El Gobierno reglamentó la ley 27.179 que contempla la indemnización a los damnificados por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó siete muertos y más de 300 heridos en noviembre de 1995.
La medida se comunicó a través del decreto 309/2018, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Oscar Aguad (Defensa).
De acuerdo con el reglamento que figura en el anexo del decreto, podrán solicitar la asignación "quienes hubieren iniciado demanda judicial con anterioridad a su fecha de entrada en vigencia, reclamando los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos (…) y no hubieren obtenido resarcimiento cuantitativamente equivalente o superior al que por aplicación de esa Ley le correspondería percibir". "La legitimación activa aquí prevista, debe considerarse extensible a sus herederos", señala la norma.
En esa línea, el Gobierno indicó que no se considerará causa vigente "a todos aquellos procesos judiciales en los que la instancia judicial hubiere sido declarada caduca o perimida por parte de los magistrados intervinientes y esa decisión se encontrare firme y consentida".
El texto establece una remuneración base, equivalente al salario mensual de los agentes Nivel A Grado 0 del convenio colectivo del personal del Sinep y reconoce varios tipos de indemnizaciones:
Lesiones gravísimas y lesiones graves. Sólo podrá ser pretendida por
quienes las hubieran reclamado en su demanda judicial.
Daños inmateriales. Será equivalente a la remuneración base, reducida en un 96 por ciento.
Daño material. Alcanzará hasta un importe máximo equivalente a la remuneración base, reducida en un 97 por ciento.
La norma expresa que los herederos deberán unificar representación a través de medio idóneo a fin de la obtención del certificado judicial en forma indivisa y universal.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que el mismo mes en que se produjeron las explosiones ya se había dispuesto el otorgamiento de una compensación a los damnificados a través de dos resoluciones.
Además, en 1997 la administración nacional firmó un nuevo decreto, orientado a quienes "requerían una consideración especial porque no habían sido contemplados expresamente por los anteriores o bien porque los daños constatados superaban los topes fijados por ellos".
Sin embargo, esa serie de normas resultaron "insuficientes a fin de brindar una adecuada respuesta institucional e integral a todos los damnificados por tan dolorosos acontecimientos", expresó la Casa Rosada.
Y en 2015, con el impulso del kirchnerismo, el Congreso aprobó la ley que hoy se reglamenta con el propósito de "brindar una solución estatal definitiva a los conflictos judiciales que tuvieron su causa en los trágicos hechos".
"Las soluciones que se propician a partir del derecho indemnizatorio, como contrapartida al seguimiento de las acciones judiciales iniciadas, tienden a garantizar mayor celeridad y menor dispendio de recursos, tanto públicos como privados", explicó el Ejecutivo.
La causa
En diciembre pasado, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Gustavo M. Hornos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron los planteos de los ex oficiales del Ejército Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Franke, Edberto Gónzalez de la Vega y Marcelo Gatto y confirmaron así sus condenas por el delito de estrago doloso seguido de muerte a 13 años de prisión -10 el último-.
Con el fallo, se descartó de manera terminante la posibilidad de se hubiera tratado de un accidente. Los camaristas señalaron que el incendio fue intencional y programado y que, además, fue colocado un artefacto que hizo que la combustión se expandiera rápidamente por toda la fábrica, haciendo imposible la extinción del fuego.
Asimismo, se estableció que la motivación del atentado no fue otra que intentar justificar la faltante de armas producida a partir del envío de armas a Ecuador y Croacia ocurrido bajo la gestión del entonces presidente Carlos Menem, quien también está condenado por contrabando de material bélico.
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