El juez federal de Morón Néstor Barral le pidió informes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre los vuelos privados realizados por el líder de Camioneros, Hugo Moyano. Lo hizo en el marco de la causa que investiga la compra de dos propiedades en Parque Leloir.
A pedido de la fiscalía, Barral también requirió información sobre vuelos privados donde hayan viajado la mujer de Moyano, Liliana Zulet, sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, y su hijo Pablo.
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Hace un mes, Infobae reveló que Hugo y Pablo Moyano hicieron al menos 77 viajes a distintos puntos de la Argentina y a países limítrofes en los últimos tres años. Implica un gasto de más de 500 mil dólares, según un relevamiento con fuentes del mercado aeronáutico.
La mayoría de los vuelos de los Moyano coinciden con los partidos de Independiente, el club de sus amores. ¿De dónde salen los fondos? Es un secreto bien guardado porque la familia contrata a través de un intermediario, una maniobra utilizada para esconder el verdadero origen de los fondos. Y los valores reales.
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Según un listado al que accedió este medio, el presidente de Camioneros hizo un total de 25 vuelos privados entre junio de 2014 y el mismo mes del año pasado. Lo transportaron varias empresas conocidas en el mercado aeronáutico como Baires Fly, Patagonia Jet o Alas del Fin del Mundo, salpicada por el caso de dádivas que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou.
Durante los últimos tres años, Moyano se subió varias veces a un avión con matricula LV-CKK, que solía utilizar la familia de Lázaro Báez.
"Las contrataciones de los vuelos se hacen siempre a través de un broker aeronáutico", coinciden en las empresas contratadas. Se trata de IG vuelos privados, de Gabriel Iglesias, un broker conocido en el mundo aeronáutico.
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Algo similar ocurre con Pablo Moyano, aunque duplica a su padre en cantidad de vuelos: entre junio de 2014 y diciembre de 2017 hizo un total de 52 viajes con aviones privados, a un costo de al menos 300 mil dólares.
En el marco de una causa por presunto lavado de dinero, el juez Barral quiere toda la información oficial sobre esos vuelos. El magistrado ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario, por lo que sigue recibiendo documentación sobre los imputados.
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