Procesaron al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain por la ruta que nunca se hizo en Río Turbio

También fue procesado el intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna

El juez federal Luis Rodríguez procesó este martes al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain, al intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna, al ex gerente de la empresa minera de Santa Cruz Miguel Ángel Larregina y al diputado provincial Matias Mazzú en la causa en la que se investiga el pago de fondos públicos para la construcción de 7 kilómetros de ruta entre las localidades de Río Turbio y 28 de noviembre.

La obra nunca se hizo pero igualmente la empresa adjudicada cobró 50 millones de pesos antes del cambio de gobierno. Se trata de la firma Fainser S.A., que tiene como apoderada a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

La denuncia original había sido radicada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, y se trata de un expediente anexo a la causa principal de Río Turbio en la que está preso el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

En la resolución, publicada en el CIJ, el juez Rodríguez destacó que no estaban justificados los pagos a la empresa constructora. "Ningún vínculo contractual obligaba a YCRT a abonar a Fainser S.A. suma de dinero alguna", dice el fallo. Y agrega que el pago del anticipo "por parte de YCRT a la empresa que el Municipio contrató no surge ni de los diversos instrumentos jurídicos celebrados, ni de la conducta previa de las partes".

Lascurain fue detenido el 6 de marzo, pero recuperó su libertad 48 horas después. En cambio, Pérez Osuna y Larregina permanecen detenidos. En el caso de Mazzú, el juez le mandó un oficio al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz para que se avece con el desafuero. Ahora todos fueron procesados por el delito de peculado, que reprime al "funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción, custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".

Sobre Larregina, ex titular de YCRT, el juez destacó que se le encontró en su poder una copia del contrato aprobado el 18 de mayo de 2015, que no contemplaba el pago del anticipo financiero, unos 50 millones de pesos. En su defensa, el ex funcionario argumentó que recibió un orden de activar los pagos, pero los correos electrónicos obtenidos por la Justicia comprobaron que era mentira.
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