Germán Garavano (NA)
Germán Garavano (NA)

El ministro de Justicia, Germán Garavano, repartió ayer críticas y anuncios para todos lados: reiteró cuestionamientos hacia la Corte Suprema por los cambios que espera el gobierno de la Justicia; adelantó que se estudia la idea de presentar una ley antiterrorista armonizada con el nuevo Código Penal; defendió el trabajo de la Oficina Anticorrupción y rechazó la opinión de algunos opositores que dicen que el Poder Ejecutivo persigue a algunos sectores con causas judiciales.

"Nunca en la historia contamos con una Justicia más independiente y sin interferencias del Poder político. Los jueces trabajan si ataduras", dijo Garavano.

En diálogo con Infobae, en su despacho situado en el Microcentro porteño, el funcionario de Macri adelantó que se trabaja en "una ley orientada al terrorismo internacional y relacionada con los trágicos episodios que la Argentina vivió".

En este sentido, el ministro de Justicia remarcó que "la ley antiterrorista del gobierno anterior era muy deficiente. Se pensó para terrorismo interno y nosotros consideramos que es una herramienta inadecuada para el mundo en que vivimos". Aclaró que se están estudiando todas las alternativas legales posibles para instrumentar una ley antiterrorista.

También Garavano defendió fuertemente el trabajo de la Oficina Anticorrupción al sostener que "la Argentina mejoró en el posicionamiento mundial en cuanto a la lucha contra la corrupción".

(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

—¿Cree que la autocrítica que hizo el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti fue válida? ¿Y confía el Gobierno en sus propuestas de reforma judicial?

—El Gobierno tomó con beneplácito tanto la iniciativa de la reforma como la autocrítica que hizo de la Justicia el presidente de la Corte. Creemos que fue un discurso en la dirección correcta. Ahora estamos a la expectativa de que eso se convierta en acciones. Algunas acciones requerirán de leyes y otras requerirán del Poder Ejecutivo. Pero me parece que lo novedoso sería que el Poder Judicial haga sus reformas hacia adentro. Que modifique dinámicas de funcionamiento. Uno puede entender que el horario o las vacaciones no son decisivas o cruciales pero sí el hecho de prestar un servicio que se preste de manera ininterrumpida y generar un mejor servicio a la gente, plantear nuevas formas de trabajo como lo hacemos con el Consejo de la Magistratura con procesos orales, sin necesidad de modificar los códigos procesales. Hoy en la Provincia de Buenos Aires hay casos que antes tardaban siete años y ahora tardan seis o siete meses. O procesos de uso del expediente electrónico. Son cosas que no requieren de leyes y que son cuestiones de reformas hacia adentro que tienen mucho impacto en el día a día de la gente que va por un problema de familia, penal o civil. Me parece que son reformas que vemos con mucho entusiasmo. Por ejemplo, en pocos meses en el Poder Ejecutivo, usamos el expediente electrónico.

—¿Cree que la Justicia se quedó con el sistema tradicional de funcionamiento?

—Hay procesos de la sociedad que han cambiado, y cada vez la gente le pide más a la Justicia. Cada vez hay más casos que se reclaman. La gente tiene una mayor inmediatez y quieren que se resuelvan rápido. Me parece que hay un momento que ante las exigencias de la sociedad que la Justicia debe dar una respuesta. No se va a poder resolver todo de un día para otro. El desafío es cómo canalizamos toda la demanda y le damos una respuesta inmediata a la sociedad en tiempo real.

—¿El pago de ganancias de parte de los jueces es una de esas demandas de la sociedad?

—La sociedad reclama fuertemente el pago de ganancias de parte de los jueces. Se aprobó una ley que se está cumpliendo en parte. Hoy por primera vez hay jueces nacionales y empleados que pagan ganancias. Lo mismo sucede en Córdoba, donde se les retiene a los jueces nuevos. Es un avance grande. Hay una medida cautelar que dispuso que en el caso de funcionarios judiciales, eso no se les debía descontar por un tema de derecho adquirido. Lo bueno es que esta decisión reafirma que todo juez nuevo debe pagar el impuesto y, a partir de allí, los jueces nuevos pagan, los que vienen de afuera del Poder Judicial y los que eran funcionarios de la Justicia y no están pagando lo tiene que resolver el Poder Judicial. Estamos conformes con el pago que hacen los nuevos y hay ver qué pasa con el fallo.

—La diputada Carrió lo acusó de tener un "exceso de poder", ¿qué le diría a ella por esas críticas?

—Carrió es una líder del Gobierno, de la coalición gobernante y, como tal, tiene un rol importante en Cambiemos. Yo vengo de la actividad profesional no de la política. Así que hay cuestionamientos que a mí me exceden. Temas que tienen que ver con la dinámica de la coalición de gobierno, que es diversa. En ese marco se dan esas discusiones. Yo sigo haciendo mi trabajo para que la Justicia mejore, que haya acceso a la Justicia y las cárceles mejoren en su funcionamiento.

—Muchos dirigentes opositores sostienen que el Gobierno los persigue con causas judiciales…

—Nunca en la historia contamos con una Justicia más independiente y con menos interferencias del Poder político. Los jueces trabajan sin ataduras. Tratamos de no hacer comentarios sobre juicios en trámite, con lo cual claramente no es el Poder Ejecutivo el que interfiere en el normal funcionamiento de la Justicia. Creo que en nuestro país se dio un momento interesante donde muchos organismos de control, como la UIF, la Sindicatura o la cooperación internacional en intercambio de información financiera hizo que mucha información circulara y fuera a la Justicia cuando se sospecha de un ilícito. Creo que mucho tiene que ver con esto que es algo que el Gobierno no maneja. Incluso le ha pasado a funcionarios del Gobierno, que deben ir a dar explicaciones a la Justicia ante hechos que se investigan. Es un proceso que se da en todo el mundo que tiene que ver con la transparencia.

—¿Por qué el Gobierno no cuestionó el fallo que desestimó la causa de encubrimiento del ex juez Galeano en la causa AMIA?

—Nosotros desistimos de una apelación. Es el único caso que desistimos. Después hay diferentes procesos en la causa AMIA que tienen que ver con la causa en sí, la causa de encubrimiento y la muerte de Nisman y la denuncia de Nisman. En el caso de encubrimiento de la causa AMIA, donde estaban implicados el ex juez Galeano y otros, nosotros solo decidimos que aquellos abogados que habían intervenido en la etapa final del juicio oral definieran. Sí se plantearon diferencias con la querella porque decía que había que hacer sí o sí lo que decía la fiscalía. Y esto no es así. Acá hay una querella autónoma que no tienen por qué seguir lo que dice la fiscalía. Es un proceso que está en trámite. Los fiscales no acusaron a Palacios por ejemplo y hoy Memoria Activa dice que hay que acusarlo. Son diez querellas que habrá que esperar a ver qué dice cada una de ellas. Son todas miradas distintas y después le va a corresponder a la jueces determinar qué es lo que sucedió. Ahí hubo una cuestión política vinculada con el kirchnerismo y organismos de derechos humanos críticos al Gobierno que usan esto para atacarnos. Incluso yo fui denunciado por Telleldín que está acusado de haber colaborado en la voladura de la AMIA. Así que ese tipo de denuncias de actores tan cuestionados le sacan entidad a las acusaciones.

—¿Por qué se redujo la unidad de investigaciones de la causa AMIA del Gobierno a una secretaría auxiliar de la Justicia?

—Estamos en un proceso de reorganización del Estado muy profundo. En este Ministerio se eliminó una secretaria que es la de Planificación que es muy relevante. Y lo que se tomó como decisión es que todos los cargos extraescalafonarios no existan más. Había centenares de esos cargos en la administración pública. Aquí se eliminaron unos diez de estos cargos. Así que el traspaso de funciones de la Unidad AMIA, que fue una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, a un área específica, como es Verdad y Justicia, por ser un caso declarado de lesa humanidad, y habiéndose cumplido con las reparaciones económicas que era una de las funciones, era una cuestión natural la reubicación del área.

—¿No cree que la Oficina Anticorrupción requiere ajustes teniendo en cuenta que muchos referentes de la política sostienen que no investiga a fondo a los funcionarios del Gobierno?

—La OA funciona con total independencia del Ministerio de Justicia. Los casos en los que interviene no tenemos conocimiento alguno hasta que se da la investigación. Hay presentación de declaraciones juradas en tiempo récord. La OA tiene un rol muy importante en las políticas de transparencia. La Argentina mejoró en el posicionamiento en la lucha contra la corrupción. La OA presentó muchos casos de conflictos de intereses de funcionarios del propio Gobierno que son históricos en términos de transparencia de este organismo. La parte de las querellas criminales tiene un rol acotado y para eso está la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que está dentro del Poder Judicial y que fue creado con competencias específicas de casos de corrupción dentro del Gobierno. La Fiscalía existe y sus autoridades son independientes. Allí están los casos de investigación penal por lo que la OA actúa más para prevenir la corrupción o detectar conflictos de intereses.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción
Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción

—¿No harán nada más por mejorar la OA?

—Estamos en un proceso de fortalecimiento de la OA. Cuando llegamos esa oficina no tenía casi profesionales. Hoy se fortaleció en términos de profesionales, se le está dando un edificio para llevar adelante sus tareas. Hay un proceso enfocado en el rol de prevenir la corrupción. Después está el rol de las causas judiciales en los que la OA puede colaborar pero que le corresponde a la Fiscalía Administrativa.

—¿El Gobierno avanzará en una ley antiterrorista?

—Sí, el Ministerio de Justicia trabajó con expertos en este tema, y el Código Penal nuevo podría prever una regulación ante el tema terrorismo. La ley antiterrorista del gobierno anterior era muy deficiente. Se pensó para terrorismo interno, y nosotros consideramos que es una herramienta inadecuada para el mundo en que vivimos. Se está haciendo un trabajo integral con expertos. Se empezó a hacer con la oficina de lucha contra el lavado de activos relacionados con financiamiento al terrorismo y con la comisión que evaluó el nuevo Código Penal. Hoy se está trabajando con expertos internacionales y estamos haciendo una evaluación de riesgo del financiamiento del terrorismo por primera vez en la historia.

—¿Cuál sería el concepto y los lineamientos de una nueva ley antiterrorista?

—Sería una ley orientada al terrorismo internacional y relacionada con los trágicos episodios que la Argentina vivió, como el atentado a la embajada de Israel y la voladura a la AMIA. Debe ser una legislación que se armonice con el resto. No puede ser una legislación excepcional que no guarde relación con el resto del Código Penal. Por eso es importante que se discuta con la comisión redactora del nuevo Código Penal. Esperamos que para mitad de año tengamos un nuevo Código para presentar. La idea es que haya un Código Penal moderno. Allí estaría incluido, en parte, el tema de antiterrorismo. Lo que no estaría incluido en el Código podrían ser temas de procedimiento, pero también en el Código Procesal Penal nuevo se hacen algunos ajustes para dar mayor capacidad de investigación. Lo que hay que evaluar es si con estas dos reformas tiene sentido que haya una ley antiterrorista específica.

—¿Qué evaluación le merece el informe de Amnistía Internacional que objetó la política de derechos humanos del Gobierno?

—El informe de Amnistía Internacional es erróneo, con información confusa e inexacta. Respetamos las opiniones y lo que es inexacto confiamos en que lo corrijan a futuro. Hay que evaluar el uso adecuado de la información. Hay que ser cuidadosos y precisos y no dejarse llevar por relatos.

—¿Cuándo definirán el nombre del nuevo procurador o procuradora?

—Estimamos que en el transcurso de abril se inicie el proceso de designación del nuevo procurador, con el nuevo candidato o candidata que elija el Presidente.