
El narcotraficante uruguayo Luis Fernández Albín, extraditado desde Argentina y condenado por tráfico y lavado de activos, siente que en la cárcel en la que está vive una “tortura”. Asegura que está sometido a “amenazas” y a un “aislamiento prolongado innecesario”, y así lo ha hecho saber en recursos de habeas corpus que ha presentado ante la Justicia para que cambie esta condición.
Esta semana, luego de escuchar la condena a 10 años de cárcel que recibió, Fernández Albín tomó la palabra en la audiencia y se dirigió al juez de su causa, Fernando Islas, según informó el diario El País. El narcotraficante está preso en el Centro de Derivación y Diagnóstico de Punta de Rieles, el lugar al que suelen ser llevados los presos cuando recién son atrapados.
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En ese lugar se les indica a qué cárcel deberán ir. Sin embargo, él permaneció allí, lo que ha motivado quejas de parte de su defensa.
En sus palabras al juez, Fernández Albín habló de su trato con la Policía y la posibilidad de hacer denuncias. “Yo no soy un santo, pero no tengo ninguna garantía”, señaló el condenado, según consignó este diario uruguayo. Señaló que hasta ese día llevaba 133 días preso en un lugar donde “la gente a cinco días y queda loco”.
Fernández Albín señaló que en la cárcel su cama, su mesa y su banco son de chapa.
Entonces, dirigiéndose al juez, describió: “No sabe el frío que hace. Hace una semana que estoy tratando de entrar una campera. Yo quiero estudiar, quiero trabajar, quiero hacer deporte. Me suele el cuerpo, me duelen los brazos, ya no tengo músculo. Lo mío es público, que ya lo hicieron… Lo politizaron, doctor, ¿me entiende?”.
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“Porque hay muchas cosas que se dicen que yo no tengo nada que ver. Yo ahora me hice responsable de mis hechos y por eso tengo que pagar 10 años y tres meses. Y lo voy a pagar hasta el último día, doctor. Pero no es justo que se me torture de esta manera. Soy el único preso del Uruguay que está en las condiciones que estoy yo”, agregó.
Luego, Fernández Albín preguntó por qué él no puede estar preso en la cárcel de máxima seguridad del país. “Tiene patio, llamada todos los días, tienen visita, una televisión, una radio. Yo no tengo nada doctor. ¿Sabe cómo estoy? Al borde del abismo”, señaló.
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A mediados de enero, el gobierno uruguayo difundió imágenes de cómo era este centro penitenciario. Los controles de seguridad que hay en la cárcel incluyen la videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento –entre otros dispositivos–, doble cerca y doble muro perimetral.

Para establecer este sistema, las autoridades tuvieron en cuenta las pericias que el Instituto Técnico Forense hizo sobre Fernández Albín, que constataron que no tiene riesgos ni problemas de salud mental. “Se realiza con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando el acceso a los derechos básicos conforme a la normativa nacional e internacional vigente”, dice el informe publicado entonces por el Ministerio del Interior.
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En una de las solicitudes, pedía tener acceso a un televisor y una heladera. Para hacer sentir sus reclamos, una de las estrategias que utilizó fue la de recurrir a una huelga de hambre.
Fernández Albín fue sentenciado por los siguientes delitos: organización de las actividades del narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico interno de armas de fuego, todos en régimen de reiteración real.

En su momento, la incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestas para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.
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