Preocupación en el Gobierno por la escalada internacional del caso Maldonado

La crisis política generada por la desaparición de Santiago Maldonado, el militante del que no se tiene noticias desde hace más de un mes, está escalando internacionalmente y el Gobierno designó al ministro Germán Garavano para tomar esa agenda que empieza a inquietar a embajadores argentinos en el exterior, que están recibiendo consultas al respecto. Así lo confirmó una fuente de la Cancillería a Infobae: "Los contenidos del caso no los fijamos nosotros, sino el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos, que son los que están siguiendo el tema. También el Ministerio de Seguridad".

Garavano tuvo la responsabilidad de atender al representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas (con sede en Santiago de Chile), Amerigo Incalcaterra, que visitó la semana pasada el país, preocupado por la situación del joven desaparecido y ofreció prestar asistencia técnica internacional a través de expertos que colaboren en la investigación. Fue acompañado por Claudio Avruj en la reunión y la directora general del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Gabriela Quinteros. Ese acuerdo avanza, con el aval de la familia Maldonado.

Ante la gran cantidad de demandas, ayer se realizó un off con corresponsales extranjeros para hablar del caso, que se realizó ayer en el despacho de un importante funcionario de la Casa Rosada, del que participaron dos ministros que están directamente involucrados en el caso.

El Gobierno le entregó a Incalcaterra el informe de 13 páginas elaborado por la fiscal federal Silvina Alejandra Ávila, solicitado a partir de un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quería conocer las actuaciones realizadas por la justicia argentina en torno a la desaparición de Maldonado. Algunos párrafos sobresalientes dicen que:

– "No ha sido fácil recolectar los elementos convictivos que tuvieran una entidad suficiente para determinar" lo sucedido. Los testimonios "no arrojaban un hilo conductor que determine lo que había acontecido y en qué circunstancia".

– El rastrillaje en la otra orilla del Río Chubut fue suspendido porque "violentaba un espacio sagrado. Ante el planteo concreto de la comunidad mapuche, y en vista a no violentar la manda internacional prescrita en el Convenio OIT Nº 169, se respetó esa pauta cultural y la pesquisa quedó trunca".

– "Dada la inconsistencia que tenían las tres prendas con las que se hicieron los rastrillajes (cuello, gorro y buzo) se avanzó en buscar el domicilio de Santiago. Ninguno de los testigos ni sus allegados daban una referencia sobre el lugar donde vivía en la ciudad de El Bolsón donde realizaba su actividad artesanal de tatuador".

Nuestro país ya tuvo una condena en materia de derechos humanos de parte del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, en sus siglas en inglés) al concluir el 17 de mayo su 60º sesión en Ginebra, e hizo públicas sus críticas porque aún no implementó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en el país, a lo que se comprometió cuando ratificó esta convención, al tiempo que manifestó su "inquietud" por "la demora en la tramitación de las causas judiciales" por delitos de lesa humanidad.

Periodistas extranjeros presentes en el off que ayer se hizo en el primer piso de la Casa Rosada dijeron a Infobae que "el Gobierno no reconoció ninguna crisis, ni tampoco errores, ni siquiera de comunicación". También se mostraron seguros de que "el juez (Guido) Otranto es un duro y no va a dejar pasar ninguna irregularidad de parte de la Gendarmería o de quien sea, pero no hay pruebas para avanzar en ninguna condena".

Como en otras oportunidades, el Gobierno está incómodo en el manejo de una crisis en un temática que le resulta ajena, que se expande a la velocidad de la luz en los ámbitos vinculados a los derechos humanos a escala nacional e internacional, y carece de referentes de peso especializados, donde el kirchnerismo tiene cuadros políticos y profesionales de gran experiencia en la materia.