Un informe de las Naciones Unidas advierte que la crisis de derechos humanos en Nicaragua no presenta mejoras sustanciales

La crisis de derechos humanos en Nicaragua persiste sin mejoras sustanciales, según la actualización oral presentada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ante el Consejo de Derechos Humanos.

El informe advierte sobre el éxodo de más de 800,000 personas desde 2018 y describe un panorama marcado por el cierre del espacio cívico, la represión política y el deterioro de las instituciones democráticas.

De acuerdo con la intervención de Mohammad Cigjo, quien expuso el informe ante el Consejo, el gobierno de Nicaragua mantiene una postura de no cooperación con organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo el Examen Periódico Universal, otros mecanismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La falta de diálogo y colaboración ha profundizado la crisis y ha limitado los mecanismos de rendición de cuentas.

El Alto Comisionado señala que el Estado de derecho en el país centroamericano ha sido severamente erosionado por reformas constitucionales que han consolidado el poder en la presidencia.

Cinco partidos de oposición, entre ellos el principal partido indígena, han sido prohibidos y el partido gobernante ejerce control absoluto sobre el parlamento, la totalidad de los municipios y los consejos regionales de la Costa Caribe.

Esta situación ha afectado de manera particular la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, según lo recabado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El informe destaca que el espacio cívico en Nicaragua está prácticamente cerrado y cualquier manifestación independiente de pensamiento se suprime. Desde el inicio de la crisis en 2018, 56 medios de comunicación han sido clausurados y cerca de 300 periodistas han tenido que exiliarse.

Asimismo, más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil han perdido arbitrariamente su estatus legal, lo que ha debilitado la participación ciudadana y restringido el acceso a la información.

De acuerdo con OACNUDH, la libertad de religión también se encuentra restringida, especialmente cuando líderes o instituciones religiosas son percibidos como críticos del gobierno. El informe menciona ataques a estudiantes, académicos, mujeres, personas LGBTQ+ y sus respectivas organizaciones.

Estas circunstancias han generado un clima de temor y censura que, según la actualización, compromete la posibilidad de realizar elecciones libres y transparentes previstas para 2027.

La situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos es otra de las preocupaciones centrales del informe. Organizaciones de la sociedad civil han documentado que al menos 46 personas permanecen detenidas arbitrariamente, de las cuales ocho podrían considerarse desaparecidas forzadas.

El Alto Comisionado alerta sobre las condiciones de detención, la falta de atención médica adecuada y la desatención a personas mayores, lo que ha derivado en casos de fallecimientos bajo custodia. Un ejemplo señalado es el caso del líder indígena misquito Brooklyn Rivera, quien murió tras más de dos años de incomunicación, sin que se permitiera a su familia realizar el entierro conforme a sus tradiciones. Posteriormente, familiares y allegados de Rivera también fueron arrestados.

El informe solicita la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y exige que las autoridades nicaragüenses respeten el derecho de las familias a honrar a sus seres queridos y que no recurran a represalias ni detenciones por la búsqueda de justicia.

Asimismo, hace un llamado a garantizar atención médica adecuada a los detenidos, en particular a los que presentan condiciones de salud delicadas y a las personas de la tercera edad.

Aunque se reconoce la liberación de al menos 26 presos políticos a comienzos de este año, OACNUDH advierte que muchos de ellos continúan sujetos a restricciones ilegales e injustificadas sobre sus derechos fundamentales.

La actualización también alerta sobre la existencia de un sistema de represión transnacional que mantiene a la comunidad exiliada en un estado de alerta constante. Desde abril, la oficina del Alto Comisionado ha registrado al menos 16 amenazas de muerte contra nicaragüenses en el exilio. Además, cientos han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad y a miles se les ha negado la renovación de documentos de identidad, lo que incrementa el riesgo de apatridia.

Otro aspecto de preocupación es el avance de la minería en territorios indígenas y áreas protegidas. Según el informe, la expansión de concesiones mineras — muchas de ellas otorgadas sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios — amenaza la supervivencia cultural y física de estas comunidades. Más de la mitad de las nuevas concesiones mineras en lo que va del año afectan a la región autónoma de la costa Caribe, donde se concentra la población indígena y afrodescendiente.

El Alto Comisionado concluye con un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención integral a la situación en Nicaragua y apoye a la población, especialmente a quienes se encuentran en el exilio. Insta a las autoridades a restablecer el Estado de derecho, reabrir el espacio cívico y permitir la participación libre y significativa en el proceso electoral de 2027. También subraya la necesidad de que los mecanismos internacionales de derechos humanos sean respetados y no considerados optativos.